Es obligado iniciar el presente escrito concretando que, de conformidad a la reciente jurisprudencia de nuestros tribunales de Justicia, el domicilio de las personas jurídicas está especialmente protegido.

En concreto, y según ha establecido nuestro Tribunal Supremo, la citada protección deriva del artículo 18.2 de la Constitución española, y alcanza a cualquier lugar de la empresa en el que se encuentre información reservada a conocimiento de terceros, como puede ser la información con trascendencia tributaria, y por ello, para el registro de estos lugares, por imposición de nuestra Carta Magna, la Inspección requiere autorización judicial.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que la protección no alcanza a aquellas partes del domicilio social que son de acceso abierto al público en general.

Según todo ello, recomendamos, ante una posible actuación sorpresiva de la inspección de los tributos, instruir debidamente al personal situado en la recepción del domicilio de su empresa.

Así pues, sería conveniente, a los anteriores efectos, recordar a dicho personal la obligación de que:

  • De forma inmediata, avisen a las personas responsables de la sociedad para que dichas personas atiendan debidamente a la inspección, y contacten con los especialistas de nuestra firma.
  • Que ante una actuación de este tipo, deben manifestar al personal inspector que no tienen capacidad para autorizar su entrada ni el inicio de sus actuaciones inspectoras, y que las preceptivas autorizaciones, en su caso, serán dadas por una persona responsable.

Jordi Rovira Esteve
Responsable del Departamento Fiscal
AGM Abogados

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