El Real Decreto Ley 3/2013 de 22 de Febrero, que aprobó, finalmente, la modificación del régimen de las tasas judiciales en el ámbito de la Administración de Justicia y el Sistema de Asistencia Jurídica Gratuita parece cerrar, lo que ha sido un triste ejemplo de lo que el legislador no debe hacer: un compendio de oscurantismo en la tramitación, precipitación e improvisación, todo ello en un marco tan sensible como es la protección del derecho a la tutela judicial efectiva.