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Gonzalo Quiroga Sardi
Socio Área Procesal Civil y Recuperación de Impagados
AGM Abogados – Madrid

Uno de los supuestos más habituales en los que el administrador o consejero de una sociedad, anónima o limitada puede verse obligado a responder personalmente de las deudas sociales, se produce cuando existen pérdidas contables constitutivas de causa de disolución (aquellas que hacen que el patrimonio neto sea inferior a la mitad del capital social escriturado) y, aun a pesar de conocer este hecho, deja transcurrir más de 2 meses sin cumplir sus obligaciones legales, a saber: convocar junta de accionistas en la que se acuerde subsanar la causa de disolución o, alternativamente, acordar la disolución y liquidación de la sociedad o la declaración de concurso. Además de esto, si la Junta no acordase ninguno de estos acuerdos deberá ponerlo en conocimiento del Juzgado para que sea el órgano jurisdiccional quien decida sobre si procede o no la disolución societaria.

En caso de no cumplir esta obligación en el plazo de 2 meses, y a modo de sanción civil, se establece directamente, sin tener en cuenta cuál era la intención del administrador o si existía dolo o culpa en su incumplimiento, la responsabilidad patrimonial personal de éste respecto a las cantidades impagadas por la sociedad con posterioridad a la causa de disolución.

En 2008, ante la acometida de la crisis económica y sobre todo ante la repentina depreciación de los bienes inmuebles, con el pretexto de dotar de mayor liquidez a las empresas pero con la finalidad de evitar que un alto porcentaje de las compañías mercantiles de este país se viesen inmersas en causa de disolución derivada de la citada devaluación inmobiliaria se estableció mediante Real Decreto Ley 10/2008 se estableció que a los efectos de determinar si existen pérdidas contables determinantes de causa de disolución de la sociedad “no se computarán las pérdidas por deterioro reconocidas en las cuentas anuales, derivadas del Inmovilizado Material, las Inversiones Inmobiliarias y las Existencias o de préstamos y partidas a cobrar.”

Este precepto, aprobado inicialmente con carácter anual, ha sido revalidado anualmente todos los años desde entonces hasta el 2015, en el que se ha decidido que la citada Disposición Adicional Única no continúe siendo aplicable. De este modo, los administradores o consejeros de sociedades mercantiles han de revisar si dejando de aplicar los criterios del RDL 10/2008 sus compañías se encuentran o no en causa contable de disolución.

Ver artículo publicado en Gestores de Riesgo y Morosidad el pasado 7 de julio de 2015:

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