La última reforma del Código penal, operada mediante la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, ha introducido modificaciones de especial trascendencia en el ámbito empresarial.

La principal novedad en este sentido se contiene en el artículo 31 bis de nuestro texto punitivo, en el que se concluye que las personas jurídicas serán penalmente responsables en dos supuestos:

a) En los casos de delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho, por sus representantes legales y administradores de hecho o de derecho.

b) En los supuestos de delitos cometidos en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas mencionadas en el apartado a), han podido realizar los hechos por no haberse ejercido sobre ellos el debido control dadas las concretas circunstancias del caso.

En el apartado 7 del artículo 33 del Código penal se enumeran las penas aplicables a las personas jurídicas, que, teniendo toda la consideración de graves, son las siguientes:

1. Multa por cuotas o proporcional.

2. Disolución de la persona jurídica: la disolución producirá la pérdida definitiva de su personalidad jurídica, así como la de su capacidad de actuar de cualquier modo en el tráfico jurídico, o llevar a cabo cualquier clase de actividad, aunque sea lícita.

3. Suspensión de sus actividades por un plazo que no podrá exceder de 5 años.

4. Clausura de sus locales y establecimientos por un plazo que no podrá exceder de 5 años.

5. Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. Esta prohibición podrá ser temporal o definitiva. Si fuere temporal, el plazo no podrá exceder de 15 años.

6. Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, por un plazo que no podrá exceder de 15 años.

7. Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por el tiempo que se estime necesario, que no podrá exceder de 5 años.

Javier Trenado Seara
Responsable Departamento Penal
AGM Abogados

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