Estos días es noticia el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) porque la Gran Sala de dicho Tribunal ha confirmado que España ha violado los arts. 7 y 5.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (establecen el principio de legalidad penal y el derecho a la libertad y a la seguridad), al haber aplicado a la demandante, la etarra Inés del Rio, la llamada “doctrina Parot”[1]. El asunto ha suscitado el máximo interés en la opinión pública porque, en virtud de esta sentencia del TEDH, la terrorista condenada por 24 asesinatos debe quedar inmediatamente en libertad y se da la circunstancia de que decenas de terroristas y delincuentes condenados por múltiples asesinatos y otros delitos graves están en la misma situación, por lo que previsiblemente también quedarán en libertad en breve.

Pero el TEDH no es sólo un tribunal competente para conocer de las demandas planteadas por personas físicas, sino que también es un órgano jurisdiccional europeo al que pueden acudir las personas jurídicas, incluidas las empresas, en múltiples supuestos. Con este artículo pretendemos explicar a grandes rasgos qué es el TEDH, cómo funciona, quién puede solicitar su amparo y cuáles son los asuntos que puede juzgar, todo ello con el enfoque de la empresa como posible parte en los procesos ante el TEDH.

1. El sistema de garantías de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales del Consejo de Europa a través de la Convención Europea y del TEDH

El Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales[2] , adoptado en Roma el 4 de noviembre de 1950, crea un sistema de protección de estos Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Se basa en el principio de subsidiariedad, es decir que son los Estados parte los primeros que deben garantizar su aplicación y luego, solamente cuando los Estados no han cumplido con su obligación, el TEDH puede intervenir.

La Convención Europea de Derechos Humanos primero fue pensada para garantizar los derechos de la persona humana a la luz de las Libertades Fundamentales. El art. 34 del Convenio dispone que “El Tribunal podrá conocer de una demanda presentada por cualquier persona física, organización no gubernamental o grupo de particulares que se considere víctima de una violación, por una de las Altas Partes Contratantes, de los derechos reconocidos en el Convenio o sus Protocolos. Las Altas Partes Contratantes se comprometen a no poner traba alguna al ejercicio eficaz de este derecho.” No obstante, este recurso individual es accesible a las personas jurídicas, que pueden gozar de la protección amparándose en la expresión  “organización no gubernamental”. De tal manera que toda persona jurídica puede acudir al TEDH y pedir el reconocimiento de los derechos establecidos en la Convención. Además en el art. 1 del Protocolo nº 1 se reconoce expresamente que la persona jurídica tiene derecho al respeto de sus bienes.

Las empresas tienen varios tipos de relaciones: horizontales, con los socios comerciales, los asalariados, trabajadores, proveedores y, verticales, con las relaciones empresas-Estado. Son estas relaciones verticales que tienen una especial incidencia en relación con el TEDH.

Cada año numerosas empresas (bajo distintas formas jurídicas) van al TEDH y obtienen allí el reconocimiento de la violación de sus derechos, basándose en el Convenio. Así pueden obtener en todo o en parte la reparación del perjuicio sufrido. La posibilidad para las sociedades mercantiles de presentarse en el TEDH ha sido establecida desde hace mucho tiempo por la jurisprudencia del TEDH. Por ejemplo tanto en el caso Sovtransavto Holding c. Ucrania del 25 de julio de 2002[3]  como en el caso Hutten-Czapska c. Polonia del 28 de abril de 2008 [4] se reconoce el derecho de las empresas a la protección de sus bienes, según lo establecido en el art. 1 del Protocolo nº 1 del Convenio. El caso Sovtransavto Holding c. Ucrania es el que consagra el efecto horizontal de este artículo que concierne directamente el derecho de las sociedades, de las personas jurídicas. En los hechos, un holding ruso, que detentaba el 49% de una empresa de Ucrania, se hizo con la mayoría de ésta a través de diversos aumentos de capital ejecutados gracias a la modificación de los estatutos de la sociedad realizados violando la ley de Ucrania sobre la materia. El TEDH ha considerado que las acciones de las sociedades eran bienes de una naturaleza compleja pero que constituían bienes protegidos según el art. 1 del Protocolo nº 1 y que se imponía al Estado dentro del marco de sus obligaciones positivas el proteger el derecho al respecto de los bienes entre particulares. Este caso demuestra la importancia del Convenio de Derechos Humamos y Libertades Fundamentales en la defensa del derecho de las sociedades.

