El estado de alarma por Covid-19 en los contratos de tracto sucesivo: cláusula rebus sic stantibus

Miquel Morales Sabalete, responsable área Civil. AGM Abogados.

 

Una aproximación a las recientes Sentencias del Tribunal Supremo de 6 de marzo de 2020 y 18 de julio de 2019 que abordan esta doctrina legal

 

Desde una perspectiva económica, la declaración del estado de alarma por la emergencia sanitaria del Covid-19 ha supuesto el sometimiento de una gran parte de la economía de nuestro país a lo que podríamos llamar un “coma inducido”.

 

Por un lado, este coma inducido viene dado por la severa restricción de la libertad de circulación de las personas, que no pueden salir y comprar otros productos que no sean los indispensables para su sustento y los productos o tratamientos médicos o sanitarios que precisen.

 

Por otro lado, esa situación se apoya en la suspensión de una gran cantidad de actividades comerciales, hostelería, restauración, ocio, salas de fiestas, venta al público de todo tipo de productos no considerados como de primera necesidad, escuelas y centros de formación, gimnasios y todo tipo de locales destinados a la práctica deportiva, teatros, cines, eventos deportivos “de pago”, locales recreativos, etc. Suspensión que no es otra cosa que una radical prohibición, transitoria, del desarrollo de la libertad de empresa en todos esos ámbitos de nuestra economía.

 

De este modo, toda la fuerza de arrastre que hace que nuestro sistema económico fluya, que parte del consumo de cada uno de nosotros, como homo oeconomicus[1] que somos, ha quedado de golpe interrumpida. Por decreto. Literalmente.

 

Los consumidores no compran ni van a los centros de ocio, los comerciantes y prestadores de esos servicios no compran a sus proveedores, estos no lo hacen a sus mayoristas o fabricantes y así todo. El dinero ha dejado de circular.

 

Todas estas empresas, desde el comercio más pequeño que podamos imaginar a la mayor de las multinacionales del mundo, componen un vasto, complejo, interconectado y globalizado ecosistema capitalista de consumo, a modo de gigantesca maquinaria de relojería.

 

Un reloj con varias “complicaciones” -en términos relojeros-, pues todos aquellos empresarios están, a su vez, vinculados por otros engranajes, financieros y tributarios, a bancos y administraciones públicas, que también giran por razón de dicha interconexión, mediante la extracción parte del dinero que aquellos obtienen y su posterior reintroducción de dicho dinero derivado hacia otros elementos de la maquinarias que, con mayor o peor eficiencia y con mayor o menor justicia social, retroalimentan nuevamente y hacen crecer todo este gran engranaje que constituye la economía actual.

 

El eje y sostén legal que mantiene bien alineados los engranajes de este enorme mecanismo en funcionamiento, no es otro que el de millones de contratos a los que los juristas denominamos contratos de tracto sucesivo[2].

 

Como ejemplo de este tipo de contratos podemos citar los contratos de suministro continuado de productos, transporte de estos productos, depósito, servicio logístico, distribución, mantenimiento y reparación de maquinaria, arrendamiento, etc.

 

Una vez el Gobierno ha obturado mediante el “tapón” del art. 116.2 de la Constitución el curso del dinero que hace que el reloj pueda marcar adecuadamente los tiempos y el pulso de la economía, todas las piezas de su maquinaria quedan trabadas y pierden su engarce, una tras otra, retorciéndose sobre sus ejes en tan brusca parada.

 

Los contratos se resienten, los plazos de entrega no pueden cumplirse, los stocks de producto no tienen salida, los transportes quedan interrumpidos, los almacenes no dan abasto, las fábricas paran la producción, los trabajadores tienen que volver a sus casas.

 

Los contratos son hijos de su tiempo, de un momento, de unas circunstancias económicas y de mercado concretas y han sido concebidos por unas determinadas previsiones que, por muy concienzudamente analizadas que hayan sido y por muy generosa que sea la horquilla de su viabilidad, pueden perder su razón de ser última si se produce un cambio de excepcional e imprevisto calado en las circunstancias externas que rodean su proceso vital.

 

Y ello, habida cuenta la notoria imposibilidad del ser humano[3] de prever toda la infinitud de eventos que pueden afectar a la vida de dichas relaciones negociales.

 

En el caso que esas circunstancias excepcionales e imprevistas (i) se produjeran durante la vida del contrato esto es, de manera sobrevenida, que (ii) sean ajenas a la voluntad y a la acción o la inacción de cualquiera de las partes, que (iii) puedan considerarse imprevisibles para las partes al tiempo de la celebración de aquel contrato y que (iv) además, impidan que el contrato cumpla con su finalidad última para una o ambas partes, que no es otra que la de satisfacer a la concreta finalidad económica que las condujo a suscribirlo[4], considerando unos determinados rangos o márgenes de equilibrio frente a la contraparte, la mayoría de nosotros convendremos que no es justo mantener la estricta literalidad de las condiciones contractuales previamente establecidas en unas condiciones y circunstancias muy diferentes.

 

Esta convención, este general acuerdo que alcanzaríamos en el sentido de lo que acabo de indicar, no es algo que hayamos inventado ni descubierto ahora.

 

En la antigua Roma ya era algo bastante pacífico y aceptado que los acuerdos convencionales están para cumplirlos -lo contrario se opone frontalmente a la concepción de la civitas[5]-, pero que están para cumplirlos siempre que se mantenga un cierto estado de cosas.  Toda acción tiene su reacción, su excepción diríamos en Derecho y, en consecuencia “pacta sunt servanda”, pero siempre que “rebus sic stantibus”.

