Alberto González Martín
Abogado Área Responsabilidad Civil
AGM Abogados – Madrid

En fecha 29 de febrero de 2016, se ha dictado por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo la primera Sentencia (154/2016) que aborda la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Dicha Sentencia es de capital importancia ya que es la primera vez que nuestro Alto Tribunal aborda esta materia y marca las pautas que deberán seguir las empresas para la eficacia de sus planes de cumplimiento normativo (Compliance).

La Sentencia confirma las condenas impuestas a tres empresas por su participación en delitos contra la salud pública; que bajo la apariencia de un negocio dedicado a la exportación de maquinaria a Venezuela, traficaban con cocaína, si bien revoca el pronunciamiento relativo a la disolución de la persona jurídica a fin de preservar los puestos de trabajo de la misma; manteniendo la multa de 775.633.400€.

Entiende que se cumplen los dos primeros requisitos del art. 31 bis del Código Penal:

  1. Comisión de un delito de los catalogados como generadores de responsabilidad penal de la persona jurídica (delito contra la salud pública).
  2. Que las persona físicas autoras de dicho delito sean integrantes de la persona jurídica, en este caso como administradores de hecho y de derecho.

Dicha Sentencia aprecia la “carencia absoluta y no cuestionada de instrumentos para la prevención de la comisión de delitos en el seno de la persona jurídica…”.

No obstante la Sentencia advierte de que, con la legislación vigente, se podría concluir la existencia de una responsabilidad objetiva o automática, contrarios a nuestro sistema de enjuiciamiento penal en las personas jurídicas, aparte de poner el foco en una circunstancia problemática en estos asuntos, como es la designación de la persona que debe actuar en representación de la persona jurídica en el procedimiento, cuando esta misma persona ha sido objeto de acusación como persona física.

Sin perjuicio de otras consideraciones la conclusión es clara: es indispensable que las empresas tengan un programa de cumplimiento normativo en el ámbito penal para eximir o atenuar la eventual responsabilidad penal de las empresas.

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