Análisis del "caso Juana Rivas"

Análisis del “caso Juana Rivas”

Javier Trenado Seara, Abogado área Penal. AGM Abogados

 

Hace unos días los medios de comunicación se hicieron eco de la sentencia dictada por el Juzgado Penal nº 1 Granada contra Juana Rivas por la que se la condena a 5 años de prisión (2 y medio por cada uno de sus dos hijos menores de edad), 6 años de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad sobre los mismos y a abonar una indemnización de 30.000€ por el daño moral causado a su ex pareja, el italiano Francesco Arcuri.

 

Este caso se inició en mayo de 2016 cuando Juana Rivas viajó a Granada con sus hijos desde Italia donde convivía con su entonces pareja, el italiano Francesco Arcuri. Ese viaje lo hizo Rivas con un billete de vuelta a Italia para mes y medio que nunca llegaría a utilizar. En junio de ese año denunció haber sufrido malos tratos físicos y psicológicos por parte de su pareja durante su estancia en Italia y en agosto le comunicó al padre de sus dos hijos que ni ella ni los niños volverían a Italia.

 

Es entonces cuando el progenitor presentó una denuncia por sustracción internacional de menores. Así las cosas, mientras la denuncia por malos tratos contra él no avanzaba, la de él contra ella por sustracción lo hizo con cierta rapidez. En diciembre de 2016 un auto judicial obligaba a Juana Rivas a entregar a sus hijos a su padre para que volvieran a su residencia habitual con anterioridad a la sustracción, en este caso Italia. Juana Rivas apeló esta decisión pero en abril la Audiencia de Granada ratificó que debía entregar los niños a su padre. Tras sucesivos incumplimientos de esta última resolución judicial por parte de la madre, el 26 de julio de 2017 se fijó mediante auto la tercera fecha de entrega de los menores en el que se instaba a la policía a actuar si no se producía la entrega. La noche anterior, Rivas y sus dos hijos desaparecieron y no se presentaron al punto de encuentro al día siguiente con el padre. Finalmente, y ya a finales de agosto, Rivas reapareció y entregó a los niños a su padre que viajó con ellos a Italia donde actualmente conviven los tres.

 

Posiblemente a un sector de la sociedad le parecerá especialmente dura esta sentencia, y no faltarán personas que se manifestarán no sólo en defensa de la Sra. Rivas sino para criticar con dureza la resolución judicial. Quizás tampoco faltarán voces que reclamen la modificación del Código Penal para evitar que puedan repetirse fallos como el presente.

 

Sin embargo, con el Código Penal en la mano, parece que los hechos por los que se ha condenado a Juana Rivas encajan en el tipo penal previsto en el artículo 225 bis del citado texto. El mismo, castiga con pena de prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad al progenitor que sin causa justificada para ello sustrajere a su hijo menor de edad. El mencionado precepto define qué debe considerarse por sustracción, y una de sus modalidades se refiere al traslado de un menor de su lugar de residencia sin consentimiento del progenitor con quien conviva habitualmente. Resulta evidente que Juana Rivas, por los motivos que fueran y sin consentimiento del padre, trasladó a sus hijos menores de edad de su lugar de residencia que era Italia donde convivían todos.

 

Si bien Juana Rivas puede recurrir esta sentencia ante la Audiencia Provincial de Granada, en este momento me viene a la memoria la expresión latina, originaria del Derecho romano, “dura lex sed lex” que podría traducirse como la ley es dura pero es la ley.



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