La Ley Concursal 22/2003 de 9 de julio (Ley Concursal) se aprobó con un objetivo principal de conservar la actividad económica y continuación empresarial del concursado, para evitar en la medida de la posible la destrucción de empleo. Por ello, la finalización ideal de un procedimiento concursal sería alcanzar un Convenio de Acreedores, que permitiera una reducción y un aplazamiento de la deuda, compatible con la continuación de la actividad.

Sin embargo, tras la puesta en práctica de dicha Ley, desafortunadamente los Juzgados Mercantiles de este país, han constatado que la gran mayoría de los concursos de acreedores presentados han terminado con la liquidación de las sociedades deudoras, el cese de su actividad, y la desaparición de millones de puestos de trabajo, debido al hecho de que los empresarios, han acudido a este mecanismo del “procedimiento concursal” demasiado tarde, cuando ya su situación económico-financiera es acuciante y la reiteración de sus incumplimientos de pago, hacen imposible la continuación de la actividad.

Pero incluso en esta situación de imposibilidad de recuperación, la Ley Concursal ha diseñado mecanismos para permitir la continuidad de la actividad productiva y sobretodo el mantenimiento de los puestos de trabajo, como son por ejemplo, la compraventa por parte de un tercero del conjunto de establecimientos, explotaciones y unidades productivas de bienes y servicios de la empresa concursada. Propuestas, que dicho sea de paso, siempre son bien recibidas por los Jueces de lo Mercantil, que ayudarán en la medida de lo posible a llevar a cabo esa enajenación, ya que ello resultara más beneficioso para el concurso (y en definitiva para los acreedores), que proceder a la venta individualizada de los bienes que componen la masa activa.

En el caso de que un tercero pueda estar interesado en la adquisición de una explotación o unidad productiva de una empresa en concurso, deberá poner en conocimiento de la sociedad y de su Administrador Concursal la oferta. Si ambos consideran dicha oferta adecuada, lo pondrán en inmediato conocimiento del Juzgado Mercantil en el que se encuentre tramitando el concurso de acreedores, quien de conformidad con lo establecido en el art. 43.2 de la Ley Concursal, autorizará o no la venta.

El Juez para valorar la conveniencia de la operación, tomará en consideración el hecho de si dicha enajenación se realiza en interés del concurso, de sus acreedores, y de los trabajadores, así como también de que el valor de la oferta recibida sea sensiblemente superior al importe que se obtendría con una liquidación individualizada de los bienes. Analizados dichos parámetros, autorizará o no la venta.

Una de las principales cuestiones jurídicas que se plantean con la compraventa de establecimientos y unidades productivas, es el hecho de si se puede considerar que existe una “sucesión de empresa” y que por este motivo el nuevo adquirente se deba de hacer cargo de las deudas anteriores de la sociedad concursada, lo cual evidentemente disuadiría a cualquier interesado en la adquisición de empresas en concurso.

Téngase en cuenta que la única previsión que al respecto prevé la Ley Concursal en caso de enajenación del conjunto de establecimientos, explotaciones o unidades productivas de bienes se recoge en el art. 149.2 de la misma, por lo que se entiende que únicamente existe “sucesión de empresa” a los “efectos laborales”, si bien el adquirente no se subrogará en la parte de cuantía de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación, que sea asumida por el FOGASA conforme al art. 33 del Estatuto de los trabajadores.

En consecuencia, el adquirente no se subroga en las obligaciones anteriores, ya que la transmisión en el concurso se hace libre de deudas y sólo cabe hablar de sucesión “a efectos laborales”, y por ello el adquirente responderá durante tres años de las obligaciones laborales nacidas con anterioridad a la adquisición que no hubieren sido satisfechas (art. 44.3 ET), en este caso con la liquidación concursal (esto es, con el precio de adquisición).

En este contexto, los créditos de Seguridad Social, Hacienda, o cualquier otro acreedor que no sea propiamente laboral, no resultarán exigibles al adquirente de la unidad productiva.

Esta normativa nacional va en consonancia con la normativa comunitaria consistente en la Directiva 2001/23 de 12 de marzo. Dicha Directiva pretende asegurar la continuidad de los contratos de trabajo tras la transmisión de la empresa o la unidad productiva en la que se trabaja, para lo cual se prevé la subrogación contractual laboral, asumiendo el comprador la condición de empleador, pudiendo modificar las condiciones laborales de los trabajadores siempre que con ello se consiga la continuación de la empresa y con ello el mantenimiento de la mayor parte de los puestos de trabajo.

En definitiva, para terceros interesados en adquirir explotaciones y/o unidades productivas, el hecho de hacerlo en el seno de un procedimiento concursal, puede ser una extraordinaria oportunidad, ya que el precio será mucho más ajustado y tienen la garantía jurídica de que dicha operación ha sido autorizada por un órgano judicial, salvaguardando con ello toda responsabilidad de los nuevos administradores por cualquier hecho o circunstancia anterior a la adjudicación.

Fernando J. García & Ana García

Dpto. Insolvencias, Reestructuraciones y Derecho Concursal

AGM Abogados – Barcelona

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