Entreprises françaises ayant des interêts en Espagne: Les relations commerciales entre les deux pays

Miquel Morales Sabalete
Asociado departamento Derecho Civil
AGM Abogados – Barcelona

 

AGM ABOGADOS ASESORA Y ACOMPAÑA A LAS EMPRESAS FRANCESAS CON INTERESES EN ESPAÑA

En la actualidad, las relaciones económicas entre Francia y España son muy estrechas y fluidas, y suponen un volumen de negocio muy importante para ambos países.

Según el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) y la Dirección General de Aduanas de España, en el año 2014, el 15,7% de las exportaciones españolas tienen Francia como destino y el 11,00% de las importaciones española provienen de su vecino del Norte.

Para Francia, España es su sexto proveedor, con el 6,0% de las importaciones, justo detrás y a muy escasa distancia de Estados Unidos.

Por otro lado, son casi 2000 empresas francesas las que tienen filial en España, dando empleo a cerca de 300.000 trabajadores. En Francia, unas 1400 empresas españolas dan empleo a 70.000 trabajadores.

Estas intensas relaciones comerciales, debidas a la proximidad geográfica y cultural, así como a la pertenencia de ambos países a la Unión Europea y a la homogeneidad y la calidad de sus productos, generan no sólo un elevado tráfico económico, sino también grandes cantidades de flujos de bienes y mercancías en el transporte por marítimo y por carretera, una buena cantidad de trabajadores “expatriados” en uno y otro país, así como una enorme cantidad y variedad de relaciones contractuales que sustentan todo ese intercambio económico y comercial.

Normas de derecho internacional en el contrato de seguro

En este marco de intensas relaciones comerciales y económicas, es fácil suponer que se producen en ocasiones siniestros que pueden estar cubiertos por compañías aseguradoras de uno u otro país, daños, impagos, responsabilidad civil de profesionales, etc.

La implantación de la libertad de prestación de servicios de seguros distintos al de vida derivada de la Directiva 88/357/CEE, implicó la necesidad de armonizar las normas de conflicto relativos al contrato de seguro.

En los casos de siniestros cubiertos por contratos de seguro es importante conocer qué normativa en materia de seguros resulta de aplicación en el caso de que no se haya establecido contractualmente o que deban aplicarse normas de “ius cogens”.

Para ello, en España debemos tener en cuenta la fecha de conclusión del contrato de seguro.

Aquellos contratos concluidos a partir del 17 de diciembre de 2009, se regirán por las reglas de conflicto dispuestas en el Reglamento (CE) 593/2008, del Parlamento y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, conocido como Reglamento Roma I, que en su artículo 7 regula las normas de conflicto aplicable a los contratos de seguro.

Aquellos contratos concluidos antes de aquella fecha, se regirán por las normas de conflicto dispuestas en el artículo 107.5 de la Ley española del Contrato de Seguro.

Como regla general, en los contratos de seguro celebrados tras la entrada en vigor del Reglamento Roma I, excluidos los denominados contratos de seguro de “grandes riesgos”, las partes solo podrán elegir las siguientes leyes:

  1. La ley del Estado miembro en que se localice el riesgo en el momento de la celebración del contrato.
  2. La ley del país donde el tomador del seguro tenga su residencia habitual.
  3. En el caso de un seguro de vida, la ley del Estado miembro del que sea nacional el tomador del seguro.
  4. En contratos de seguro que cubran riesgos limitados a siniestros que ocurran en un Estado miembro distinto del Estado miembro en que se sitúe el riesgo, la ley de dicho Estado miembro.
  5. Cuando el tomador de un contrato de seguro cubierto por el presente apartado ejerza una actividad comercial o industrial o una profesión liberal y el contrato de seguro cubra dos o más riesgos que estén relacionados con dichas actividades y estén situados en Estados miembros diferentes, la ley de cualquiera de los Estados miembros en cuestión o la ley del país en el que el tomador del seguro tenga su residencia habitual.

Por otra parte debe tenerse en cuenta que estas reglas no rigen para los denominados contrato de seguro de “grandes riesgos” que se recogen en la actualidad en el artículo 27 de la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009 sobre el seguro de vida, el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II), para los que rige el principio por el que las partes pueden convenir libremente la ley aplicable y teniendo en cuenta que, en defecto de acuerdo, el artículo 7.2 del Reglamento Roma I establece que el contrato de seguro se regirá por la ley del país en el que el asegurador tenga su residencia habitual aunque, si del conjunto de circunstancias se desprende que el contrato presenta vínculos manifiestamente más estrechos con otro país, se aplicará la ley de ese otro país.

También debe tenerse en cuenta que la ley aplicable puede variar si nos encontramos ante un contrato de seguro que el estado en el que el riesgo se ha producido se considera como legalmente obligatorio, porque en ese caso el Estado puede establecer que la ley aplicable sea la de ese Estado.

Por todo ello, dado el volumen de relaciones comerciales entre España y Francia hacen preciso que las empresas y las compañías aseguradoras francesas con intereses asegurados en España, puedan contar con la colaboración un partner legal español que pueda proteger sus intereses en caso de siniestro o disputa comercial, en la que puedan entrar en juego las normas y la jurisprudencia españolas en materia de seguros.

En AGM tenemos treinta años de experiencia en la defensa de los intereses de grandes compañías aseguradoras y de sus asegurados en siniestros derivados de la actividad comercial y empresarial, daños, incendios, en materia de responsabilidad civil profesional, siniestros derivados de la circulación y el transporte de mercancías, responsabilidad penal de empresas y de sus directivos (compliance), etc.

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