Julio Menchaca Vite
Abogado Área Corporate Compliance
AGM Abogados – Barcelona

En 2010 fue cuando se realizó la reforma al Código Penal para pasar del principio clásico de societas delinquere non potest, que literalmente significa las sociedades no pueden delinquir, a la novedosa figura de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (RPPJ).

Esta figura de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (RPPJ), fue novedosa en lo que corresponde a nuestro país, ya que tiene un largo recorrido en otras jurisdicciones, como la estadounidense o la británica. Dicha reforma y la siguiente de 2015, representan un cambio fundamental en la cultura corporativa, o al menos tendría que ser de este modo, ya que para muchos empresarios la primera noticia que tuvieron de este tema fue mediante las primeras sentencias dictadas en febrero y marzo de este año, por las cuales se impusieron grandes multas a las compañías involucradas.

Fue así que ellos han sabido de su existencia y de la posibilidad de contar modelos de prevención de delitos que pueden, si son adoptados de forma eficaz y con anterioridad al delito, eximir de responsabilidad a sus empresas.

Es por ello que ha comenzado a aumentar el interés por la RPPJ, aunque con mucha cautela. Parece ser que las empresas se resisten un poco a la cultura de la prevención, pues se sigue considerando como una carga. Una carga en dos sentidos. En primer lugar tenemos el coste, ya que hay que invertir en establecer el código ético de la empresa, detectar los riesgos, configurar los procedimientos para evitarlos o mitigarlos, y establecer un plan de prevención que incluya desde las funciones del compliance officer, hasta cuestiones como un el canal de denuncias.

Se cree que esta tarea es únicamente para empresas de grandes dimensiones, como bancos o compañías de telecomunicaciones o energía, y que en su caso no reportará ningún beneficio. Y en segundo término, observamos que muchas empresas ven a la prevención como una limitación, como si el hecho de establecer una serie de procedimientos les quitara libertad en la gestión.

No obstante, creemos que esta visión irá decayendo cada vez más, pues las nuevas modalidades de mejores prácticas empresariales tienden cada vez más hacia la adopción de modelos éticos que pronto serán un eje fundamental en la toma de decisiones.

Pero no sólo son las mejores prácticas las que nos hacen creer esto. Siendo más pragmáticos, el contar con modelos de prevención de delitos ha comenzado a reportar varias ventajas que permiten un mejor desarrollo del negocio. Por ejemplo, el hecho de que las empresas puedan ser responsables de las acciones de sus proveedores, agentes o distribuidores (cuando han cometido un delito en ejercicio del negocio que implique un beneficio directo o indirecto a la empresa) hace que un requisito para poder ser contratado sea el tener adoptado un modelo de prevención de delitos.

Y podemos afirmar que esta tendencia sólo irá en aumento, ya que nos encontramos en un mundo globalizado en el que cada vez es más común contratar con compañías anglosajonas, que son las que más hincapié hacen en este ámbito.

Otro ejemplo lo tenemos con las aseguradoras, que están comenzando a pedir dichos modelos como condición para asegurar la defensa penal; o con los bancos que analizan cada vez más si las empresas cuentan con ellos al momento de otorgar créditos.

También se tienen ventajas que hasta hace poco no se esperaban, como el caso de la rebaja del 5% que hizo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en una multa que impuso a una empresa en un caso de mudanzas internacionales. Lo curioso de este caso es que tal atenuante se aplicó aun cuando el programa de cumplimiento se implantó con posterioridad a la infracción. Imaginemos su efecto si se hubiera contado con anterioridad.

De igual forma, hay que recordar otros beneficios, como la marcada por la Directiva 2014/24/CE, al determinar que aquellas empresas a las cuales se les haya prohibido contratar con la administración pública, podrán ser eximidas si prueban haber indemnizado el daño causado, colaboración activa con las autoridades en la investigación, y haber implantado un programa de compliance.

Si a dichos argumentos le sumamos la posibilidad de que la empresa sea eximida de responsabilidad penal ¿Se puede seguir considerando como una carga? Creemos que no, el coste-beneficio es con obviedad positivo.

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