Julio Menchaca Vite
Abogado Área Corporate
AGM Abogados – Barcelona

“ si las empresas españolas quieren continuar haciendo negocios con Francia, tendrán que contar, y sobre todo, demostrar que cumplen con ciertos estándares de compliance. Y no hay mejor forma de demostrar estos estándares que con un modelo eficaz de prevención de delitos, que si puede estar certificado conforme a la reciente UNE 19601, mejor aún. “

En un mundo globalizado en donde todos los días tienen lugar transacciones internacionales que involucran múltiples jurisdicciones, es necesario conocer las diferentes normativas y regulaciones que nos afectan.

En materia de compliance ya es usual hablar de la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) americana, o la Bribery Act británica. Sin embargo, ahora las empresas españolas con intereses en Francia tendrán que añadir a la lista la Ley Sapin II, que es la Ley de transparencia, lucha contra la corrupción y modernización de la vida económica, cuya entrada en vigor fue el 01 de junio de este año.

La ley, que se enfoca en la corrupción, tráfico de influencias, extorsión, toma ilegal de intereses, malversación de fondos públicos y favoritismo, impone obligaciones a las empresas francesas dependiendo de su tamaño. A las que tengan más de 50 empleados, les exige a contar con un canal de denuncias, y a las que cuenten con una facturación de más de 100 millones de euros y más de 500 empleados les obliga a implementar ocho medidas:

  1. Implantación de un código de conducta con aplicación a todos los miembros de la compañía.
  2. Implantación de un canal de denuncias para comunicar cualquier incumplimiento.
  3. Realización de un análisis o mapa de riesgos.
  4. Establecer procedimientos de due diligence con terceros, como clientes, proveedores e intermediarios.
  5. Procedimientos de control contable, interno o externo, diseñados para asegurar que los libros, registros y cuentas no se utilicen para ocultar la corrupción o el tráfico de influencias.
  6. Dar formación a los empleados más expuestos al riesgo detectado.
  7. Establecimiento de procedimientos disciplinarios.
  8. Establecimiento de un sistema de evaluación interna de las medidas aplicadas.

Pero ¿cómo afecta lo anterior a las empresas españolas?

Primeramente a las filiales de las empresas francesas que se encuentren en España, que tendrán que adoptar las políticas de compliance de su matriz. De igual forma afectará a las filiales en Francia de empresas españolas,  que tendrán que cumplir con las mencionadas ocho medidas. Todo esto sólo cuando se cumplan con las dimensiones de empleados y facturación que ya se explicaron.

No obstante, creemos que el punto que realmente afectará a las empresas españolas es el establecido en el número 4. Nos referimos a los procedimientos de due diligence que las empresas comenzarán a practicar sobre sus clientes, proveedores e intermediarios.

El impacto será grande pues son innumerables las empresas que de alguna de estas tres formas interactúan con empresas francesas. Es más, de acuerdo con el ICEX, Francia es el primer socio comercial de España, pues las exportaciones a aquel país suponen un 15,1%, mientras que las ventas de Francia son de 11,1% de las importaciones españolas.

Por lo tanto, si las empresas españolas quieren continuar haciendo negocios con Francia, tendrán que contar, y sobre todo, demostrar que cumplen con ciertos estándares de compliance. Y no hay mejor forma de demostrar estos estándares que con un modelo eficaz de prevención de delitos, que si puede estar certificado conforme a la reciente UNE 19601, mejor aún.

Es por ello que hacemos hincapié en la necesidad de contar con sistemas de compliance, ya no sólo para evitar la responsabilidad penal de la empresa, sino como un requisito que se está convirtiendo en indispensable para poder permanecer y competir en el mercado.

Para leer el artículo en la web de Expansión puede hacerlo mediante el siguiente enlace:

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Este artículo fue publicado también en el reconocido portal legal francés Village de la Justice:

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