Jordi Tirvió Portús
Socio Área Penal Económico
AGM Abogados – Barcelona

Jordi Tirvió Portús, socio del Área Penal Económico, habla en La Vanguardia sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, introducida por primera vez en nuestro ordenamiento por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, de modificación del Código Penal.

Desde entonces las personas jurídicas (empresas, fundaciones, etc.) pueden ser condenadas a diversas penas si en el seno de las mismas se cometen delitos. La posibilidad de que las personas jurídicas puedan incurrir en responsabilidad penal es una cuestión jurídicamente muy controvertida, pero lo cierto es que el sistema está implantado en nuestra legislación y debe aplicarse.

La Ley Orgánica 7/2012 extendió dicha responsabilidad penal a los Partidos Políticos y Sindicatos, dando lugar a un debate que aún no está cerrado.

La última reforma del Código Penal, operada por la Ley Orgánica 1/2015, establece la posibilidad de que las personas jurídicas queden exentas de responsabilidad penal, si antes de la comisión del delito, han adoptado y ejecutado eficazmente modelos de organización y gestión adecuados para prevenir delitos o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión. Son los llamados “sistemas o programas de prevención de delitos” (art. 31 bis del Código Penal).

La Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos modifica, entre otras leyes, la Ley Orgánica 6/2002 de Partidos Políticos. En virtud de esta modificación el nuevo art. 9 bis de la LOPP establece la obligación de que los partidos elaboren y apliquen sistemas de prevención de delitos. Los partidos políticos tienen 3 años para adaptarse a la nueva regulación a partir de la entrada en vigor de esta ley; en caso contrario se iniciará el procedimiento judicial de extinción del partido.

Pueden leer el artículo publicado en el la Tribuna de Economía de La Vanguardia el pasado 13 de enero de 2016 haciendo clic en el siguiente botón:

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