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AGM Abogados – Barcelona

En el contexto de los últimos años la normativa reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) es una de las que más controversias han generado. El hecho imponible del IIVTNU parte de gravar las plusvalías originadas en la repercusión del suelo como consecuencia del estatus del producto inmobiliario ubicado en la ciudad y por tanto generadas por la colectividad para que revierta a la misma. Pero, sufriendo las consecuencias de una coyuntura de crisis económica e inmobiliaria como la de los últimos años, el contribuyente o administrado ha visto como se daba incluso una clara minusvalía y depreciación real de su patrimonio inmobiliario. Efectivamente, cada vez con más frecuencia en la transmisión de inmuebles el valor de los terrenos lejos de incrementarse ha disminuido. Y es por ello que parecería claro que si el contribuyente ha de pagar por una plusvalía generada en el seno de una colectividad y su funcionamiento; cuando menos, lo justo y objetivo es que no pague nada, cuando ello no ocurra.

Pero el principal problema que plantea la vigente regulación del IIVTNU es la forma de calcular su base imponible. El art. 107 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), establece que la base imponible del IIVTNU está constituida por el incremento del valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de 20 años. Este sistema de cálculo ha sido duramente criticado por la doctrina. Desde su implantación ha sido objeto de amplia polémica respecto de si era una presunción iuris et de iure (no admite prueba en contrario) o iuris tantum (sí que la admite). Como es lógico el debate se avivó como consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria, por cuanto en los últimos años ha quebrado la premisa o ficción de la que parte el legislador –el incesante incremento del valor del suelo–.

Y toda esta situación ha provocado que algunos sujetos pasivos del IIVTNU vengan planteando la falta de hecho imponible por no existir un incremento real de valor de los terrenos durante el período sujeto a gravamen, considerando además que el incremento del valor de los terrenos calculado en la forma legalmente establecida sí gozaría de una presunción iuris tantum siendo susceptible de prueba en contrario.

Por tanto, la cuestión determinante será si se opta por una aplicación “insensible” y automática del “incremento teórico de valor que surge de aplicar el método objetivo legalmente establecido, en cuyo caso habría que liquidar el impuesto. Ésta es la postura adoptada por la Subdirección General de Tributos Locales que, en respuesta a varias consultas que se le han formulado, -consulta vinculante nº V0153-14 de la SG de Tributos Locales de 23/01/2014 y consulta General 0014-14, de 20/06/2014-, considera que “El impuesto no somete a tributación una plusvalía real, sino una plusvalía cuantificada de forma objetiva” y que “Por tanto, la base imponible determinada conforme a las reglas del art. 107 del TRLRHL no admite prueba en contrario”.

Sin embargo, la otra posición, de aceptar la prueba en contrario, ha sido defendida por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha interpretado lo contrario en varias sentencias – Sentencias de 21 de marzo (JUR/2012/196967), 22 marzo (JUR\2012\196967) y 20 de septiembre de 2012 (JUR\2012\382189) y 18 de julio de 2013 (JUR/2013/310234)– declarando que “el incremento de valor experimentado por los terrenos de naturaleza urbana constituye el primer elemento del hecho imponible, de tal manera que si no existe este incremento no se generará el tributo”.

El fallo de esta última STSJC, del que es ponente el magistrado Gomis Masqué, establece que “al faltar un elemento esencial del hecho imponible, no puede surgir la obligación tributaria”. En este supuesto, el recurrente censuró la “disociación radical o dualidad” entre la tributación exigida y la situación económica efectiva sobre la que se aplica, dado que las distintas ordenanzas municipales por las que se regula el tributo se basan en “una realidad tradicional -la producción de incrementos continuados y notables en el valor del suelo- que nada tiene que ver con la situación actual, en la que durante varios años tal valor ha estado decreciendo sin solución de continuidad”.

En el mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en Sentencia nº 1589/2013, de 11 de diciembre haciendo suyos los pronunciamientos del TSJC establecidos en su sentencia de 22/03/2012.

Así pues, la referida jurisprudencia en su conjunto determina que la ausencia objetiva de incremento del valor da lugar a la no sujeción al impuesto como consecuencia de la no realización del hecho imponible, “pues la contradicción legal no puede ni debe resolverse a favor del método objetivo de cálculo y en detrimento de la realidad económica” –lo que ignoraría los principios constitucionales de equidad, justicia y capacidad económica–.

Cuando se pueda acreditar y probar que en el caso concreto no ha existido –en términos económicos y reales–, incremento alguno, no tendrá lugar el presupuesto de hecho fijado por la ley para configurar el tributo (art. 104.1 LHL), y éste no podrá exigirse, por más que la aplicación de las reglas del art. 107.2 del mismo texto legal produzca siempre la existencia de teóricos incrementos. Así pues, cuando el contribuyente acredite mediante prueba suficiente (escrituras públicas, tasación pericial) que en el período de tiempo liquidado ha existido una depreciación general del valor del suelo, con el reconocimiento de la situación jurídica individualizada, el hecho imponible no se produciría, dando lugar al reintegro o devolución del importe liquidado.

Asimismo, sobre esta controvertida cuestión también acaban de pronunciarse recientemente Juzgados de lo Contencioso de Zaragoza: el JCA nº 3, que en Sentencia 144/2015 de 13/07/2015 concluye que es posible basar la nulidad de la liquidación por plusvalía en la depreciación del suelo correspondiente al inmueble objeto del impuesto; y, más recientemente el JCA nº 1 de Zaragoza, en la Sentencia de 01/09/ 2015, que entiende innecesario plantear una cuestión de inconstitucionalidad, como había solicitado la Administración demandada, estimando el recurso interpuesto contra una liquidación del IIVTNU por falta de hecho imponible.

En cualquier caso, todas estas sentencias hacen suyos los razonamientos mantenidos en las sentencias dictadas por el TSJ de Cataluña, recogiendo también los argumentos utilizados por previas resoluciones de algunos Juzgados de lo Contencioso-Administrativo –Sentencia del JCA nº 13 de Barcelona nº 16/2013 de 22/01/2013 (JUR/2013/263167), Sentencia del JCA nº 10 de Barcelona nº 159/2014 de 24/04/ 2014 (JUR/2014/136909) y Sentencia del JCA nº 2 de Zaragoza nº 255/2013 de 13 de diciembre-.

En definitiva, podemos concluir que a fecha de hoy entre Juzgados y Tribunales de lo Contencioso-Administrativo ya se ha impuesto la tendencia de considerar la no concurrencia del hecho imponible del IIVTNU cuando sea posible acreditar que en las escrituras el precio de venta de un inmueble es inferior al precio compra. Será entonces cuando el contribuyente afectado podrá peticionar la no sujeción al impuesto y, en su caso, la anulación de la liquidación con la devolución del importe ingresado.

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