Ha entrado en vigor (17/01/2013) la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (BOE núm. 312, 28/12/2008).

Con esta nueva reforma del Código Penal de 1995 continúa la tradición de los distintos gobiernos españoles de realizar modificaciones puntuales de tan fundamental norma para, según se dice, adaptar su contenido a los cambios y nuevas necesidades de la sociedad. Bajo esta premisa, desde su entrada en vigor el Código Penal de 1995, entre grandes reformas y cambios parciales, ha sido modificado en más de veinticinco ocasiones. Muchas de estas reformas han sido adoptadas por el legislador con criterios oportunistas, para dar respuesta inmediata a una opinión pública mediatizada por el tratamiento que los medios de comunicación han dado a la información sobre determinados delitos.


Más allá de las reformas del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (ésta Ley también ha sufrido un buen número de reformas en los últimos años), lo cierto es que el legislador continúa sin hacer lo más importante, como es poner los medios necesarios para combatir efectivamente la delincuencia y para salvaguardar los derechos de las víctimas de los delitos, es decir, aportar los medios materiales y humanos para que las causas judiciales en materia penal dejen de ser procesos interminables, en los que, además, en la mayoría de casos los perjudicados no verán satisfechas sus expectativas de reparación del daño sufrido. Al parecer a los gobernantes les es más rentable promover cambios normativos, que en muchas ocasiones difícilmente tendrán la incidencia práctica pretendida, que dotar de los recursos necesarios a la Administración de Justicia para conseguir su correcto funcionamiento.

En esta ocasión la reforma operada por L.O. 7/2012 estable la responsabilidad penal de las personas jurídicas para partidos políticos y sindicatos; modifica los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social; modifica el delito contra los derechos de los trabajadores; y, por último, crea el delito de falseamiento de las cuentas y de la información económica de las entidades públicas. Esta reforma afecta a pocos artículos pero es substancial para los ámbitos en los que incide, pues el cambio de tipicidad es importante.
A continuación me refiero a lo más destacado de la nueva regulación.

1. La responsabilidad penal de las personas jurídicas para partidos políticos y sindicatos.

La reforma elimina del apartado 5 del art. 31 bis del Código Penal la mención a los partidos políticos y sindicatos, por lo que los mismos quedan incluidos dentro del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas en los supuestos previstos en el Código Penal. Hay que tener en cuenta que únicamente se puede exigir responsabilidad penal a una persona jurídica cuando está expresamente previsto en el tipo delictivo concreto y que, como requisito de imputación, es necesario que el delito se haya cometido por cuenta y en provecho de la persona jurídica, que en este caso será el partido político o sindicato.

Con esta reforma el legislador se hace eco de las críticas generalizadas respecto de la inicial exclusión de estas instituciones del sistema general de responsabilidad penal de la personas jurídicas, introducido en el Código Penal por la L.O. 5/2010, de 22 de junio. No obstante, a no ser que se produzca un cambio radical en la investigación y enjuiciamiento de las tramas delictivas donde resulten implicados miembros de partidos políticos o sindicaticos, como supuestos autores de los delitos para los que está prevista la responsabilidad penal de las personas jurídicas, será muy difícil llegar a ver condenas contra estas instituciones, pues no hay que olvidar que, como se ha dicho, en todo caso será necesario que la sentencia condenatoria declare probado que el delito se ha cometido por cuenta y en provecho del partido político o sindicato.

2. Los delitos contra la Hacienda Pública.

2.1. En el art. 305 del Código Penal se introducen las siguientes novedades:

a) Se establece que la mera presentación de las declaraciones o autoliquidaciones tributarias no excluye la defraudación, cuando ésta se acredite por otros hechos.

La anterior redacción del art. 305 y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que consideraba al delito fiscal como un delito de defraudación que implícitamente conllevaba un componente de ocultación (además de la exclusión de nuestro ordenamiento de la prisión por deudas), hacían impune la conducta de quien presentaba declaraciones o autoliquidaciones sin realizar el ingreso de la cuota. No obstante, en ocasiones tal conducta se utiliza como un fraude procedimental para evitar el proceso penal, como ocurre, entre otros, en los fraudes en operaciones en régimen suspensivo (productos sujetos a Impuestos Especiales) consistente en envíos a empresas formalmente constituidas y autorizadas, que reconocen haber recibido los productos aunque no hacen frente a la deuda tributaria derivada de la operación y, con el fin de evitar la imputación delictiva, proceden a presentar declaraciones tributarias sin ingreso, reconociendo la deuda ante la Administración Tributaria. Ahora, con la nueva redacción, la mera presentación de la declaración no excluirá la persecución del delito contra la Hacienda Pública, cuando existan indicios de la comisión de mismo y de que tal declaración es puramente instrumental.

