El pasado 29 de octubre se aprobó la Ley 7/2012 de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y la lucha contra el fraude.

Entre otras medidas, esta Ley establece que, a partir del pasado  19 de noviembre de 2012 no podrán realizarse pagos en efectivo en operaciones realizadas por empresarios y profesionales cuyo importe supere los 2.500€. Se exceptúan a la limitación general de 2.500€ las operaciones cuyo pagador sea una persona física que justifique que no tiene domicilio fiscal en España, y que no actúa como empresario o profesional, en cuyo caso se amplía el importe límite a 15.000€.

De la lectura de esta regulación nos podemos cuestionar entre otras, las siguientes preguntas:

¿A quién le afecta esta obligación?

Cuando se actúe en calidad de empresario o profesional no podrán pagarse o cobrarse en efectivo las operaciones en las que intervengan y superen la cifra de 2.500€.

Para que estemos ante una operación sujeta a la mencionada limitación, deberá intervenir en la transacción, al menos, un empresario o profesional, por lo que esta medida no afectará a los pagos por servicios entre particulares, pero sí a autónomos y empresas. Tampoco se aplicará esta limitación a los pagos e ingresos realizados en entidades de crédito.

¿Qué se entiende por operaciones?

Si se adquieren bienes distintos se entenderá que son operaciones individualizadas. Si éstas se refiere a los mismos bienes o a bienes que se encontraban directamente relacionadas, y el cliente las separase con la intención de fraccionar una única operación, se sumarían los importes.

Las facturas recapitulativas mensuales que a veces realizan las empresas, si se refieren a varias operaciones, cada una tendrá su límite, debiendo probarlo el empresario. No obstante  si es un contrato de suministro o de tracto sucesivo, se considerará una sola operación aunque recoja varias entregas.

¿Qué se entenderá por efectivo?  

Serán los pagos que se hagan:

a)      En moneda, tanto nacional como extranjera.
b)      Los cheques bancarios al portador.
c)       Cualquier otro medio físico, incluido  los electrónicos, concebidos para ser utilizados como medio de pago al portador.

¿Cómo se computan los pagos?

El pago se debe referir a una operación, de tal forma que si se fracciona el pago, y  aquélla supera la cifra de 2.500€ se estará dentro de la limitación. Es decir no se podrían hacer dos pagos de 2.000€ para hacer efectiva una factura de 4.000€.  

También se vulneraría la prohibición si una parte se paga en efectivo y otra mediante transferencia bancaria, si el moto supera los 2.500€.

¿Cómo se acredita el pago?

Las empresas deberán conservar los justificantes de pago durante 5 años, para acreditar cómo se hizo, cuando superen los 2.500€.

¿Qué consecuencia trae incumplir la obligación?

El incumplimiento de estas medidas supondrá una sanción del 25% del importe del pago realizado en efectivo, que será exigible tanto al pagador como al receptor del pago. Se podrá exigir a los dos de forma solidaria. Se exonera de sanción a la parte que intervenga en la operación si denuncia ante la AEAT, dentro de los 3 meses siguientes a la fecha del pago efectuado en incumplimiento de la limitación, la operación realizada, su importe y la identidad de la otra parte que hubiera intervenido. Si se presenta con posterioridad, se tendrá por no formulada.

Está sanción es compatible con otras sanciones tributarias, si el empresario no ha declarado la venta,

¿Es deducible el gasto generado por el pago de la factura?

El incumplimiento de la limitación a los pagos en efectivo no impide la deducibilidad del gasto y de la cuota soportada, si cumple los requisitos materiales y formales para ser deducible

¿Cuándo prescriben las infracciones?

El período de prescripción de la infracción es de 5 años, desde el día en que se cometió la misma.

Es evidente que esta nueva obligación impulsada por el Estado comportará una limitación al tráfico monetario fuera de los circuitos financieros, y que conllevará problemas para las empresas y un incremento de la litigiosidad. El tiempo quitará o dará razones si es efectiva dicha normativa.

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