Una reciente sentencia de la Audiencia Nacional de 9 de febrero de 2012 (recurso nº 117/2009) anula varias liquidaciones y sanciones impuestas al contribuyente por no haber respetado la Administración la prejudicialidad penal creada por ella misma sobre idénticos hechos.

Nuestro Derecho establece que el alcance de este principio no comprende el respeto a los hechos probado penales sino que, precisamente para garantizarlo, arbitra una medida elemental y de observancia obligada: la paralización de todo el procedimiento –administrativo o judicial– que pueda interferir en ese juicio o contradecir tales hechos probados.

En el supuesto de autos, la Inspección remitió al Fiscal un expediente por facturas falsas y delito fiscal cometido en el IVA, pero prosiguió el expediente con respecto al Impuesto de Sociedades, utilizando en éste, precisamente esos documentos que imputó como falsos y que elevó al Tribunal para que juzgara sobre la comisión de un presunto delito.

La razón que postuló la Inspección para abstenerse de continuar el procedimiento hasta que se pronunciara el Juzgado –que hay que recordar que era una comprobación limitada, muy restrictiva con respecto a los medios de prueba a utilizar– fue que la liquidación resultante de la comprobación arrojaba una cuota cero –puesto que minoraba bases imponibles negativas de ejercicios anteriores- y en ningún caso el acta determinaba una cuota tributaria que pudiera alcanzar los límites para ser considerada constitutiva de una delito.

Ha tenido que ser la Audiencia Nacional, quien ha declarado que los hechos en que se fundamentan, tanto las actuaciones judiciales como las administrativas, son los mismos , lo que comporta la obligación de suspender el procedimiento administrativo liquidador y sancionador al estarse tramitando un proceso penal por los mismos hechos, siendo prioritario el conocimiento penal. Son esas facturas falsas las que son objeto de discusión sobre su existencia dentro del proceso penal, y sobre las que se apoya la Inspección para liquidar y sancionar al contribuyente en otro Impuesto.

La Administración debería de haber suspendido las actuaciones hasta el pronunciamiento de los Tribunales Penales, y una vez emitido un veredicto liquidar, en base a la sentencia, lo que en derecho correspondiera. Hacerlo de otra forma, como así se hizo, suponía violentar la prioridad absoluta a la jurisdicción penal.

En consecuencia, la Audiencia Nacional falla a favor de contribuyente, anulando las liquidaciones emitidas y sus correspondientes sanciones.

La importancia de esta sentencia es la que viene a declarar de forma inequívoca la prioridad de la jurisdicción penal, no solamente sobre otras jurisdicciones judiciales sino, como no podría ser de otra forma, sobre la de la Administración.

Leonardo Cárdenas Armesto
Socio Director – Área Fiscal Jurídico
AGM Abogados – Barcelona

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