b) Por lo que se refiere a la determinación de la cuota defraudada se establece que, cuando se defraude a la Hacienda de la Unión Europea, la cuantía de la cuota se determinará por relación al año natural, al igual que en el caso de la Hacienda española, cuando los períodos impositivos o declaraciones son inferiores a 12 meses, pero también se introduce en ambos supuestos una regla especial para poder perseguir las tramas de criminalidad organizada de forma inmediata, desde el momento en que se detecte que la defraudación supera la cuantía mínima determinante del delito, sin tener que esperar al transcurso del término del año natural.

c) También en relación con las defraudaciones a la Hacienda de la Unión Europea se tipifica como tipo atenuado del delito lo que hasta el momento era considerado falta en el art. 627 del Código Penal (defraudación superior a 4.000€ y que no supere los 50.000€), que es derogado. Esto no deja de ser una prueba más de la progresiva tendencia al endurecimiento de las penas, que se ha venido materializando en las sucesivas reformas del Código Penal.

d) Otra novedad es que la regularización de la situación tributaria ha perdido la consideración de excusa absolutoria, teniendo ahora el alcance de circunstancia que, según el Preámbulo de la Ley, “hace desaparecer el injusto derivado del inicial incumplimiento de la obligación tributaria”, de tal modo que ese retorno a la legalidad conlleva la supresión del reproche penal. Por otro lado, se define el concepto de regularización tributaria como el pago de la deuda tributaria, es decir, no basta sólo con el pago de la cuota tributaria defraudada.

e) En cuanto a la atenuación de la pena impuesta por delito fiscal, se prevé que los Jueces o Tribunales podrán imponer la pena inferior en uno o dos grados, siempre que el imputado satisfaga la deuda tributaria antes de que transcurran dos meses desde su citación judicial. Como se puede observar el plazo es corto, pero entiendo que a la misma atenuación de la pena se puede llegar si el imputado o, en su caso, el acusado paga la totalidad de la deuda con anterioridad a la celebración del juicio oral, pues en este supuesto se le podrá aplicar la atenuante muy cualificada de reparación del daño (art. 21. 5ª del CP), y, de acuerdo con lo previsto en el art. 66. 1. 2ª, imponerle la pena inferior en uno o dos grados a la señalada para el delito.

f) Por lo que se refiere a la responsabilidad civil, un aspecto importante de la reforma es que el art. 305 establece que ante la existencia de indicios de delito fiscal la Administración Tributaria podrá liquidar de forma separada, por una parte, los conceptos y cuantías que no se encuentren vinculados con el posible delito, y por otra, los que se encuentren vinculados con el delito. La primera liquidación seguirá la tramitación ordinaria y la segunda, la vinculada con el posible delito, también seguirá la tramitación que se establezca en la normativa tributaria, sin perjuicio de que finalmente se ajuste a lo que se decida en el proceso penal.

Lo anterior enlaza con que, también en un nuevo apartado del art. 305, se prevé que la existencia del procedimiento penal no paralizará la acción de cobro de la deuda tributaria por parte de la Administración. Así, la Administración Tributaria podrá continuar con el proceso de ejecución de la deuda, salvo que el Juez acuerde la suspensión de dichas actuaciones de ejecución, previa prestación de garantía, aunque excepcionalmente el Juez también podrá exonerar al imputado de prestar garantía, en el supuesto que aprecie que la ejecución puede ocasionar daños irreparables o de muy difícil reparación. Según el Preámbulo de la Ley con esto se atiende a una exigencia de las autoridades de la Unión Europea, a la vez que sirve para situar al supuesto delincuente tributario en la misma posición que cualquier otro deudor tributario.

En definitiva, según la nueva redacción del art. 305 del CP, cuando la Administración Tributaria detecte la existencia de un posible delito fiscal, podrá continuar con la tramitación ordinaria de la deuda, en la cuantía que no exceda de 120.000€, y en lo que supere esa cifra (cuantía vinculada al delito) igualmente podrá seguir con la acción de cobro del tal deuda, a no ser que el Juez que conozca del delito, de oficio o a instancia de parte, acuerde la suspensión de dichas actuaciones (normalmente con prestación de garantía). Y, para finalizar, las actuaciones de la Administración en relación con la parte de la deuda vinculada al delito se deberán ajustar a lo que resulte del proceso penal, lo que, sin duda, en la práctica dará lugar a muchas controversias (pensemos en los supuestos de que se dicte sentencia absolutoria al cabo de varios años de iniciado el procedimiento penal, cuando anteriormente la Administración Tributaria ya cobró por vía ejecutiva la deuda vinculada al delito).