En el caso Hutten-Czapska c. Polonia, el TEDH sancionó la legislación polaca en materia de contratos de arrendamiento porque reconoció que la carga financiera impuesta a los arrendadores violaba el art. 1 del Protocolo nº 1 del Convenio. En efecto, había un gran desequilibrio entre la carga financiera impuesta a los arrendadores y el goce que ellos tenían del alquiler de sus bienes.

Es importante saber que pocos instrumentos garantes de los Derechos Humanos consagran derechos económicos como el del respeto de los bienes establecido en el art. 1 del Protocolo nº 1.

Las sentencias del TEDH han extendido a las personas jurídicas lo que se creía reservado a las personas físicas. En el caso del 6 de abril de 2000, Comingersoll SA c. Portugal [5], una empresa tenía 8 letras de cambio y llevaba más de 17 años sin poder cobrar, por eso acudió al TEDH por la violación del art. 6 del Convenio (derecho a un proceso equitativo). Lo interesante es que el TEDH constató la violación de este artículo pero además reconoció el perjuicio moral de la persona jurídica. Se reconoce en esta sentencia que la angustia y los problemas sufridos por los miembros de los órganos de dirección de la sociedad habían constituido un perjuicio moral.

Cabe citar también el caso Sociétés Colas Est y otros c. Francia del 16 de abril de 2002 [6] , en el que el problema era saber si las personas jurídicas, las empresas, podían quejarse de un atentado contra el derecho a la inviolabilidad de su domicilio, tal y como está reconocido por el art. 8 del Convenio (derecho a la vida privada y familiar). El TEDH interpretó la noción de domicilio establecido en el referido artículo de acuerdo con el derecho francés y declaró que el art. 8 protege el derecho al respeto del domicilio de las personas jurídicas.

Las personas jurídicas, las empresas pueden así defender sus derechos fundamentales, pues gracias a la interpretación del Convenio por parte del TEDH se reconocen derechos fundamentales a éstas, para garantizar a su vez los derechos que las personas físicas tienen cuando dirigen una empresa (derecho a sus bienes, a su libertad de emprender y, sobre todo, a la libertad de asociación). Son las personas físicas las que se protegen cuando se protege a las personas jurídicas que han constituido.

2. Los derechos reconocidos

La jurisprudencia del TEDH se basa en el reconocimiento de diversos derechos, entre los que cabe destacar los siguientes:

  • El derecho a un proceso equitativo (art. 6 del Convenio): “Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial, establecido por la ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella (…)”.
  • El derecho a un recurso efectivo (art. 13 del Convenio): “Toda persona cuyos derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio hayan sido violados tiene derecho a la concesión de un recurso efectivo ante una instancia nacional, incluso cuando la violación haya sido cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales”.
  • El derecho a la protección de la propiedad (art. 1 del Protocolo nº 1 adicional al Convenio): “Toda persona física o jurídica tiene derecho al respeto de sus bienes. Nadie podrá ser privado de su propiedad salvo por causa de utilidad pública y en las condiciones previstas por ley y por los principios generales del Derecho Internacional. Salvaguarda el derecho de los Estados a legislar para regular el uso de los bienes conformes al interés general y para garantizar el pago de tributos o multas”.

Se estima que estos tres derechos representan un 58% de las sentencias de violación dictadas por el TEDH, según las cifras publicadas por el propio Tribunal.

3. Composición del TEDH, competencia, procedimiento y límites

El Convenio de Derechos Humanos y Libertades fundamentales instituye y organiza el TEDH. Cada país miembro del Consejo de Europa que ratifica el Convenio propone una lista de tres nombres a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para elegir al juez nacional. Así, hay 47 jueces independientes que actúan a título individual. El juez nacional español es Luis López Guerra desde el 1 de febrero de 2008. El Tribunal es competente para juzgar alegaciones de violaciones de los derechos y garantías del Convenio Europeo de Derechos Humanos a partir de demandas individuales y de demandas interestatales.

Las demandas individuales se presentan por un individuo, un grupo de individuos o una organización no gubernamental (que puede ser una empresa) que estima haber sufrido una violación de sus derechos, mientras que las demandas interestatales se interponen por un Estado contra otro Estado.

