El pasado 31 de octubre entró en vigor en nuestro país la Ley 37/2011 de Medidas de Agilización Procesal por medio de la cual se reforman algunos preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En el orden penal, la citada reforma de nuestra ley procesal penal estaba siendo muy demandada al objeto de resolver algunos interrogantes en la determinación del régimen procesal aplicable a las personas jurídicas, quienes a raíz de la última reforma operada en el Código penal pueden ser consideradas sujetos penalmente responsables. La citada reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal posibilita cómo debe llevarse a cabo el procesamiento de una persona jurídica en el caso de que la misma sea imputada por incurrir en el art. 31 bis del Código penal.

Las novedades más relevantes en esta materia podemos resumirlas en las siguientes:

a) Se introduce el art. 14 bis de la LECrim para determinar la competencia para el enjuiciamiento de la persona jurídica.

El órgano competente en este caso será el mismo al que correspondería enjuiciar a la persona física que hubiera cometido el delito, cuando la competencia objetiva se establezca con relación a la gravedad de la pena.

b) El ejercicio del derecho de defensa y la declaración de la persona jurídica imputada se regulan en 3 nuevos artículos, como son el 119, 120 y 409 bis.

La persona jurídica imputada será citada en su domicilio social para que designe un representante de la misma, así como a un abogado y a un procurador. Si no se designara a ningún representante, el proceso puede continuar frente a su letrado y su procurador.

La primera comparecencia que se practique lo será para comunicar al representante de la persona jurídica los hechos delictivos que se le imputan. La declaración judicial en calidad de imputada de la persona jurídica se tomará al representante especialmente designado acompañado de abogado.

La declaración irá dirigida a la averiguación de los hechos y a la participación en ellos de la entidad imputada y de las demás personas que también hubieran podido intervenir en su realización. En cuanto a las disposiciones generales, se aplicarán las previstas para la declaración de los procesados en los art. 385 a 409 bis de la LECrim, siempre y cuando no sean incompatibles con la presente reforma incluidos los derechos a guardar silencio, a no declarar contra sí misma y a no confesarse culpable. No obstante, la incomparecencia de la persona especialmente designada por la persona jurídica para su representación determinará que se tenga por celebrado este acto, entendiéndose que se acoge a su derecho a no declarar.

c) Con relación a las medidas cautelares, entradas y registros, se introduce el art. 544, quater y se añade el apartado 4.º del art. 554 LECrim.

Una vez se haya imputado a la persona jurídica, se podrán adoptar las medidas cautelares establecidas en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código penal. La medida se acordará previa petición de parte y celebración de vista, a la que se citará a todas las partes personadas. El auto que decida sobre la medida cautelar será recurrible en apelación, cuya tramitación tendrá carácter preferente.

d) Celebración del juicio y requisitoria. Se introduce el art. 786 bis de la LECrim, un nuevo apartado 8 del art. 787 y un nuevo art. 839 bis.

En el juicio oral la persona jurídica podrá estar representada por un representante que designe, por lo que se deduce que no es preceptiva la presencia del representante en el acto de la vista y que el mismo puede ser una persona física distinta que la nombrada en fase de instrucción. La persona física que declare en nombre de la persona jurídica que represente tendrá los mismos derechos que cualquier imputado, siendo por otro lado incompatible la condición de representante de la persona jurídica y la de testigo.

Es importante señalar que la incomparecencia del representante designado no impedirá la celebración del juicio, que continuará con la presencia del abogado y del procurador.

Para el caso de una posible conformidad de la persona jurídica, será el representante con poder especial a tal efecto el que la preste. Esta conformidad no vinculará al resto de acusados pudiendo continuar el juicio contra éstos, lo cual es coherente con el principio de presunción de inocencia de los acusados que decidan no conformarse.

Por último, señalar que la persona jurídica imputada únicamente será llamada mediante requisitoria cuando no haya sido posible su citación para el acto de primera comparecencia por falta de un domicilio social conocido. La requisitoria de la persona jurídica se publicará en el Boletín Oficial del Estado y, en su caso, en el Boletín Oficial del Registro Mercantil o en cualquier otro periódico o diario oficial relacionado con la naturaleza, el objeto social o las actividades del ente imputado.

Javier Trenado Seara
Responsable Dpto. Penal
AGM Abogados – Barcelona

2015 AGM Abogados | Creado por Metro Design | B&MS Group

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí. Clicando cualquier enlace de esta página entendemos que consiente su uso. Quiero saber más.

ACEPTAR
Aviso de cookies
X