Con más de 7 meses de retraso y ante el temor de una nueva sanción por parte de las autoridades europeas por el incumplimiento del plazo previsto en la Directiva 2009/109/CE, el nuevo ejecutivo se ha dado prisa en dictar otro Real Decreto-Ley que, recordemos, es un tipo de norma que no pasa por el Parlamento antes de su entrada en vigor y que se suele utilizar, con sospechosa frecuencia, por todos los gobiernos con mayoría absoluta.

Las modificaciones realizadas por el Real Decreto-Ley 9/2012, de 16 de marzo, afectan a 2 normas, la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Modificaciones Estructurales, siendo el objetivo de dichas modificaciones ambicioso y variado, a saber:

  • Fomentar el uso de las nuevas tecnologías en las comunicaciones corporativas.
  • Eliminar el requisito del informe de experto independiente en determinados casos de aportaciones no dinerarias.
  • Simplificar los procedimientos establecidos para la fusión y la escisión eliminando requisitos de documentación.
  • Reforzar la tutela de los socios y acreedores en dichos procedimientos.

Asimismo, hay que destacar la iniciativa del ejecutivo de aprovechar esta norma para introducir algunas aclaraciones que la doctrina y operadores demandaban por ser objeto de controversia continua con los Registradores Mercantiles, así como para corregir algunos errores de referencias a normas que ya no se encontraban en vigor. Este gesto debe ser aplaudido por un mercado muy acostumbrado a convivir con las lagunas y las inconsistencias del legislador.

Sin embargo, como no podía ser de otra manera, la reforma genera nuevas dudas y nuevas contradicciones que trascienden del mero plano doctrinal. En este sentido, se amplían los costes de las fusiones y escisiones en las que participe una sociedad anónima, al exigir en todos estos casos informe de experto independiente. Por otro lado, los Registros Mercantiles han manifestado ya sus dudas sobre la interpretación de la nueva redacción del art. 42 de la Ley de Modificaciones Estructurales, ya que no tienen claro si la posibilidad de adoptar el acuerdo de fusión sin necesidad de publicar o depositar previamente los documentos exigidos por la ley y sin necesidad de emitir el informe de los administradores sobre el proyecto de fusión exime a la sociedad de aportar dicha documentación en un estadio posterior del procedimiento. Y el Registro Mercantil, ante la duda, suele ser muy conservador. Veremos si no se acaba desvirtuando la reforma por esta vía.

En definitiva, estamos ante una nueva modificación del derecho societario que soluciona algunos problemas, pero que genera otros que, cómo no, deberán ser corregidos en una próxima reforma.

Carlos Martínez Lizán
Responsable Área M&A-Capital Riesgo (Dpto. Mercantil)
AGM Abogados – Barcelona

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