2.2. En el nuevo art. 305 bis se establece un subtipo agravado en el que se tipifican las conductas más graves o de mayor complejidad, respecto de las que se produce una elevación de la pena, que va de los dos años hasta los 6 años de prisión. Las conductas que se consideran más graves son 3: las defraudaciones superiores a los seiscientos mil euros de cuota tributaria; cuando la defraudación se comete en el seno de una organización o grupo criminal; y, por último, en los casos en que para la defraudación se utilizan personas, negocios, instrumentos o territorios que dificulten la determinación de la identidad o patrimonio verdadero del obligado tributario o la cuantía defraudada.

Lo importante de esta agravación no es el hecho de que se aumente en 1 año de prisión la pena máxima del delito (se pasa de los 5 a los 6 años), si no que esta elevación de la pena comporta que el plazo de prescripción del delito pasa de los cinco a los 10 años (art. 131 CP). De esto modo, como se dice en el Preámbulo de la Ley, será más difícil que el autor del delito consiga la impunidad por el paso del tiempo, lo que no deja de ser un reconocimiento implícito de la demostrada lentitud de la Justicia de este país.

Por otra parte, cabe comentar que esta agravación de la penalidad tiene truco, pues en la actual redacción la pena para las conductas más graves abarca todo el tramo que va de los 2 a los 6 años de prisión, con lo que se puede imponer al autor del delito una pena mínima de 2 años y, en consecuencia, se le puede suspender la ejecución de la pena (artículo 80 y ss. del Código Penal), lo que no ocurría para los supuestos agravados en el anterior art. 305, donde se establecía que en estos casos la pena a imponer era la del tipo básico (de 1 a 5 años) en su mitad superior, es decir, la pena mínima era de tres años de prisión, lo que impedía que el condenado se pudiera acoger al beneficio de suspensión de la ejecución de la pena, pues la misma superaba el límite de 2 años.

2.3. Se modifica la redacción del art. 306, refundiendo este artículo defraudación a los presupuestos de la Unión Europea) y el art. 309 (obtención indebida de fondos de la UE, falseando u ocultando las condiciones requeridas), que es derogado.

Igualmente, en el art. 306 se tipifica como tipo atenuado del delito lo que hasta el momento era la falta prevista en el art. 628 del Código Penal (defraudación superior a 4.000€ y que no supere los 50.000€), que también es derogado.

3. Los delitos contra la Seguridad Social.

3.1. El nuevo redactado del art. 307 del Código Penal, que es el tipo básico del delito contra la Seguridad Social, es semejante al del art. 305, relativo al delito contra la Hacienda Pública. Las novedades del referido precepto son las siguientes:

a) Se produce una importante reducción dela cuantía defraudada, que pasa de los 120.000€ a los 50.000€, y, además, se establece que para determinar dicho importe se estará al total defraudado durante cuatro años naturales, cuando anteriormente se establecía el término de un año natural, cuando las liquidaciones, devoluciones o deducciones correspondían a un período inferior a 12 meses. La consecuencia es evidente, la relajación de la condición objetiva de punibilidad de este delito es muy importante. Muchos hechos que hasta la fecha eran infracciones administrativas pasarán a ser perseguidas como delito, castigado con penas de 1 a 5 años de prisión y multa del tanto al séxtuplo de la cuantía defraudada.

b) Como en el delito contra la Hacienda Pública, en el art. 307 se prevé que la mera presentación de los documentos de cotización no excluye la defraudación, cuando ésta se acredite por otros hechos. Con ello, al igual que en el art. 305, el legislador pretende perseguir los supuestos en que los documentos de cotización se presentan con finalidad instrumental, como una parte del engaño para defraudar a la Seguridad Social.

c) Por lo que se refiere a la regularización de la situación ante la Seguridad Social se sigue el mismo esquema que en el delito contra la Hacienda Pública. Así, la regularización deja de considerarse como una excusa absolutoria y, de acuerdo con la nueva redacción, que se refiere al completo pago de la deuda y elimina la remisión al apartado primero del artículo, a priori, hay que considerar que no bastará sólo con el pago de la cuota defraudada y será necesario también liquidar los recargos e intereses.

