Vanesa Herrero & Rubén Nieto
Abogados – Área Derecho Mercantil
AGM Abogados – Madrid

En los últimos tiempos se está viviendo una auténtica revolución en términos de alojamiento y alquiler a través de Internet. Surgen nuevas formas, en beneficio de los consumidores, pero por desgracia también se llevan a cabo prácticas, cuanto menos, de dudosa legalidad.

Entre ellas hay que destacar lo que se empieza a producir en algunos pisos de ciertas comunidades de vecinos o propietarios. Existen compañías cuyo negocio consiste en la compra de pisos, generalmente a través de subastas judiciales, con el fin de, tras ser reformados, poder explotarlos como hostales, generalmente para estudiantes a los que, a cambio de un precio de alrededor de 450€/mes y además de tener derecho a habitación, se les ofrecen otros servicios como limpieza semanal, una zona común con cocina y baño a compartir, etc. Ni que decir tiene que dicha actividad en muchas ocasiones genera exceso de ruidos por fiestas, actividades molestas, malos olores, etc, que perturban de forma habitual la vida cotidiana de los restantes vecinos.

Ante este panorama, lo primero que debemos comprobar es si dicha actividad se encuentra expresamente prohibida por los Estatutos de la Comunidad, en cuyo caso y tras el correspondiente acuerdo de la Junta de Propietarios, podremos iniciar las acciones civiles oportunas en aras al cese de la indicada actividad.

Dicha acción civil podrá verse reforzada si en la misma se indican otros ilícitos tales como que la actividad de hospedaje se desarrolla sin la preceptiva Licencia municipal, que al menos en la Comunidad de Madrid será de imposible obtención para viviendas más allá de la primera planta del inmueble, y/o vulnerando el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, que impone para el uso terciario de hospedaje, según el caso concreto, que se realice en un edificio exclusivo o bien que tenga un acceso independiente, requisitos que nunca se cumplen.

En consecuencia, para revertir la situación es posible emprender acciones judiciales, bien sea a través de la jurisdicción ordinaria civil, bien para el caso en que la actividad de hospedaje no esté expresamente desautorizada en los Estatutos de la Comunidad de Propietarios, a través de la correspondiente denuncia ante el organismo municipal correspondiente, que inicie el expediente sancionador por falta de Licencia.

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