Hugo Uceda Álvarez
Abogado Área JurídicoLaboral
AGM Abogados – Madrid

Los contratos de Alta Dirección son documentos de especial valor regulatorio, debido a que el propio Real Decreto 1382/1985 de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de Alta Dirección (RDPAD), así lo establece en su preámbulo, reconociendo que dicho texto legal sólo pretende configurar “un esquema básico de la materia”, dejando al pacto entre las partes la regulación esencial de la relación. Dentro de esta peculiar forme de legislar (peculiar dentro del ámbito laboral) son de especial trascendencia dos puntos que, sin duda, forman la principal fuente de litigiosidad en la materia, éstas son las indemnizaciones por despido o desistimiento unilateral del empresario, y el pacto de no concurrencia entre las partes.

En relación a la extinción unilateral del contrato por parte del empresario, el propio RD establece lo que, por parte de la jurisprudencia, se consideran unos mínimos de derecho necesario. Así lo establece la sentencia de la Sala 4ª del Tribunal Supremo de 22 de abril de 2014 que, en un caso en el que ambas partes, habían pactado la posibilidad del desistimiento unilateral del empresario, con la única obligación del pago del preaviso pactado y sin necesidad de indemnización, el Alto Tribunal casa y unifica doctrina, estableciendo la obligación de pago de, al menos, el importe fijado en el art. 11.1 RDPAD de 7 días por año de servicio, con el límite de 6 mensualidades. Dicho criterio, mantiene, en todo caso, el derecho de negociación entre las partes, siempre que el importe acordado sea superior a la cantidad resultante en ese caso.

En cuanto a las cláusulas de no competencia post-contractual, como notas básicas, tienen una duración máxima de 2 años, y deben concurrir dos condiciones indispensables: de un lado, el efectivo interés industrial o comercial empresarial, y de otro, tiene que haber una contraprestación efectiva por parte del empresario al trabajador. Así lo recoge el art. 8 del RDPAD en su apartado 3º, ahora bien, ¿qué es el efectivo interés económico empresarial, y qué retribución se considera suficiente por la jurisprudencia? En cuanto al interés comercial empresarial, como el mismo nombre y sentido de la expresión indica, se manifiesta cuando la actividad en la que va a prestar servicios el alto directivo, con posterioridad a su despido o extinción, entra en competencia la empresa que suscribió el pacto de no concurrencia. En este sentido, y fuera del ámbito del personal de alta dirección,  la sentencia del TSJ de Cataluña de 24 de enero de 2005, no encuentra dicho interés, en el caso de una peluquera que recibe formación de peluquería y contra la que se pretende imponer un pacto de no concurrencia en toda la actividad de peluquería, cuando es obvio que no todas ejercen una competencia directa en ese ámbito.

Sobre la retribución compensatoria de esa no competencia, no es fácil establece un importe exacto ni una fórmula adecuada. En sentencia del TSJ de Castilla y León (sede Burgos) de 1 de marzo de 2012, con aplicación de la jurisprudencia del Tribunal Supremo (sentencia de 29 de octubre de 1990) se ratifica el pago aplazado durante la vigencia de la relación laboral, dando por buena una cifra equivalente al 10% del importe del salario anual bruto. De igual manera, el pago puede realizarse con un importe a tanto alzado en el momento de la extinción del alto directivo, o incluso pagarse de forma aplazada durante el periodo de aplicación de la no competencia, si bien dichos importes, habida cuenta de que no se abonan en un periodo tan largo como puede ser la vigencia del contrato, han de ser mayores a lo anteriormente comentado, así en sentencia del TSJ de Cataluña de 19 de abril de 2012 se valora positivamente el pago del 50% del salario bruto anual, abonado en el momento de la extinción. En cualquier caso, no puede ser una cantidad cualquiera, y así lo fija el TSJ de Extremadura en sentencia de 17 de marzo de 2015 donde recoge que, el importe una mensualidad del salario, no es suficiente para compensar un pacto de no competencia de 24 meses.

Por último, y en relación a un problema muy extendido en la casuística de este tipo de relaciones laborales, es doctrina pacífica, la imposibilidad de dejar al arbitrio de una de las partes, la aplicación o no de la cláusula fijada en el contrato. Es decir, el empresario no puede incluir en la misma, un derecho que le faculte a dejar el pacto de concurrencia sin efecto, si así le conviniera, en el momento en que el mismo deba aplicarse. La consecuencia de esta inclusión, conllevaría la nulidad de dicho extremo, manteniéndose vigente el pacto en cuestión que surtiría efectos plenamente. En este sentido la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de abril de 2004 en casación de doctrina, aplica lo dispuesto en el art. 1.256 del Código Civil, declara nula la cláusula incluida en el pacto de no competencia, y obliga al empresario al abono de la indemnización incluida en dicho pacto.

2015 AGM Abogados | Creado por Metro Design | B&MS Group

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí. Clicando cualquier enlace de esta página entendemos que consiente su uso. Quiero saber más.

ACEPTAR
Aviso de cookies
X