d) En este delito también está prevista la atenuación de la pena cuando el imputado satisfaga la deuda con la Seguridad Social antes de que transcurran dos meses desde su citación judicial, al igual que ocurre en delito contra la Hacienda Pública, a cuyo comentario me remito.

e) También aquí, en relación con la responsabilidad civil derivada del delito, se establece que la existencia del procedimiento penal por delito contra la Seguridad Social no paralizará el procedimiento administrativo para la liquidación y cobro de la deuda, salvo que el Juez acuerde la suspensión previa prestación de garantía, aunque excepcionalmente el Juez también puede exonerar al imputado de prestar garantía, en el supuesto que aprecie que la ejecución puede ocasionar daños irreparables o de muy difícil reparación. La liquidación administrativa se ajustará finalmente a lo que se decida en el proceso penal.

En cambio, a diferencia del delito contra la Hacienda Pública, en el delito contra la Seguridad Social no se contempla la posibilidad de que la Administración pueda liquidar de forma separada, por una parte, los conceptos y cuantías que no se encuentren vinculados con el posible delito, y por otra, los que se encuentren vinculados con éste.

3.2. También en el nuevo art. 307 bis se introduce un subtipo agravado en el delito contra la Seguridad Social, con los mismos supuestos que los previstos en el art. 305 bis, excepto por lo que se refiere a la cuantía de la defraudación, que en este caso es de 120.000€, cantidad que era la fijada en la anterior regulación para el tipo básico.

La pena también es de 2 a 6 años de prisión, por lo que me remito a lo comentado sobre el art. 305 bis, en relación con la prescripción del delito y la posibilidad de suspender la ejecución de la pena.

3.3. En el art. 307 ter se introduce un nuevo tipo específico para la penalización de las defraudaciones en las prestaciones del Sistema de Seguridad Social y, en paralelo, se modifica el art. 308.

Según el Preámbulo de la Ley, “también se modifica el art. 308 del Código Penal relativo al fraude de ayudas o subvenciones de las Administraciones Públicas o de la Seguridad Social. Debido al antiguo concepto de subvención y a determinadas interpretaciones jurisprudenciales, se ha llegado a considerar como subvención a la prestación y al subsidio de desempleo. Con ello, se ha entendido que en estos casos sólo existía defraudación cuando la cuantía superaba la cifra de ciento veinte mil euros, quedando despenalizados los demás casos. Por ello, se reforma el art. 308 del Código Penal para mantener dentro de la regulación del fraude de subvenciones únicamente las ayudas y subvenciones de las Administraciones Públicas cuando la cuantía supere la cifra de 120.000€. Cuando se trate de prestaciones del sistema de la Seguridad Social, los comportamientos defraudatorios se tipifican en un nuevo precepto, el art. 307 ter, que los castiga con una penalidad ajustada a la gravedad del hecho […]. Esta solución permite dar un mejor tratamiento penal a las conductas fraudulentas contra la Seguridad Social, y evita el riesgo de impunidad de aquellos fraudes graves que hasta ahora no superaban el límite cuantitativo establecido.”

Del tipo del art. 307 ter cabe comentar lo siguiente:

a) Contrariamente a lo que ocurre en los otros tipos de fraudes contra la Hacienda Pública o la Seguridad Social, en este precepto, tanto en relación con el tipo básico como respecto del tipo atenuado, no se establece la cuantía mínima de las prestaciones defraudadas a partir de la cual los hechos son considerados delictivos. Sólo en el subtipo agravado se prevé la cuantía de 50.000€.

Así, en el apartado primero del art. 307 ter, sólo se exige que la conducta cause “un perjuicio a la Administración Pública”, es decir, por pequeña que sea la cantidad de la prestación que se reciba (p. e. del subsidio de desempleo), se cometerá el delito, si para obtener la prestación se han simulado o tergiversado los hechos, o se han ocultado conscientemente, provocando error en la Administración. Este tipo básico está castigado con una pena de prisión de 6 meses a 3 años.

