Aspectos principales de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de Modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, de Medidas de Lucha contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales.

Tras la incorporación a nuestro derecho interno de la Directiva 2000/35 CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio del 2000, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, a través de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, se han dado varios factores que han aconsejado la promulgación de la Ley 15/2010, de 5 de julio, entre ellos, la situación de crisis económica y el aumento de impagos, retrasos y prórrogas en las liquidaciones de facturas vencidas, en perjuicio de las pequeñas y medianas empresas.

Ámbito de aplicación

Su ámbito de aplicación comprende todos los pagos efectuados como contraprestación en operaciones comerciales realizadas entre empresas, entre empresas y la Administración, y entre contratistas principales y sus proveedores y subcontratistas. Se excluyen:

  • los pagos en operaciones comerciales en las que intervengan consumidores;
  • los intereses relacionados con la legislación en materia de cheques, pagarés y letras de cambio;
  • los pagos de indemnizaciones por daños, incluidos pagos por entidades aseguradoras;
  • las deudas sometidas a procedimientos concursales.

Plazo de pago

En cuanto al plazo de pago se producen tres novedades importantes.

  1. La primera consistente en referir dicho concepto a todos los días naturales del año, siendo nulos y teniéndose por no puestos los pactos  que excluyan del cómputo los períodos vacacionales.
  2. Modificando los anteriores plazos legales de pago e instaurando un nuevo plazo de pago: sesenta días desde la fecha de recepción de la mercancía o de la prestación de los servicio.
  3. La ley no admite ampliación de estos plazos por acuerdo entre las partes.

Ello no obstante, este plazo de sesenta días empieza a regir a partir del 1 de enero del 2013; desde la entrada en vigor hasta el 31 de diciembre del 2011, el plazo será de ochenta y cinco días y durante el año 2012, de setenta y cinco días.

Además la ley introduce otras novedades a destacar:

  • Los proveedores deberán hacer llegar la factura antes de que se cumplan  treinta días desde la fecha de recepción efectiva de las mercancías o prestación de los servicios.
  • La recepción de la factura por medios electrónicos producirá los efectos de inicio del cómputo de plazo de pago siempre que se encuentre garantizada la identidad y autenticidad del firmante, la integridad de la factura y la recepción por el interesado.
  • Pueden agruparse facturas a lo largo de un periodo determinado no superior a 15 días: mediante una sola factura comprensiva de todas las entregas o agrupándolas en un único documento y siempre que se tome como fecha de inicio del cómputo del plazo la mitad del periodo de la factura resumen periódica y el plazo de pago no supere 60 días desde esa fecha.

Indemnizaciones

En cuanto a la indemnización por costes de cobro se mantiene el derecho del acreedor de exigir, en caso de demora, una indemnización por todos los costes de cobro debidamente acreditados consecuencia de dicha mora, que no podrá superar el 15% de la cuantía de la deuda si ésta es superior a 30.000 euros. Si es inferior, el límite es el de la propia deuda. El deudor podrá exonerarse del pago si demuestra que no es responsable del retraso en el pago.

En cuanto a indemnización por mora, la ley mantiene la regulación anterior, en el sentido de que el interés de demora que deberá pagar el deudor será el que resulte del contrato y, en su defecto, la suma del tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente operación principal de financiación, efectuada antes del primer día del semestre natural de que se trate, más siete puntos porcentuales.

Cláusulas abusivas

En cuanto a las cláusulas abusivas, se mantiene la nulidad de las cláusulas pactadas sobre la fecha de pago o las consecuencias de la demora que difieran en cuanto al plazo de pago y al tipo legal de interés de demora establecidos con carácter subsidiario en el apartado 1 del artículo 4 y en el apartado 2 del artículo 7, así como las cláusulas contrarias a los requisitos para exigir intereses de demora previstos en la cláusula 6 cuando tengan contenido abusivo en perjuicio del acreedor, consideradas todas las circunstancias del caso, entre ellas la naturaleza del producto o servicio, la prestación de garantías adicionales y los usos habituales del comercio, sin que la práctica repetida de plazos abusivos pueda considerarse uso habitual del comercio.

