El grupo parlamentario socialista ha vuelto a presentar para su tramitación en el congreso de los Diputados el proyecto de Ley de Contratos de Distribución que quedó aparcado al convocarse las pasadas elecciones generales. Desconocemos cual será la postura del grupo popular al respecto, mayoritario en estos momentos, pero de ser favorable al proyecto presentado el panorama del sector de la franquicia y la distribución podría sufrir un cambio muy importante.

Parece positivo, aunque un poco tardío, el esfuerzo por definir las distintas modalidades de distribución comercial dotándolas de un régimen sustantivo legal que aporte más seguridad jurídica en caso de conflictividad entre concedente y distribuidor. Sin embargo, no parecen razonables, proporcionadas ni justificadas algunas cuestiones del proyecto, especialmente el tema de indemnizaciones a la finalización del contrato que son propuestas como algo generalizado, pensando, creemos, en que todas las relaciones de distribución se desarrollan entre grandes empresas fabricantes y pequeños e indefensos distribuidores, lo cual no es en absoluto cierto.

El proyecto excluye de su regulación el contrato de agencia, lógico, pues nunca ha sido asimilable a un contrato de distribución, los de mero suministro de mercancías no acompañados de prestación de servicios, los de logística y transporte, los de comercialización de productos financieros y seguros, agua, luz, gas y productos sanitarios.

Parece especialmente negativo, sin embargo, que se incluyan los contratos de franquicia, dado que se trata de un sector cuya autorregulación se ha demostrado durante muchos años totalmente suficiente y eficaz, como se demuestra por la bajísima conflictividad existente.

Resulta positivo, a nuestro entender, la previsión que contiene el proyecto sobre la elaboración de Códigos de conducta sectoriales de carácter vinculante para quienes a ellos se adhieran. En este sentido, las asociaciones patronales sectoriales podrán, mediante la exigencia de adhesión de sus asociados a tales códigos, aportar más seguridad y fiabilidad en su sector, al garantizar que las empresas asociadas cumplen no sólo con la normativa mínima exigible sino también con el plus que estos códigos especiales exijan y que podrá serles exigida legalmente.

El proyecto regula minuciosamente los requisitos que deben cumplirse para la correcta formación del contrato, los pactos admisibles y no admisibles en cuanto a su duración y extinción, las normas específicas aplicables a algunos tipos contractuales, y también las consecuencias indemnizatorias a la terminación del acuerdo tanto para el caso de expiración natural como por incumplimiento, lo que en algunos apartados nos parece un tanto intervencionista.

Niega la posibilidad de fijar como hasta ahora unos objetivos de venta si no están basados en necesidades razonables de abastecimiento del mercado, lo que puede generar fuertes disputas y problemas de determinación de cuales son las necesidades razonables. Lo mismo ocurre con la posibilidad, ahora habitual, de imponer al distribuidor un concreto nivel de stocks para preservar la buena imagen y servicio del fabricante en la zona operada por el distribuidor.

Se reconoce, como no podía ser de otro modo, la posibilidad de asignar zonas territoriales exclusivas y sus limitaciones, reconociendo el derecho del distribuidor a las ventas a adquirentes procedentes de otras zonas geográficas con arreglo a lo que ya viene establecido en el actual derecho de la competencia.

Prevé la posibilidad de que el fabricante o proveedor pueda realizar ventas directas si así lo prevé el contrato, así como también la imposibilidad de prohibir al distribuidor que realice ventas por Internet, salvo motivos de salud pública o seguridad de los consumidores.

Positivo resulta la obligación que impone a las partes de adecuar el régimen de garantías del fabricante al que deba asumir el distribuidor frente al consumidor, evitando así los problemas que habían surgido sobretodo en los acuerdos de distribución con fabricantes extranjeros, sujetos a otra legislación no comunitaria, que a veces provocaban que el distribuidor tuviese que asumir la responsabilidad por el producto defectuoso sin poder después repetirla contra el fabricante del mismo.

Nos parece peligroso la relajación que introduce sobre la aplicación del principio intuitu personae cuando veta al fabricante la posibilidad de impedir que el distribuidor ceda su contrato a terceros si la empresa cesionaria pertenece a la misma red de distribución del fabricante o se compromete por escrito a mantener la organización, medios y recursos que tenía el cedente. Esto nos parece grave en cualquier modalidad de contrato puesto que las características personales son determinantes para concertar este tipo de contratos de colaboración, pero nos parece del todo inaceptable en contratos como los de franquicia o distribución selectiva en los que tales características personales resultan totalmente determinantes, por ejemplo como ocurriría con los acuerdos de agencia.