Para presentar una demanda ante el Tribunal se necesita ser personal y directamente víctima de una violación cometida por uno de los Estados que ha ratificado los derechos y garantías previstos por el Convenio o sus Protocolos. 5 requisitos son necesarios para acudir al TEDH:

  • Se requiere un agotamiento de los recursos nacionales.
  • Se tiene que invocar uno o más derechos de los enunciados en el Convenio.
  • Se debe presentar la demanda ante el Tribunal en el plazo de 6 meses.
  • El demandante tiene que ser una víctima personal y directa de una violación del Convenio y que haya sufrido de un perjuicio importante.
  • La demanda se hace contra uno o varios Estados, parte del Convenio, o contra una autoridad pública de esos Estados.

Un tercero interesado puede también acudir al TEDH. El Presidente del Tribunal puede autorizar a una persona distinta al demandante o a un Estado Parte en el Convenio, distinto a aquél contra el que se ha interpuesto la demanda, a intervenir en un procedimiento. Se habla en estos casos de tercero interesado. Esta persona o este Estado pueden presentar observaciones escritas o participar en las vistas.

Esta intervención es particularmente relevante para las empresas, porque aunque el caso no les concierna directamente pueden tener intereses en juego en el procedimiento, donde el TEDH va a resolver cuestiones directamente relacionadas con su actividad. Por ejemplo en el caso, Hatton c. Reino Unido, del 2 de octubre de 2001 [7] , el TEDH sancionó a Reino Unido por las molestias por el ruido del aeropuerto de Heathrow. El problema era saber si el Estado tenía o no una interpretación restringida en materia medioambiental. British Airways no era parte en el litigio pero estaba interesada por el caso y acudió al tribunal como tercero interesado. Esto demuestra que la dinámica del procedimiento permite que la empresa intervenga en el mismo cuando va a incidir en normas relacionadas con la organización de su actividad.

El examen de los asuntos planteados ante el Tribunal pasa por 2 etapas: la primera, de admisibilidad y, la segunda, la de decisión sobre el fondo del asunto. El Tribunal no puede actuar de oficio, sólo es competente para decidir sobre alegaciones de violación del Convenio Europeo de los Derechos Humanos a partir de demandas individuales o interestatales.

Sucintamente las fases del procedimiento son las siguientes:

  • La admisibilidad de la demanda. Generalmente es el juez único quién decide sobre la admisibilidad o no de una demanda. Si el juez declara la inadmisibilidad de la demanda, su decisión no es recurrible.
  • Una vez pronunciada la admisibilidad de la demanda, las Salas comunican el asunto al Gobierno demandado para que éste presente alegaciones. Así tiene lugar un intercambio de alegatos entre el demandante y el Gobierno demandado. La Sala dicta una sentencia, que será definitiva si no es recurrida por las partes ante la Gran Sala en el plazo de 3 meses.
  • Si se produce el recurso ante la Gran Sala, primero tiene que ser aceptado y, en este caso, el asunto se somete a un nuevo examen y, si se considera oportuno por parte del Tribunal, se puede celebrar una vista. Las sentencias de la Gran Sala son definitivas.
  • Las sentencias de violación son de obligatorio cumplimiento para el Estado condenado,  que debe por tanto ejecutarlas. El Comité de Ministros del Consejo de Europa supervisa el cumplimiento de las sentencias y que las sumas de dinero en concepto de reparación por el perjuicio sufrido sean satisfechas.

El impacto de las sentencias se ve en la adopción de medidas generales por parte de los Estados condenados, que suelen consistir en reformas legislativas para adecuar su legislación a las exigencias del Convenio.

El verdadero problema con el TEDH es la duración de los procedimientos. El Tribunal se esfuerza en que las demandas sean tratadas en el plazo máximo de 3 años desde su presentación. Por supuesto hay excepciones cuando se sospecha de un peligro inminente para la integridad física del demandante. Para mejorar estos plazos, el Protocolo nº 14, que ha entrado en vigor el 1 de junio de 2010, tiene como objetivo optimizar el filtraje y la gestión de las demandas, prevé la creación de nuevas formaciones judiciales para el examen de los asuntos más sencillos y un nuevo criterio de admisibilidad basado en el requisito de la acreditación de “un perjuicio importante” para la víctima de la violación del Convenio.

4. Actualidad

La jurisprudencia del TEDH ha permitido hacer de la Convención Europea un instrumento dinámico y eficaz con su interpretación evolutiva para enfrentar los nuevos desafíos y consolidar el Estado de Derecho y la Democracia en Europa.