Además de  las cámaras oficiales de Comercio, Industria y Navegación y los colegios profesionales legalmente constituidos, las asociaciones, federaciones de asociaciones, corporaciones de empresarios, de profesionales y de agricultores, la ley faculta a las cámaras de trabajadores autónomos para poder interponer acciones individuales y/o colectivas de cesación y de retractación,  y para personarse en los órganos jurisdiccionales o administrativos para solicitar la inaplicabilidad de dichas cláusulas.

Plazo de pago para la Administración

En cuanto al plazo de pago previsto para la Administración, la ley establece un plazo de treinta días a contar a partir del día siguiente a la fecha de expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato. Cuando no proceda la expedición de certificado de obra y la fecha de recibo de la factura o solicitud de pago se preste a duda, o sea anterior a la recepción de las mercancías o a la prestación de los servicios, el plazo de treinta días se contará desde dicha fecha de recepción o prestación.

Ello no obstante, el plazo de pago de treinta días a cargo de la Administración empezará a aplicarse a partir del 1 de enero del 2013. Desde la entrada en vigor hasta el 31 de diciembre del 2010, el plazo será de cincuenta y cinco días. Durante el año 2011, el plazo será de cincuenta días y durante el año 2012, será de cuarenta días.

Las empresas constructoras de obra civil que mantengan vivos contratos de obra con las diferentes administraciones públicas, con carácter excepcional durante dos años desde la entrada en vigor de la ley, podrán acordar con sus proveedoras y/o subcontratistas los siguientes plazos máximos de pago: durante los años 2010 y 2011, ciento veinte días; durante el año 2012, noventa días; durante el año 2013, sesenta días.

En cuanto al procedimiento, establece la ley que, tanscurrido el plazo de pago, los contratistas podrán reclamar por escrito a la Administración el cumplimiento de la obligación de pago y en su caso, los intereses de demora, y si la Administración no contesta en un mes, se entenderá reconocido el vencimiento y el interesado podrá formular recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración, pudiendo solicitar como medida cautelar el pago inmediato de la deuda, que se adoptará por el órgano judicial a menos que la Administración acredite:

  • que no concurren las circunstancias que justifican el pago, o
  • que la suma reclamada no se corresponde con la suma exigible (en cuyo caso la medida cautelar se limitará a esta última).

La sentencia condenará en costas a la  Administración en caso de estimación total de la pretensión de cobro.

La ley establece, además, las siguientes obligaciones:

  • a cargo de las entidades locales: la de llevar un registro de facturas;
  • a cargo de las distintas administraciones:
    • la de realizar informes periódicos sobre el cumplimiento de los plazos de pago;
    • la de promover la elaboración de códigos de buenas prácticas comerciales, y
    • la adopción de sistemas de resolución de conflictos a través de la mediación y el arbitraje.

Para los productos de alimentación frescos y perecederos (aquellos que conservan sus cualidades aptas para la comercialización y consumo durante un plazo inferior a treinta días o que precisan de condiciones de temperatura regulada de comercialización y transporte) los plazos de pago no excederán en ningún caso de treinta días desde la fecha de entrega de las mercancías. Este plazo tiene efectos inmediatos.

Para los productos de alimentación que no sean frescos o perecederos, el plazo de pago no podrá exceder de sesenta días desde la fecha de entrega. Los destinatarios de las entregas quedan obligados a documentar en el acto de entrega la operación de entrega y recepción con indicación expresa de la fecha, y los proveedores deben indicar en su factura el día del calendario en el que debe producirse el pago. Las facturas deberán hacerse llegar en un plazo máximo de 30 días desde la fecha de entrega y recepción de las mercancías.

Para los libros, el Gobierno determinará un régimen especial de pagos en atención a las especiales circunstancias debidas a los ciclos de explotación, rotación de stocks y régimen de depósito.

Las sociedades deberán publicar de forma expresa la información sobre plazos de pago a sus proveedores en la memoria de sus cuentas anuales. El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas resolverá sobre la información oportuna a incorporar en la memoria de cuentas anuales de las empresas.

El Gobierno, en el plazo de treinta días, a través del ICO, instrumentará una línea de crédito directa en condiciones preferentes dirigida a las entidades locales para facilitar el pago de deudas firmes e impagadas a empresas y autónomos con anterioridad a 30 de abril del 2010.

Esta ley entró en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el BOE  (06/07/10), esto es, el día 7 de julio del 2010.

Mireia Bosch Pages
Abogada
AGM ABOGADOS

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