El subtipo atenuado prevé una pena de multa del tanto al séxtuplo del importe defraudado, cuando los hechos no revistan especial gravedad, a la vista del importe defraudado, de los medios empleados y de las circunstancias personales del autor. Evidentemente, estos conceptos deberán ser delimitados por los Tribunales, pero lo que es seguro es que nos espera un largo período de inseguridad jurídica, circunstancia agravada por el hecho de que, por la pena asignada al delito, la mayoría de asuntos serán juzgados en primera instancia en los Juzgados de lo Penal y el proceso finalizará con el recurso de apelación ante las distintas Audiencias Provinciales, lo que dará lugar a abundantes resoluciones dispares.

b) En el subtipo agravado se reproducen las conductas previstas en los arts. 305 bis y 307 bis, salvo que en el caso del art. 307 ter la cuantía defraudada se sitúa a partir de los 50.000€. La pena de prisión también va de los 2 a los 6 años de prisión, por lo que cabe hacer las mismas consideraciones sobre la prescripción del delito a los 10 años.

c) En cambio, por lo que se refiere al reintegro de las cantidades percibidas, en el art. 307 ter se ha mantenido la anterior redacción, que se refiere a la exención de la responsabilidad criminal y no a la regularización de la situación (arts. 305 y 307), por lo que, en principio, hay que entender que tal reintegro se continúa conceptuando como una excusa absolutoria, que no hace desaparecer el desvalor de la acción y que puede dar lugar a que se inicie el procedimiento penal, a pesar de que se haya producido el reintegro (cantidad percibida más intereses) en los términos y circunstancias fijados en el precepto.

d) También será de aplicación a los supuestos previstos en este artículo la atenuación de la pena establecida en el apartado 5 del art. 307 del Código Penal. En este caso, ya que expresamente no se dice, habrá que entender que, al igual que para la exención de la responsabilidad criminal, la “satisfacción de la deuda” abarca el reintegro de la cantidad equivalente al valor de la prestación recibida incrementada en un interés anual equivalente al interés legal del dinero aumentado en dos puntos porcentuales, desde el momento en que se percibieron.

e) Al igual que en los anteriores supuestos está previsto que la existencia de un procedimiento penal no impedirá que la Administración competente exija el reintegro por vía administrativa de las prestaciones percibidas, cuyo importe se ajustará finalmente a lo que resulte del procedimiento penal. Y, para que el procedimiento penal pueda paralizar la acción de cobro de la Administración, será necesario que el Juez acuerde la suspensión de las actuaciones de ejecución (normalmente previa prestación de garantía).

4. Fraude de ayudas o subvenciones de las Administraciones Públicas.

Como se ha dicho, se ha reformado el art. 308 del Código Penal para mantener dentro de la regulación del fraude de subvenciones únicamente las ayudas y subvenciones de las Administraciones Públicas, cuando la cuantía supere la cifra de 120.000€, tratando de manera autónoma las defraudaciones al sistema de la Seguridad Social en el art. 307 ter.

La conducta típica abarca la obtención de subvenciones o ayudas de las Administraciones Públicas en una cantidad o por valor superior a 120.000€, cuando para ello se han falseado las condiciones requeridas para su concesión o se han ocultado las que la hubiesen impedido. Igualmente está penada la aplicación de la subvención o ayuda a fines distintos de aquéllos para los que fue concedida, en una cantidad superior a 120.000€.

Para la determinación de tal cantidad se estará al año natural y deberá tratarse de subvenciones o ayudas obtenidas para el fomento de la misma actividad privada subvencionable, aunque procedan de distintas administraciones o entidades públicas.

Por lo demás, también está previsto en este artículo la regularización de la situación, por reintegro de las prestaciones o ayudas; la atenuación de la pena por el mismo concepto; la posibilidad de que la Administración competente siga con las actuaciones, a pesar de la existencia del procedimiento penal y que sólo por decisión del Juez se paralice la acción de cobro de la Administración (en el supuesto de que ésta haya decidido iniciar el procedimiento). Por ello me remito a los comentarios realizados en los anteriores epígrafes.

5. Delito contra los derechos de los trabajadores.

Dos son las novedades introducidas por la reforma en el delito contra los derechos de los trabajadores contenido en el art. 311 del CP. En primer lugar, siguiendo la tendencia comentada, se produce un notable incremento de la pena para las conductas descritas en dicho artículo, a las que ahora se les asigna prisión de 6 meses a 6 años, cuando antes la pena máxima era de 3 años, lo que de nuevo permite incrementar el plazo de prescripción hasta los 10 años, además de ampliar notablemente la posibilidad de que los condenados por este delito ingresen en prisión.