La doctrina ha tenido dificultades al principio para abrir el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales a otros casos que no fueran los relacionados con las personas físicas, pues veían en la apertura del Convenio a las personas jurídicas con ánimo de lucro (empresas) una desviación de los fines del Convenio.

No obstante, paulatinamente se ha reconocido que las empresas son titulares de derechos fundamentales y como tales merecen la protección que le pueda dispensar el TEDH aplicando el Convenio.

El activismo del Tribunal se ve en los temas que ahora acepta estudiar. Así, por ejemplo, asuntos relacionados con el derecho fiscal, que normalmente no eran tratados por el TEDH pero que en la actualidad están siendo acogidos (la utilización de un procedimiento tributario para fines distintos a los de pagar un impuesto ha sido sancionado por el Tribunal).

La evolución del TEDH se nota también en temas de derecho social, materia muy importante para las empresas. El Convenio Europeo de Derechos Humanos y libertades fundamentales no protege el derecho social, ya que existe otro instrumento, la Carta Social Europea firmada en 1961 en Turín. Pero poco a poco, el TEDH ha aceptado tratar de este tema mediante una interpretación amplia del art. 11 del Convenio, relativo al derecho a la libertad sindical. El proceso Demir y Baykara c. Turquía, del 12 de noviembre de 2008 [8] , es un caso de negociación de un convenio colectivo concluido entre el sindicato de los funcionarios municipales y los municipios. Pero en Turquía los funcionarios, incluso los municipales, no podían sindicarse, de tal manera que había muchos recursos europeos de este tema. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos para constatar una violación del derecho a la libertad sindical (art. 11 del Convenio), acudió a varios textos, fuentes legales que consagraban el derecho a la negociación colectiva para condenar a Turquía aunque ésta no había ratificado ni firmado estos textos.  Así el TEDH ha consagrado el derecho a la libertad de asociación y libertad sindical. El Tribunal también ha seguido este razonamiento en otro caso (Enerji Yapi Sol Sen c. Turquía, 21 de abril de 2009 ) para reconocer el derecho a la huelga. Este mecanismo permite demostrar como los derechos consagrados por el Convenio son interpretados por el Tribunal.

La actualidad del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ve tanto en los proyectos de reformas, como en las declaraciones oficiales, como por ejemplo, la reunión del 19 de febrero de 2010 en la que los representantes de los 47 Estados miembros del Consejo de Europa reafirmaron la centralidad del Tribunal en el sistema de protección de los Derechos y Libertades Fundamentales, preservando el principio de demanda individual.

Así, a la vista de lo expuesto, se puede afirmar que el Convenio Europeo de Derechos Humanos y libertades fundamentales y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos son muy útiles para garantizar los derechos y los intereses de las empresas.

[1] La “doctrina Parot” es el nombre con el que se conoce la jurisprudencia establecida a partir de la sentencia del Tribunal Supremo de España 28/02/06 (resolución a un recurso presentado por Henri Parot, miembro de la organización terrorista ETA) por la cual la reducción de penas por beneficios penitenciarios se aplica respecto de cada una de ellas individualmente y no sobre el máximo legal permitido de permanencia en prisión, que en el Código Penal de 1973 era de 30 años.
[2] El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, más conocido como la Convención Europea de Derechos Humanos, fue adoptado por el Consejo de Europa el 04/11/1951 y entró en vigor en 1953.
[3] Caso Sovtransavto Holding c. Ukraine, nº 48553/99, TEDH 2002, §§ 71-82, 94-98 y 101.
[4] Caso Hutten-Czapska c. Polonia, 28/04/08, no. 35014/97, TEDH 2008.
[5] Caso Comingersoll SA c. Portugal, 06/04/00, no 35382/97, TEDH 2000.
[6] Caso Sociétés Colas Est y otros c. Francia del 16/04/02 caso Sociétés Colas Est y otros c. Francia del 16/04/02, nº 37971/1997, TEDH 2002.
[7] Caso, Hatton c. Reino Unido, del 02/10/01, nº 36022/1997, TEDH 2001.
[8] Caso Demir y Baykara c. Turquía, del 12/11/08, nº 34503/97, TEDH 2008.

Jordi Tirvió & Florence Leonzi
Dpto. Penal Económico
AGM Abogados – Barcelona
www.agmabogados.com

2015 AGM Abogados | Creado por Metro Design | B&MS Group

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