El Fondo de Garantía Salarial, (en adelante Fogasa), es un organismo autónomo de carácter administrativo con personalidad jurídica propia y adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, cuya función se corresponde a hacer efectivos los salarios y las indemnizaciones adeudadas por las empresas a causa de insolvencias, suspensiones de pagos, quiebras o concursos de acreedores, hasta unos límites establecidos legalmente.

Antes del inicio de la crisis económica, el Fogasa solía resolver los expedientes en un plazo medio de 3 o 4 meses, lo que ofrecía a los usuarios de este “servicio”, ciertas garantías en relación al pago de las deudas contraídas por su anterior empresa, el cual, si bien es cierto que en muchos casos no cubría la totalidad del importe al que realmente se tenía derecho (ya que tal y como se ha señalado, el Fogasa paga con unos límites establecidos), como mínimo se daba la garantía a estos vulnerables colectivos que habían perdido su trabajo, de recibir parte de su dinero en un periodo de tiempo razonable.

No obstante, el escenario actual contrasta enormemente con la situación de los años anteriores al 2008, habida cuenta que desde el inicio de la recesión y debido principalmente a la quiebra indiscriminada de empresas, el número de solicitudes de prestaciones dirigidas a este organismo se ha incrementado de forma exponencial, hasta llegar a tal nivel de saturación de tener más de 200.000 expedientes sin resolver en toda España y dilatar hasta cerca de 18 meses el abono de las prestaciones.

Por otra parte, no es baladí mencionar que el citado nivel de saturación, no se debe exclusivamente al incremento más que notorio de las cargas de trabajo que afectan el presente órgano, si no que a esta situación se le deben sumar, los recortes efectuados por el Gobierno en relación a los medios asignados al Fogasa para la tramitación y resolución de sus expedientes, encontrándonos por consiguiente con un organismo con medios atenuados y con un incremento exponencial de sus cargas de trabajo, hecho que conlleva inequívocamente al colapso de dicho órgano.

En aras de paliar, o como mínimo atenuar, esta insostenible situación se llevaron a cabo dos principales actuaciones, que en un principio podía parecer que ayudarían a mejorar el funcionamiento del Fogasa:

  • Por un lado se decidió externalizar en el mes de septiembre de 2013, la bolsa de expedientes más atrasados que acumulaba el organismo por medio de la empresa pública Tragsatec, no obstante después de que el Ministerio de Empleo gastara 3,5 millones de euros, solo se consiguió dar salida a unos 3.000 expedientes, hecho que supuso que de los 180.000 expedientes sin resolver que habían en septiembre, se pasara a los 214.000 que existen actualmente.
  • La otra actuación llevada a cabo, tiene un origen legislativo y vino determinada por la eliminación del artículo 33.8 de Estatuto de los trabajadores con efectos 1 de enero de 2014, el cual establecía que en los despidos por causas objetivas de empresas de menos de 25 trabajadores, el Fogasa cubriría el 40% de la indemnización (con los límites establecidos). Ciertamente y dejando de lado la controversia que pueda ocasionar esta medida, entendemos que a diferencia de la anterior, esta sí que ayudará a reducir el número de expedientes a tramitar, ya que se han reducido los supuestos que eran objeto de cobertura por el Fogasa.

A pesar de ello, la realidad actual se corresponde a que siguen sin resolver expedientes presentados a mediados del 2012, lo que supone que cerca de 214.000 personas que se han quedado sin trabajo, de las cuales muchas de ellas singuen en el paro, lleven casi dos años esperando para recibir una prestación a la cual por ley tienen derecho.

Rubén Mateu Cerezuela
Graduado Social AGM
Abogados – Barcelona

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