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“En este tipo de visados que implican negocios jurídicos debe atenderse de manera especial a la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y su reglamento de desarrollo publicado el pasado mes de mayo.”

Mª Eugenia Blasco Rodellar
Directora Área Inmigración
AGM Abogados

El Secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, acaba de ofrecer los últimos  datos sobre el número de visados concedidos al amparo de la Ley 14/2013 de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización. Uno de los objetivos de dicha ley es facilitar la llegada de inversores a España mediante la concesión de visados y autorizaciones de residencia. Según el Secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, cada vez se conceden más visados. Hasta el momento, se han facilitado un total de 3.266 visados que se reparten entre 285 concedidos a inversores, 802 a trabajadores altamente cualificados, 153 a investigadores y otros 63 a emprendedores extranjeros que quieren implantarse en España, estas concesiones implican la captación de 497 millones de euros, 218 millones de euros del total proceden de inversiones en bienes inmuebles, mientras que 226 millones han sido captados a través de programas de emprendedores. “Esto es ponerle fácil las cosas a quien quiera invertir en España”, aseguró el Secretario de Estado en su comparecencia ante los medios. No obstante poner fácil las cosas no significa reducir los controles en cuanto a seguridad se refiere. Además de los habituales controles para comprobar que la persona extranjera que solicita un visado carece de antecedentes penales o incluso la consulta a los servicios de seguridad del Estado para verificar que no exista un informe policial desfavorable; en este tipo de visados que implican negocios jurídicos debe atenderse de manera especial a la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y su reglamento de desarrollo publicado el pasado mes de mayo.

El Reglamento parte de la base de que el blanqueo de capitales es un fenómeno global que debe recibir por tanto un tratamiento coordinado entre los distintos Estados de forma también globalizada. En este sentido el “riesgo” asume una trascendental importancia, debiendo ser analizado por los sujetos obligados, “haciendo un mayor hincapié en aquellas situaciones, productos y clientes que presentan un nivel de riesgo superior”. La normativa establece unos sujetos obligados a evaluar el análisis de este nivel de riesgo, moderando o intensificando las medidas de diligencia debida según las características concretas del cliente y la operación. Los sujetos obligados por esta normativa que estén implicados en las operaciones cuyo objetivo es la obtención de un visado, y que en consecuencia tienen responsabilidad incluso penal en caso de infracción son:

  • Las entidades de crédito.
  • Las empresas de servicios de inversión.
  • Las sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo.
  • Los auditores de cuentas, contables externos o asesores fiscales.
  • Los promotores inmobiliarios y quienes ejerzan profesionalmente actividades de agencia, comisión o intermediación en la compraventa de bienes inmuebles.
  • Los notarios y los registradores de la propiedad.
  • Los abogados, procuradores u otros profesionales independientes cuando participen en la concepción, realización o asesoramiento de operaciones por cuenta de clientes relativas a la compraventa de bienes inmuebles.

Este férreo control añadido a las restricciones que algunos países tienen con el fin de evitar la fuga de capitales, por ejemplo en el caso de China, en ocasiones retrasa e incluso imposibilita la materialización de algunas inversiones, no obstante es importante entender que el control no puede eludirse, al menos no sin la posibilidad de encontrarnos con graves consecuencias como ha sucedido recientemente en algunos países con leyes similares pero una exigencia de control del riesgo menor. Los inversores chinos, en concreto, mostraban frecuentemente preferencia por el mercado luso frente al español debido a las facilidades que encontraban en ese país.

En estos días hemos sido testigos a través de los medios de comunicación de la detención de 11 personas  por las autoridades portuguesas en el marco de una investigación por corrupción vinculada a la atribución de visados de inversores, 5 de los cuales han sido puestos bajo arresto preventivo. Entre los sospechosos retenidos, figuran un hombre de negocios chino y el director de la Policía de fronteras, Manuel Jarmela Palos, además, quedaron en la misma situación el director del Instituto de registro de actas notariales, Antonio Figueiredo; la secretaria general del Ministerio de Justicia, María Antonia Anes; y un director de empresa luso. Según la prensa portuguesa, otros 2 ciudadanos chinos habían sido arrestados y liberados tras ser interrogados por el juez de instrucción. Este caso ha provocado la renuncia del ministro de Interior Miguel Macedo. Más allá de las responsabilidades penales de estas personas las consecuencias de esta investigación pueden ir más allá y perjudicar finalmente al inversor que haya obtenido ya un visado, dado que la normativa prevé la revocación de visados y permisos obtenidos fraudulentamente, por lo que si finalmente se prueba esa concesión fraudulenta de visados los ciudadanos que los han obtenido pueden verlos revocados incluso sin que se consideren implicados directamente en la trama penal que se investiga.

La reflexión que todo ciudadano debería hacer antes de elegir el destino de su inversión cuando su objetivo es obtener una residencia a largo plazo es la de qué debe prevalecer, el camino rápido y fácil pero cargado de riesgos o la garantía y tranquilidad del trabajo bien hecho, en AGM Abogados no tenemos dudas.

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