Fernando J. García Martín
Socio Área Derecho Civil
AGM Abogados – Barcelona

María Sanz Serrano
Abogada Área Derecho Civil
AGM Abogados – Barcelona

Son muchos los artículos que se han escrito sobre la Ley de la Segunda oportunidad, pero ninguno de ellos ha tratado sobre la deudas que verdaderamente ahogan a los empresarios autónomos y consumidores de este país, los créditos de derecho público.

¿Puede un empresario o un consumidor exonerarse de las deudas contraídas con Hacienda o Seguridad Social? La respuesta es SÍ, pero el legislador, mediante una redacción un tanto engañosa, parece haber intentado proteger el crédito público de cualquier exoneración.

El camino a seguir es largo y engorroso, pues requiere que el deudor proponga un acuerdo extrajudicial de pagos que probablemente será rechazado por sus acreedores y que con total seguridad no será ni siquiera valorado por sus acreedores públicos, que después presente concurso de acreedores y que por último se someta a un plan de pagos a 5 años. Pero cubiertos esos trámites, el deudor podrá quedar exonerado del pago de todas sus deudas, incluidas las que mantenga con cualquier organismo público.

Resulta una utopía pensar que una persona pueda satisfacer la totalidad de sus deudas en 5 años y a la vez atender a las que se vayan devengando día a día. Por este motivo, la Ley faculta expresamente al Juez a exonerar al deudor del pago de esas deudas cuando no pueda cumplir con el plan de pagos presentado pero demuestre que ha destinado un 50% de sus ingresos a ese cumplimiento (o el 25% en los supuestos de deudor en circunstancias de especial vulnerabilidad).

Llegados a ese punto lo relevante es señalar que el 50% (o 25%) se refieren a los ingresos sobre los que resulten legalmente embargables.

Así, por ejemplo, un deudor con ingresos salariales de 2.000€ al mes deberá destinar unos 550€ al mes en cumplimiento del citado Plan de Pagos y al cabo de 5 años se verá exonerado del resto de las deudas, incluidas las que mantenga con Hacienda, Seguridad Social o con cualquier otra Administración Pública.

Por lo tanto, esto supone una brisa de esperanza para, por ejemplo, los autónomos a los que se les haya derivado responsabilidad como consecuencia de una inspección tributaria a la sociedad con la que operaban, ya que podrán exonerarse de la sanción impuesta.

Otra de las grandes dudas que se han planteado es si los administradores sociales afectados por la calificación culpable del concurso de la sociedad que administraban podían beneficiarse de esta Ley y así evitar el pago del déficit patrimonial al que hubieran sido condenados. La respuesta a esta vuelve a ser SÍ.

La Ley expone de manera manifiesta que solo se admitirá la solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho a los deudores de buena fe, entendiéndose por buena fe “que el concurso no haya sido declarado culpable”.

De este modo, un administrador social que se haya visto afectado por la calificación culpable del concurso de su sociedad y se haya derivado una responsabilidad de dos millones de euros por agravamiento de la insolvencia, podrá acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad y exonerarse de esa deudas y de cuantas otras tenga con el beneficio añadido de poder conseguirlo utilizando un camino mucho más corto que el exigido para la exoneración de las deudas de derecho público.

Por lo tanto, debemos borrar de nuestras cabezas la concepción errónea de que la Ley de la segunda oportunidad va dirigida a personas sobreendeudadas como consecuencias de la solicitud de hipotecas, avales, préstamos o demás productos bancarios pues, como hemos comentado, el abanico de personas que pueden acogerse a esta nueva Ley abarca todo tipo de perfiles con la única finalidad de permitir que una persona física, a pesar de un fracaso económico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer.

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