Resulta poco entendible la razón por la que se impone que las modificaciones del contrato –se supone que concertado de forma bilateral– no puedan llevarse a cabo si resultan discriminatorias para otros miembros de la red de distribución. Tampoco se determina qué ha de entenderse por “discriminatorias”, lo que supondrá una fuente constante de conflictos sobre todo cuando algunos distribuidores o franquiciados deseen abandonar la red sin abonar las compensaciones o indemnizaciones correspondientes.

En cuanto a la duración de los contratos no observamos muchas cuestiones controvertidas, resultando positivo que expresamente se diga que en los contratos por tiempo indefinido cualquiera de las partes podrá terminarlo siempre que preavise con 1 mes de antelación por cada año de vigencia del contrato con un máximo de 6 meses de preaviso, lo cual se equipara con el régimen establecido para los acuerdos de agencia y arroja claridad a esta materia hasta ahora imprecisa.

También nos parece positivo que en los casos de que se trate de distribuidor o red de distribuidores que adquieran más de la mitad de la producción del fabricante o proveedor, el plazo de preaviso deba ser como mínimo de 6 meses sea cual sea la duración que haya tenido el contrato.

Se introduce también como norma obligatoria que antes de procederse a la resolución del contrato por incumplimiento, la parte incumplidora tenga la posibilidad de subsanarlo en el plazo de 30 días. Ello es lógico con este tipo de contratos de colaboración en el que además se realizan inversiones a veces importantes.

En el capítulo de las indemnizaciones a la extinción del contrato es donde el proyecto introduce las cuestiones más controvertidas. En primer lugar establece el derecho de la parte in bonis a recibir una indemnización adecuada (no dice cual) para resarcirle de los daños y perjuicios que acredite haber sufrido por la no amortización de las inversiones “específicas” realizadas en interés del negocio cuando no puedan ser aprovechadas real y efectivamente para usos alternativos ni puedan ser revendidas sin grave pérdida de valor. Lógicamente esto seguirá siendo una fuente inagotable de conflictos, pudiendo la norma haber perfilado y acotado más este punto para evitar algunos conflictos que ahora se producen.

En cuanto a la compensación de la clientela, la norma la excluye con carácter general pero establece –como lo hace la Ley del contrato de agencia– una excepción que de hecho se va a producir en la mayor parte de los acuerdos de distribución en los que la marca del fabricante y la configuración de la red es esencial para la captación de esa clientela, lo cual nos parece realmente injusto.

En efecto, la clientela sí será compensable por el fabricante a favor del distribuidor, cuando a la terminación de contrato, salvo que lo sea por incumplimiento “grave” del distribuidor, éste haya incrementado sustancialmente el número de operaciones o clientes y conste que la clientela seguirá produciendo ventajas para el fabricante después de la ruptura del acuerdo, y además (circunstancias por tanto concurrentes) el distribuidor tenga un pacto de no competencia a la finalización de su contrato.

Como nota positiva, el hecho de que establece el máximo de la indemnización por todos los conceptos, que no podrá exceder de la media anual del importe neto de la cifra de negocios del distribuidor durante los últimos 5 años o período de duración del contrato si fuese inferior, lo que de alguna forma permite conocer exactamente los riesgos. El plazo de prescripción para reclamar estas indemnizaciones es de 1 año, al igual que ocurre con el contrato de agencia, pudiendo ser en todo caso interrumpido.

En cuanto a la regulación específica para algunos contratos y en lo que se refiere a los acuerdos de franquicia, el proyecto ha venido a recoger lo ahora previsto en el real Decreto 201/2010 de 26 de febrero sobre registro de franquiciadores e información precontractual.

En cuanto al régimen transitorio destacar positivamente que sólo está previsto aplicar esta nueva normativa –si es que resultase aprobada– a los contratos concluidos con posterioridad a su entrada en vigor, así como a las renovaciones o prórrogas de los actuales contratos, pero no a estos.

Fernando J. García Martín
Socio Dpto. Civil – Mercantil
Área de Distribución y Franquicia
AGM Abogados – Barcelona

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