El actual Proyecto de Reforma del Código Penal, actualmente en trámite parlamentario, aportará una novedad consistente en que las personas jurídicas podrán ser perseguidas penalmente. La citada reforma legislativa responde a la obligación de armonizar nuestra legislación penal con la del resto de países de la Unión.

A todos los operadores jurídicos lo que nos interesa realmente es saber en qué casos se puede, por lo tanto, originar una responsabilidad penal por parte de la empresa. En consecuencia, también nos interesará evitar la comisión del ilícito penal, y para ello deberemos adoptar las oportunas medidas de control y vigilancia para que en el seno de la empresa no se incurra en la comisión de un delito por parte de ningún trabajador o directivo.

El citado proyecto prevé que la persona jurídica, ya sea una sociedad, una asociación o incluso una fundación, podrá ser considerada responsable penalmente junto a la persona física, por aquellos delitos cometidos no sólo por sus directivos o gestores, sino también por sus empleados.

Esto supone una novedad importante, ya que un directivo de una empresa podrá ser condenado penalmente por un hecho delictivo cometido por un empleado suyo.

Por lo tanto, el criterio de imputación para sostener la condena de un directivo consistiría en una deficiente gestión de la organización empresarial o falta de diligencia en las medidas de control, en el funcionamiento de la sociedad.

Por todo ello, todas las empresas sin distinción deberán adoptar medidas de evaluación de riesgos penales y protocolizar determinadas normas de actuación en el seno de la empresa con el objetivo de prevenir la comisión de delitos dentro de la empresa.

Este conjunto de medidas al que hemos hecho referencia se conoce en el ámbito anglosajón como medidas de compliance, mediante las que se intenta fomentar una cultura empresarial que se preocupe por la prevención de los riesgos penales en los que pueden verse incursos los representantes y directivos de las empresas y sus propios trabajadores.

Es evidente, por lo tanto, que las empresas van a tener que invertir recursos en prevención penal para evitar los “riesgos penales”, ya sea en la comisión de delitos desde dentro de la empresa como en los casos en los ésta es la víctima del ilícito penal.

Las mencionadas medidas de compliance serán el instrumento empresarial para detectar comportamientos delictivos y evitar su comisión.

El concreto análisis de la empresa cuyos riesgos penales deben ser evaluados, la política de gestión de los citados riesgos y las medidas para prevenir la comisión del ilícito penal constituyen lo que hoy en día se conoce como corporate defense.

Javier Trenado
Abogado
AGM ABOGADOS

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