Mientras el Congreso aprueba leyes para la “simplificación administrativa” para mejorar la competitividad de las empresas, se acuerda la reforma del artículo 16 del LIS por la Ley 36/2006, donde se regula de forma rigurosa la obligatoriedad de documentar las transacciones realizadas entre sociedades o con sus administradores, socios o familiares, que deben valorarse a precio de mercado,  recayendo dicha obligación en el contribuyente, bajo pena de aplicación de un régimen sancionador tremendamente desproporcionado (no tener el master file supone una sanción mínima de 105.000 euros por ejercicio), aunque no haya perjuicio para el erario público, y con la aplicación de un más que discutible ajuste secundario.

La regulación operada en España en dicha materia difiere de forma significativa con la existente en Europa. Bajo el “principio de no discriminación” a las empresas, –según nuestro derecho comunitario–, se nos ha impuesto a todas las entidades y empresarios residentes en España, con independencia de cuál sea su tamaño –salvo contadas excepciones–,  ya sea su mercado nacional o internacional,  una norma pensada para que las grandes corporaciones no aprovechen sus estructuras societarias para trasladar los beneficios a otro país con una menor tributación.

Este argumento, sin embargo, ha perdido validez, ya que es posible regular de forma distinta a los que operan a nivel nacional de los que lo hacen con el extranjero, tal como ha sido avalado por la sentencia del TJCE de 21 de enero del 2010.

La AEDAF ha puesto de manifiesto el necesario y urgente cambio que se debe producir en la regulación de las operaciones vinculadas, sobre la base, entre otras, de las siguientes sugerencias:

  • Limitar las obligaciones de documentación a las operaciones internacionales.
  • Redefinir el concepto de pyme ajustándolo a la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo del 2003.
  • Incrementar el grado de participación mínimo exigido para que haya vinculación socio-sociedad, hasta el 50%.
  • Eliminar los supuestos de vinculación entre una sociedad y sus administradores o consejeros.
  • Publicitar por parte de la AEAT sus criterios de valoración y el uso de bases de datos de comparables.
  • Eximir de sanción a las irregularidades administrativas formales que finalmente no den lugar a ajustes de valoración.
  • A su vez, si el contribuyente puede probar la razonabilidad y no arbitrariedad de sus precios, se debe excluir la imposición de sanciones tributarias en materia de precios de transferencia.
  • Suprimir el ajuste secundario y su desarrollo reglamentario.

La reforma aprobada por el Consejo de Ministros el día 8 de abril, para exonerar de las obligaciones de documentación a las operaciones vinculadas, a las empresas de reducida dimensión cuando aquéllas en su conjunto no superan la cuantía de 100.000 euros por ejercicio, queda muy lejos de lo que se debería demandar por la sociedad civil, ya que continuará existiendo un volumen muy grande de empresas que quedarán afectas a dichas obligaciones y a sus consecuencias en cuanto al régimen sancionador o al ajuste secundario.

Es de desear que una mayor sensibilidad de nuestros legisladores hacia el tejido empresarial pueda adecuar el régimen de precios de transferencia al existente en Europa y podamos competir en las mismas condiciones que ellos.

Leonardo Cárdenas Armesto
Delegado de la AEDAF en Catalunya
Socio AGM ABOGADOS

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