Acciones de recobro de las aseguradoras en el procedimiento penal

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Miguel Noriega Díaz

Hay ocasiones en que a los abogados nos encomiendan la defensa de los intereses de una compañía de seguros en el recobro de siniestros donde el asegurado es víctima de un delito que le ha producido un perjuicio económico o menoscabo en su patrimonio y estos hechos, a su vez, tienen cobertura al amparo de una póliza de seguros en vigor. Piénsese, por ejemplo, en un delito de estafa llevado a cabo por un trabajador para sustraer dinero a un cliente del asegurado estando en vigor una póliza de responsabilidad civil profesional que cubre la infidelidad de empleados o en un accidente de tráfico con infracción grave de las normas de circulación a raíz del cual se ocasionan además de lesiones del art. 147.1 CP, importantes daños materiales a las instalaciones o equipos del asegurado, estando en vigor una póliza todo riesgo daño material.

En estos casos, la compañía deberá responder frente a su asegurado, que a la vez es víctima de un delito, hasta el límite económico y según condiciones fijadas en la póliza. Tras ello, la aseguradora podrá repetir frente al responsable de los hechos por el importe de la indemnización satisfecha, ex art. 43 de la Ley del Contrato de Seguro (LCS) y también, no olvidemos, frente a las compañías aseguradoras que pudieran cubrir las responsabilidades civiles en que pudieran incurrir dichos responsables, principalmente en supuestos de aseguramiento obligatorio.

En estos supuestos donde a raíz del siniestro se incoa un procedimiento penal, a nuestro entender para llevar a cabo una adecuada defensa encaminada al futuro recobro del siniestro tras el pago de la indemnización al asegurado, es fundamental la actuación letrada de parte desde la misma fase de instrucción. Con ello se puede intervenir y conocer el contenido de las diligencias de investigación que el Juez de Instrucción pudiera acordar para el esclarecimiento de los hechos, sus circunstancias, la autoría y las posibles consecuencias para los autores del delito, tanto penales como civiles, donde se delimitarían las responsabilidades económicas derivadas del ilícito penal cometido. Y ello con independencia de la actuación del Ministerio Fiscal que pudiera ejercer la acusación pública pues, en la práctica, difícilmente se llega a advertir su presencia en dicha fase de instrucción, acudiendo únicamente “al reclamo” del escrito de acusación.

La concreción correcta en fase de instrucción de las circunstancias del siniestro, así como el posible perjuicio económico, -al que por otro lado tendrá que hacer frente la compañía de seguros a favor de nuestro asegurado al amparo de la cobertura de la póliza suscrita-, es de suma importancia, pues ello será fundamental para ejercitar con las debidas garantías de éxito las acciones de recobro vía repetición, ya sea en el propio procedimiento penal o ante la jurisdicción civil, si se hiciera la correspondiente reserva de acciones.

Ahora bien, ¿puede la aseguradora del perjudicado también personarse en un procedimiento penal? ¿en qué condición? ¿podría actuar como acusación particular una vez satisfecha la indemnización a su asegurado?

Debemos partir de dos principios que rigen nuestro proceso penal:

  1. El único capaz de ejercitar la acción penal como acusación particular es el perjudicado (directamente) por un delito.
  2. En un procedimiento penal sin el ejercicio de la acción penal no se puede ejercitar y ventilar la acción civil. Entonces ¿qué opciones le quedan a la compañía aseguradora?

La aseguradora del perjudicado únicamente podrá actuar en el procedimiento penal como actor civil y, por tanto, siempre que previamente justifique tanto su condición de aseguradora del perjudicado como el pago de la indemnización a éste, que hará sustentar la subrogación en la posición de su asegurado y, recordemos, únicamente en el supuesto de que se ejercite la acción penal en el propio procedimiento. Si la acusación no ejercita la acción penal, la compañía no podrá “actuar” y deberá acudir a la jurisdicción civil para ejercitar la acción de repetición frente al responsable.

Como ya hemos visto, la mejor opción sin duda para los intereses de la aseguradora del perjudicado de un delito sería intervenir “activamente” en la primera fase de investigación de los hechos en el seno del procedimiento penal que se llevará a cabo en la fase de instrucción, pero ello solo será posible en un primer momento yendo “de la mano de su asegurado”, es decir, con una personación del perjudicado en el procedimiento. En una incipiente fase de instrucción la personación como actor civil en la práctica no suele ser posible pues en ese momento tan inicial, no se ha abonado indemnización alguna al asegurado y por tanto no existiría uno de los elementos necesarios para la subrogación legal de la compañía en la posición de su asegurado.

En este punto se requerirá la “colaboración” del asegurado, cabe recordar la obligación de éste de llevar a cabo todas las actuaciones posibles para no perjudicar el derecho de recobro de su aseguradora. Cierto es que en ese momento inicial suele existir una colaboración “innata” de todo asegurado que tiene pendiente tanto la declaración de cobertura de un siniestro como el posterior cobro (más o menos inmediato) de la indemnización derivada del mismo. Y es que será en esta fase de instrucción donde se cimentará la determinación de las causas y las responsabilidades de los intervinientes en los hechos investigados, así como probablemente la cuantía de los perjuicios irrogados al perjudicado con la intervención en muchos casos de peritos judiciales. Ello posibilitará al final de dicha fase, el pago de la indemnización al asegurado y, por tanto, la personación de la compañía en legal forma en el procedimiento como actor civil. Posteriormente ya en las fases intermedia y de juicio oral, se sostendría frente a los acusados y sus responsables civiles, la acción civil por los daños y perjuicios derivados del ilícito penal cometido, con todos los medios de prueba a nuestro alcance.

Cierto es que, en supuestos de cierta relevancia económica o complejidad, sobre todo a la hora de llevar a cabo la valoración de los daños materiales ocasionados, la práctica nos lleva a afirmar que el perjudicado (y su aseguradora) habitualmente hacen expresa reserva de las acciones civiles en el procedimiento penal, en orden a acudir a una posterior reclamación ante la jurisdicción civil frente a los responsables y sus aseguradoras. En ese procedimiento ante el orden jurisdiccional civil se ventilarán las responsabilidades económicas de los hechos que fueron objeto de instrucción o enjuiciamiento ante la jurisdicción penal. En estos casos toma especial relevancia, como a nadie se le escapa, la fijación de unos “hechos probados” en las resoluciones dictadas en la vía penal que servirán para acreditar las circunstancias, la autoría y las responsabilidades en el origen del siniestro, que limiten de facto el objeto de discusión del procedimiento civil únicamente al quantum reclamado que, en muchos casos, se verá sustentado en informes de expertos peritos según la materia, sean peritos de parte o judiciales.

En conclusión y dejando a un lado las manifestaciones fundadas en la práctica forense, debemos afirmar que, como así ratifica nuestro Tribunal Supremo (TS), cuando la entidad aseguradora tenga concertado un contrato de seguro con el perjudicado por el delito y satisfaga cantidades en virtud de tal contrato, sí puede reclamar frente al responsable penal en el seno del proceso penal que se siga contra el mismo, como actor civil, subrogándose en la posición del perjudicado. Y ello significa que la compañía aseguradora carecería por tanto de legitimación para acusar criminalmente al responsable de los hechos.

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