Àlex Plana Paluzie
Abogado Área M&A
AGM Abogados

La propuesta introduce un nuevo régimen marco en la reestructuración de las empresas en dificultades, creando un régimen más complejo, pero también más acorde con los intereses económicos afectados.

Uno de los objetivos principales de la propuesta de directiva (UE) sobre marcos de reestructuración preventiva, segunda oportunidad y medidas para aumentar la eficacia de los procedimientos de condonación, insolvencia y reestructuración (en adelante la “Propuesta”), es facilitar el mantenimiento de la actividad empresarial de las sociedades en insolvencia, cuando dichas actividades realmente son viables tras una reestructuración de las mismas.

Con el nuevo régimen de la propuesta, muy inspirada en la normativa norteamericana (Chapter 11 del Bankruptcy Code), se busca la solución más eficiente a la hora de reestructurar empresas. Debido a que, con el régimen actual, a menudo no se tiene en cuenta el excedente de la empresa en funcionamiento, de modo que a veces se liquidan compañías que podrían dar mayor retorno a los acreedores en su conjunto si se mantuvieran activas. Para dar respuesta al mantenimiento de este excedente se incorporan por primera vez en el ordenamiento europeo las reestructuraciones forzadas a la deuda aplicable por categorías. Por categorías se entiende cada clase de acreedores, esto es: acreedores privilegiados, acreedores ordinarios, acreedores subordinados, accionistas, etcétera. Valga decir, que los trabajadores pueden ser otra categoría o que los distintos acreedores con privilegio especial sobre activos distintos también serían categorías distintas.

La propuesta no sólo contempla la posibilidad de vincular a los acreedores disidentes al plan de reestructuración aprobado por su misma categoría (art. 9 de la propuesta), incluso permite que un plan de reestructuración sea vinculante para una categoría que no haya aprobado éste (art. 11 de la propuesta). Es decir, hay dos formas de vincular a un acreedor disidente: (i) que la mayoría de acreedores de su categoría apruebe el plan y (ii) que su misma categoría de acreedores no haya aprobado el plan pero éste sea forzoso en virtud del art. 11 de la propuesta).

Para la aprobación de un plan de reestructuración que no vincula a acreedores de una categoría disidente (es decir, cuando todas las categorías afectadas han aprobado el plan), los tres requisitos básicos para su homologación son:

  • Adopción del plan con las mayorías (cada estado miembro deberá fijar la mayoría, que no podrá ser superior al 75%) y procedimiento aplicable (art. 9 de la propuesta).
  • El plan cumpla la prueba de interés superior de los acreedores (esto significa que ningún acreedor reciba más en caso de liquidación).
  • La nueva financiación es necesaria para el plan y no perjudica injustamente los intereses de los acreedores.
  • El plan sea razonablemente viable.

Tras regular los planes de reestructuración ordinarios del art. 9 y 10 de la propuesta, el art. 11 contempla las reglas específicas aplicables a los planes de “reestructuración forzada de la deuda aplicable a todas las categorías”. En este caso, además de los cuatro requisitos ya vistos, también hay que cumplir con los dos siguientes:

  • El plan sea aprobado por al menos una categoría de acreedores afectados que no se corresponda con acreedores que no hubiesen recibido nada en caso de liquidación (cada estado miembro podrá decidir si incrementar el número de categorías mínimas, de modo que no sea suficiente con sólo una).
  • El plan cumpla con la regla de la prioridad absoluta (según la cual ningún acreedor puede recibir más del 100% del valor de su crédito ni puede cobrar antes respecto del rango que le corresponde).

Un efecto relevante que resulta de la propuesta es que la valoración de la empresa concursada pasa a ser un elemento aún más importante para los procedimientos de insolvencia. Esto se debe a que los socios/accionistas pueden ser una categoría de acreedores que permita aprobar una reestructuración forzada de la deuda aplicable a todas las categorías. Para ello es necesario que el valor fijado a la empresa sea superior a los créditos, de modo que estos recibirían algo con la liquidación. Si bien, este no es un caso habitual, pues normalmente acreedores subordinados y accionistas no reciben nada, su aplicación en reestructuraciones preventivas (previas a la declaración de concurso de acreedores), sí podría devenir un caso más o menos habitual en la práctica. Otro efecto relevante es la importancia de identificar bien las distintas categorías de acreedores, en tanto cómo se realice esta división de acreedores un plan de reestructuración podría ser o no aprobado.

En definitiva, la propuesta introduce un nuevo régimen marco en la reestructuración de las empresas en dificultades, creando un régimen más complejo pero también más acorde con los intereses económicos afectados. Además, con el nuevo régimen si una categoría de acreedores propone una solución más eficiente puede lograr que su propuesta de plan se imponga al resto de categorías sin su probación. Si este nuevo régimen se aprueba, se prevé que las empresas puedan lograr más y mejores planes de reestructuración, así como facilitar las operaciones de distress M&A.

Además, una vez aprobada esta directiva habrá que esperar, también, a la transposición que haga cada Estado miembro de la misma, de modo que dependiendo de cada estado los planes de reestructuración podrán ser más o menos flexibles y fáciles de alcanzar.

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