Gonzalo Quiroga Sardi
Socio Área Procesal Civil y Recuperación de Impagados
AGM Abogados – Madrid

Como todos sabemos, mediante la Ley 10/2012 de 20 de noviembre, hace ya 4 años que se establecieron las polémicas tasas judiciales bajo el mandato del entonces Ministro de Justicia D. Alberto Ruiz Gallardón.

En lo que al recobro judicial se refiere dichas tasas supusieron un notable encarecimiento a tener en cuenta en la decisión de iniciar la reclamación judicial de una deuda pues implicaban una cuota fija que ascendía, según el procedimiento, a las siguientes cuantías:

procedieminto

A esta tasa fija había que añadir una cuota variable de un 0,5% sobre la cantidad reclamada hasta 1 millón de euros, aplicándose a partir de dicha cuantía un porcentaje de 0,25% con un tope máximo de 10.000€.

Aunque se operó una reforma de la citada Ley, por la cual se erradicó la obligación de abonar tasas judiciales por parte de los particulares, lo cierto es que en nada afectó al pago de la tasa por parte de las personas jurídicas, que son el principal sujeto demandante en los procesos de reclamación de cantidad.

Pues bien, estimando parcialmente el recurso que contra la Ley de Tasas interpuso en su día el Grupo Parlamentario Socialista, el Tribunal Constitucional, en Sentencia dictada en el Pleno de 21 de julio de 2016 y publicada el 29 del mismo mes, DEROGA PARTE DE LAS TASAS JUDICIALES y, en lo que toca a los procedimientos de reclamación judicial de deuda podemos destacar:

  • TASAS FIJAS QUE ELIMINA

Las cuotas fijas que, en cuanto afectan a procesos de reclamación de cantidad, han sido erradicadas por obra de la referida Sentencia son las correspondientes al recurso de apelación (800€), al recurso de casación (1.200€) y al recurso extraordinario por infracción procesal (1.200€).

En mi opinión debiera haberse erradicado la cuota fija también o, cuanto menos, haber establecido un sistema de cálculo proporcional a la cuantía reclamada, pues con este sistema pagaremos 300€ por un ordinario tanto si reclamamos 6.002€ como si reclamamos 6 millones.

En cualquier caso, y en contra de lo que ocurría al establecerse las tasas por la Ley 10/2012, la cuota fija la podremos incluir como una partida más de la tasación de costas procesales y, de este modo, cabe la posibilidad de recuperar el citado importe.

  • CUOTAS VARIABLES QUE ELIMINA

Elimina por completo la cuota variable en los procedimientos civiles y mercantiles (los que se utilizan para reclamar cantidades), lo que supone un notable ahorro en la reclamación de cantidad, especialmente en el caso de reclamación de grandes saldos, ejecuciones hipotecarias, declaraciones de concursos necesarios, etc. en cuyos casos muchas veces se pagaban hasta 10.000€ de cuota variable para poder acceder al ejercicio de la potestad jurisdiccional.

  • CARÁCTER NO RETROACTIVO DE LA DEROGACIÓN

Quizás lo más criticable es que la declaración como inconstitucionales de las tasas que han resultado derogadas sólo surtirá efecto para los procedimientos que se inicien a partir de la fecha de la Sentencia, no siendo aplicable a los procedimientos iniciados con anterioridad y dejando, así, cerrada la puerta a recobrar los importes ya abonados en los años anteriores a pesar de tratarse de una tasa que ha sido declarada inconstitucional.

(Artículo original de Gestores de Riesgo y Morosidad aquí.)

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