Law

Gonzalo Quiroga Sardi
Socio Área Procesal Civil y Recuperación de Impagados
AGM Abogados – Madrid

Hoy se ha publicado en el B.O.E. la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Entre otras reformas de calado, quizás la que más afecta al recobro de cantidades es la que se establece en su Disposición Final Primera, que modifica el artículo 1964 del Código Civil en su apartado segundo, que a partir de ahora tendrá la siguiente redacción:

“2. Las acciones personales que no tengan plazo especial prescriben a los cinco años desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación. En las obligaciones continuadas de hacer o no hacer, el plazo comenzará cada vez que se incumplan.”

De este modo, el plazo para poder reclamar un pago, en cuanto a obligación, se reduce a 5 años en lugar de los 15 años que constituían el plazo de prescripción hasta esta reforma.

Este nuevo plazo será solamente de aplicación a las obligaciones que nazcan con posterioridad a la entrada en vigor de la reforma, las que se hubiesen constituido con fecha anterior seguirán teniendo un plazo de prescripción de 15 años, pues la propia norma prevé, en su disposición transitoria quinta, que a las obligaciones anteriores a su entrada en vigor se aplique el artículo 1939 del Código Civil.

Ello ha dulcificado la reforma, que en un primer borrador del proyecto de Ley preveía que el nuevo plazo se aplicase a todas las obligaciones, anteriores o posteriores a la Ley, lo que hubiese supuesto la necesidad de reclamar de golpe todas las deudas pendientes so pena de perder la posibilidad de hacerlo.

También se ha suavizado el texto inicial del borrador en el sentido de que el plazo de prescripción es susceptible de ser interrumpido por los mismos medios que hasta la fecha, posibilidad que en un primer momento se quiso erradicar.

En definitiva, después de esta reforma, nada cambia salvo la reducción del plazo que hemos de tener en cuenta para iniciar la reclamación de las obligaciones pendientes para evitar que prescriba nuestra acción para hacerlo.

Ver artículo publicado en Gestores de Riesgo y Morosidad el pasado 8 de octubre de 2015:

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