Este verano ha sido aprobado por el Parlamento Europeo el Reglamento nº 650/2012, de 4 de julio, publicado en el DOUE el 27 de julio (Serie L 201/107), con entrada en vigor el pasado 16 de agosto, y que ha de poner fin a los conflictos que esta materia ocasionaba, por la disparidad de criterios existentes en las diferentes normativas de los estados miembros, en las sucesiones transfronterizas. Sin embargo, cabe adelantar que solo será de aplicación a las sucesiones abiertas a partir del 17 de agosto de 2015.

Ha sido largo el camino de este Reglamento que se inició ya en 1998 con el Plan de Acción de Viena. En 2004 el Programa de La Haya fijaba 10 prioridades entre las que se encontraba la materia sucesoria y al año siguiente conocíamos el Libro verde de sucesiones y testamentos. Tras varias reuniones y consultas que tuvieron lugar entre 2006 y 2008, el 14 de octubre de 2009 la Comisión Europea adoptó la propuesta de Reglamento, que, tras un periodo de modificaciones y enmiendas se aprobó el 1 de marzo de 2012, derivando en el Reglamento nº 650/1012, de 4 de julio.

Esta normativa nace con la vocación de poner fin a los problemas existentes hasta el momento y ocasionados en las sucesiones transfronterizas, es decir, en aquellos supuestos en los que una persona había generado relaciones con un estado miembro, bien por tener en él su residencia o tener bienes en el mismo, estado del que no era nacional. En estos supuestos se planteaban dudas como conocer cuál debía ser la ley aplicable y sus puntos de conexión (ley nacional, ley de residencia o ley situación bienes inmuebles), libertad de elección del causante de la ley por la que debía regirse su sucesión, falta de reconocimiento de las decisiones y documentos, procesos largos con resultados inciertos y costes elevados, y determinación de los tribunales competentes.

Su ámbito de aplicación se va a ceñir a las sucesiones transfronterizas y tiene por objeto homogeneizar dentro de los países miembros el punto de conexión para determinar la ley aplicable y asegurar el reconocimiento de la condición de heredero, legatario, administrador o ejecutor de la herencia. Cada zona con derecho foral propio se considerará, a efectos de este Reglamento, como un estado. En cumplimiento de lo previsto en el art. 61 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, este Reglamento trata de garantizar la compatibilidad de conflictos de leyes y de competencia, así como establecer medidas destinadas a facilitar el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia de sucesiones y testamentos. Sin embargo, no se aplicará a Dinamarca, Irlanda y Reino Unido.

No es aplicable a la ley material y excluye expresamente materias como cuestiones fiscales, aduaneras y administrativas, derecho de familia, derecho de alimentos, derecho de sociedades, desaparición y ausencia, y naturaleza de derechos reales y su publicidad, en particular el funcionamiento del registro de la propiedad y los efectos de la inscripción o no inscripción en dicho registro.

En materia de competencia para conocer de cuestiones sucesorias, no va a privar de las competencias que tienen los Notarios, por lo que dentro del término tribunales deberá entenderse incluidos a los Notarios.

Este reglamento toma como punto de conexión la RESIDENCIA HABITUAL del causante, pero deja abierta la puerta a la ley nacional autorizando al causante para elegir que sea ésta, su ley nacional, la que deba regir su sucesión. La dificultad puede venir ocasionada por el hecho de tener que determinar que deba entenderse por residencia habitual. Supuestos en los que el causante tenga la familia y bienes en un estado y se traslade a otro por cuestiones profesionales, pueden generar valoraciones contradictorias a la hora de determinar cual deba ser su residencia habitual. También podrían suscitarse otras situaciones complejas cuando el causante haya residido en diversos estados alternativamente o viajado de un estado a otro sin residir permanentemente en ninguno de ellos. Si el causante fuera nacional de uno de dichos estados o tuviera sus principales bienes en uno de ellos, la nacionalidad de aquel o la localización de dichos bienes podrían constituir un factor especial en la evaluación general de todas las circunstancias objetivas.

Prevé también el Reglamento la posibilidad que tiene la autoridad que sustancie la sucesión para llegar a concluir que la ley aplicable a la sucesión no sea la ley del estado de residencia habitual del causante, sino la ley del estado con el que el causante tenga un vínculo más estrecho.

Otra gran novedad de este Reglamento es la creación del certificado sucesorio europeo, documento público que sirve de prueba de la condición de heredero o legatario y sus derechos, así como de los poderes de los administradores y ejecutores de la voluntad testamentaria. Aunque no sustituye a los certificados nacionales, circula libremente y es reconocido de manera automática. Este certificado no es obligatorio, lo que supone que aquellas personas que tengan derecho a solicitarlo, no estén obligados a ello sino que puedan probar el contenido de su derecho por otros medios que el Reglamento también pone a su alcance, como  resoluciones o transacciones judiciales. No obstante, la obtención del mismo facilitará la prueba de su derecho ante organismos de otro estado miembro como por ejemplo para poder inscribir bienes en el Registro de la Propiedad.

Estos días de vacaciones todas las webs de Derecho Internacional se han hecho eco de esta novedad legislativa, apareciendo las primeras valoraciones en torno al contenido del Reglamento que han elogiado sus virtudes, pero sobre el que también han llovido sus primeras críticas. Como decíamos al principio, los estados tienen 3 años para adaptar sus legislaciones y nosotros el mismo tiempo para poder ir viendo su desarrollo.

Araceli Beltrán García
Responsable Dpto. Civil
AGM Abogados – Barcelona

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