Por otro lado, se objetiva la conducta consistente en la utilización de trabajadores sin haber formalizado su alta en la Seguridad Social o sin haber obtenido la preceptiva autorización para trabajar en el caso de los extranjeros. Para ello se crea un nuevo epígrafe en el art. 311, en el que el reproche penal se hace depender del número de trabajadores afectados, de tal modo que, lo que ya es una infracción administrativa, pasa a ser delito si se da “ocupación simultáneamente a una pluralidad de trabajadores sin comunicar su alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda o, en su caso, sin haber obtenido la correspondiente autorización de trabajo, siempre que el número de trabajadores afectados sea al menos de:

a) El 25%, en las empresas o centros de trabajo que ocupen a más de 100 trabajadores.
b) El 50%, en las empresas o centros de trabajo que ocupen a más de 10 trabajadores y no más de 100.
c) La totalidad de los mismos, en las empresas o centros de trabajo que ocupen a más de 5 y no menos de 10 trabajadores.”

6. Falsificación de certificados.

También se modifica el art. 398 del CP, que tipifica la falsificación de certificados cometida por funcionario público. El Preámbulo de la Ley motiva este cambio del siguiente modo:

“Se modifica el art. 398 del Código Penal para excluir del tipo a los certificados relativos a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública. No es infrecuente la falsificación de los certificados de situación de cotización por las empresas deudoras de la Seguridad Social que, como contratistas o subcontratistas, remiten a las empresas principales o contratistas en el marco de la relación jurídica de las contratas o subcontratas. Existiendo un tipo penal propio de falsedad de certificados, surgía la duda de si debían calificarse estas conductas como falsedad en documento oficial cometido por particulares, o como falsedad de certificados cometido por particulares. Se ha estimado conveniente una nueva redacción del art. 398 al que se remite el art. 399 del Código Penal, que restrinja su aplicación a la falsedad de certificados de menor trascendencia y que excluya expresamente todo certificado relativo a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública, dada la trascendencia en el tráfico jurídico de certificados falsos en el ámbito tributario y de la Seguridad Social.”

Así pues, la falsificación de estos certificados se considera a partir de ahora como falsificación de documento oficial, por lo que serán de aplicación los arts. 390 (para la autoridad o funcionario) y 392 (para el particular), lo que conlleva una penalidad notablemente superior.
No obstante, a mi juicio, esta reforma ha incorporado un elemento de confusión que dará lugar problemas de interpretación, ya que no se ha limitado a excluir del tipo los certificados relativos a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública, si no que ha introducido el concepto de “certificación falsa con escasa trascendencia en el tráfico jurídica”. Ello significa que las falsificaciones de certificados que tengan trascendencia en el tráfico jurídico tampoco tendrán encaje en los tipos de los arts. 398 y 399 del CP y deberán penarse por los arts. 390 y 392 del CP. La cuestión es cómo se determina la “escasa trascendencia”. ¿Se deberá hacer con criterios estandarizados o singularmente, en cada caso concreto, se valorará la incidencia de un certificado falso en un negocio jurídico determinado?

7. Delito de falsificación de las cuentas de las entidades públicas.

Por último la reforma crea el art. 433 bis del CP, en el que por primera vez tipificada la conducta de la autoridad o funcionario público que: 1) falsee la contabilidad, documentos o información que deban reflejar la situación económica de la entidad pública de la que dependa; 2) facilite a terceros información mendaz relativa a la situación económica de la entidad pública de la que dependa.

En ambos supuestos se descartan los actos aislados, de escasa trascendencia, pues para que la conducta sea punible se exige que la misma sea “idónea para causar un perjuicio económico a la entidad pública”, perjuicio que si se llega a causar conlleva una elevación de la pena (la pena para el tipo básico es de inhabilitación especial para empleo o cargo público y multa, y, cuando se causa el perjuicio a la entidad pública, es de prisión de uno a cuatro años, inhabilitación especial y multa).

Por otro lado, la propia norma soluciona el posible concurso con el delito de falsedad documental, al hacer referencia expresa al art. 390 del CP, que será de aplicación preferente. Así, el tipo del art. 433 será aplicable a las falsedades de documentos internos que sean relevantes para la adopción de las decisiones de trascendencia económica de la entidad pública, pero cuando los documentos falsos trasciendan al exterior de la entidad, como documentos públicos u oficiales, estos supuestos se penarán por el art. 390 del CP.

Según el Preámbulo de la Ley, con la instauración de este tipo delictivo se pretende dotar de la máxima transparencia al sector público y garantizar la confianza en la veracidad de la información de las entidades públicas. Fin muy loable, faltará por ver la incidencia práctica de este nuevo delito.

Jordi Tirvió Portus
Dpto. Penal
AGM Abogados – Barcelona

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