abuso prisión provisional

Jordi Tirvió Portús
Socio área Penal
AGM Abogados

La prisión provisional o preventiva es una medida cautelar de naturaleza personal y desde siempre ha sido el gran problema del proceso penal. La legitimidad, necesidad y aplicación de la prisión provisional siempre han sido objeto de debate entre los juristas. En los países con sistemas democráticos, donde sus constituciones establecen el principio de presunción de inocencia, es muy difícil justificar el uso de la prisión provisional.

En efecto, la presunción de inocencia es el principio jurídico penal que establece que toda persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad en un juicio con todas las garantías. Sólo después de un juicio justo, que acabe con sentencia condenatoria, se podrá aplicar una pena de prisión al autor del delito.

Ocurre que años atrás la prisión provisional sólo interesaba a los juristas especialistas en derecho penal. Ello sucedía cuando casi todos los presos preventivos eran personas que carecían de poder político o económico. Entonces la opinión pública no se planteaba si la prisión provisional era injusta y no se discutía la crueldad de su aplicación en la práctica.

Pero en la actualidad los presos preventivos “excelentes” (políticos y empresarios) han dado visibilidad al problema de la prisión provisional y en la opinión pública muchos son los que critican este instrumento del proceso penal. Además de los directamente afectados (presos preventivos, sus familias, compañeros y amigos), periodistas y tertulianos critican con vehemencia que los jueces hayan acordado la prisión provisional de determinadas personas. ¡Bienvenidos al club de los críticos con la prisión provisional!

Los que tienen el enorme poder de privar provisionalmente a una persona de su libertad son los jueces de instrucción, que son los que en ejercicio de sus funciones como instructores de los procedimientos penales acuerdan la prisión provisional de los investigados. Cierto es que para que un juez de instrucción acuerde la prisión provisional de un investigado es necesario que haya una petición en este sentido (del fiscal o de alguna acusación), pero sólo el juez puede decretar la prisión.

El poder del juez de instrucción es temible, tiene una potestad única entre todas las personas: puede poner en la prisión a un inocente. Y así es, pues todos los sometidos a prisión provisional son inocentes, están amparados por el principio de presunción de inocencia, ya que en ese momento aún no han sido juzgados y condenados en un juicio con garantías.

La prisión provisional no es una pena, porque nadie puede ser sometido a una pena sin ser juzgado. Como he dicho se trata de una medida cautelar. Los jueces lo saben y ninguno de ellos diría públicamente lo contrario.

En teoría, la regulación legal de la prisión provisional y la aplicación de la doctrina del Tribunal Constitucional (TC) y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) debería dar lugar a que los jueces acordaran la prisión provisional de los investigados excepcionalmente, en contadas ocasiones. Pero esto no es así. ¿Cuál es el problema? El problema es que son demasiados los jueces que se olvidan de la presunción de inocencia y se olvidan de que la prisión provisional es una medida cautelar, que sólo se tiene que aplicar excepcionalmente cuando no hay otra medida para evitar que el investigado pueda destruir pruebas, continuar delinquiendo o fugarse, si está en libertad. Y, además, estos jueces se olvidan de que no basta con decir que “para ellos” existe el riego de que el investigado destruya pruebas, continúe cometiendo delitos o se fugue, sino que tiene que haber en el procedimiento datos ciertos y acreditados que avalen que esto puede ocurrir.

He dicho que estos jueces “se olvidan” y me temo que he sido generoso al utilizar esta expresión, porque la verdad es que estoy convencido de que en muchas ocasiones no se trata de un olvido y el juez acuerda la prisión provisional conscientemente con la finalidad, no confesable, de que la misma tenga fines punitivos, es decir, que sea una pena anticipada. Los autos de prisión en estos casos son formalmente correctos, aparentemente cumplen el deber de motivación de las resoluciones judiciales. En estos textos el juez cita la regulación legal de la prisión provisional y la abundante doctrina del TC y del TEDH, para acabar diciendo que es necesario acordar la prisión provisional del investigado porque hay riesgo de fuga (en la mayoría de los supuestos) o peligro de reiteración delictiva.

En muchos casos, demasiados, la creencia del juez de que existe riesgo de fuga o peligro de reiteración delictiva carece de apoyo objetivo, a ojos de cualquier persona con cierta capacidad crítica, pero el juez dice “creer” eso y es lo que le permite acordar la prisión provisional. Y yo, respetuosamente, no me lo creo.

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