 

Uno de los primeros ejemplos empleados, nada menos que por Cicerón, para sostener esta idea era el del abogado que, habiéndose comprometido frente a su cliente a defenderle ante en un determinado caso, se vio obligado a desligarse de su profesional y ético compromiso frente a su cliente ante la súbita e sobrevenida grave enfermedad de su primogénito[6].

 

Tal y como hemos referido en dos artículos recientemente publicados en la web AGM Abogados[7] la doctrina “rebus” ha de sernos de mucha utilidad para que todas las obligaciones de pago y demás prestaciones contractuales afectadas por el estado de alarma motivado por el microscópico enemigo de cuyo nombre no quiero acordarme.

 

Como muy acertadamente se expone en la Sentencia 455/2019 del Tribunal Supremo (Sala 1ª, de lo Civil), de 18 de julio:

 

“…la conexión entre interpretación de contrato y la doctrina de la «rebus sic stantibus» es muy estrecha, porque de lo que se trata es de determinar si, en función de la naturaleza del contrato y de lo acordado por las partes, resulta ya una distribución de los riesgos a la que deba estarse.

En primer lugar, según la doctrina jurisprudencial de la «rebus sic stantibus», la alteración de las circunstancias que puede provocar la modificación o, en último término, la resolución de un contrato, ha de ser de tal magnitud que incremente de modo significativo el riesgo de frustración de la finalidad del contrato. Y por supuesto, es preciso que tales circunstancias sobrevenidas fueran totalmente imprevisibles para los contratantes (sentencia del pleno 820/2012, de 17 de enero de 2013). Es condición necesaria para la aplicación de la regla «rebus» la imprevisibilidad del cambio de circunstancias. Si las partes han asumido expresa o implícitamente el riesgo de que una circunstancia aconteciera o debieron asumirlo porque, en virtud de las circunstancias y/o naturaleza del contrato, tal riesgo era razonablemente previsible, no es posible apreciar la alteración sobrevenida que, por definición, implica lo no asunción del riesgo (recientemente sentencia 5/2019, de 9 de enero). No puede hablarse de alteración imprevisible cuando la misma se encuentra dentro de los riesgos normales del contrato (sentencias 333/2014, de 30 de junio, 64/2015, de 24 de febrero, y 477/2017, de 20 de julio, entre otras).”

 

Dada mi doble condición de ser humano y de abogado, no soy capaz de imaginar un momento más indicado que el presente para la aplicación de la doctrina rebus, doctrina, anudada al art. 1258 del Código Civil[8] para, a su través, intentar evitar la resolución, automática o no, y la pérdida de viabilidad económica de tantos y tantos contratos para que, conservándolos mediante los retoques transitorios que sean necesarios, las relaciones económicas preexistentes al virus puedan mantenerse después de Él.

 

Una recientísima Sentencia del Tribunal Supremo, concretamente la Sentencia número 156/2020, de 6 de marzo, (Sala 1ª, de lo Civil), de la que ha sido Ponente mi admirado el Ilmo.  Magistrado Don Ignacio Sancho Gargallo, nos puede ayudar en estos momentos tan duros y difíciles al establecer, con cita expresa de la Sentencia que acabo de referir, aun para no aplicarla en el caso enjuiciado, que:

 

«(…) según la doctrina jurisprudencial de la rebus sic stantibus, la alteración de las circunstancias que puede provocar la modificación o, en último término, la resolución de un contrato, ha de ser de tal magnitud que incremente de modo significativo el riesgo de frustración de la finalidad del contrato. Y por supuesto, es preciso que tales circunstancias sobrevenidas fueran totalmente imprevisibles para los contratantes (sentencia del pleno 820/2012, de 17 de enero de 2013).

Es condición necesaria para la aplicación de la regla «rebus» la imprevisibilidad del cambio de circunstancias. Si las partes han asumido expresa o implícitamente el riesgo de que una circunstancia aconteciera o debieron asumirlo porque, en virtud de las circunstancias y/o naturaleza del contrato, tal riesgo era razonablemente previsible, no es posible apreciar la alteración sobrevenida que, por definición, implica lo no asunción del riesgo (recientemente sentencia 5/2019, de 9 de enero). No puede hablarse de alteración imprevisible cuando la misma se encuentra dentro de los riesgos normales del contrato (sentencias 333/2014, de 30 de junio, 64/2015, de 24 de febrero, y 477/2017, de 20 de julio, entre otras)».

El cambio de estas características que, bajo las premisas que establece la jurisprudencia, podría generar un supuesto de aplicación de la regla de la rebus sic stantibus es más probable que se dé en un contrato de larga duración, ordinariamente de tracto sucesivo. Pero no en un supuesto, como el presente, de contrato de corta duración, en el que difícilmente puede acaecer algo extraordinario que afecte a la base del contrato y no quede amparado dentro del riesgo propio de ese contrato.”

 

El momento presente puede servirnos a todos, abogados incluidos, para tomar conciencia de lo pequeños que somos y lo frágiles que son nuestras sociedades, nuestras reglas y convenciones, públicas o privadas.

 

En este momento, todos los abogados nos plantearemos internamente por qué, siendo la doctrina rebus una “mera” elaboración jurisprudencial que tradicionalmente se ha aplicado de manera restrictiva, no incluimos habitualmente, como cláusula “de estilo”, en todos los contratos, una cláusula que prevea, en aras a la conservación del contrato –favor negotii- que inspira todos los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno.

 

Por mi mesa han pasado en estos casi veinticinco años de ejercicio, contratos de todo tipo, origen y condición, y podría, haciendo memoria, contar con los dedos de mis manos los contratos que recogen expresamente ese compromiso de las partes de negociar de buena fe la modificación de los términos y condiciones de sus recíprocas prestaciones en el caso de que acontezca una situación imprevista e imprevisible; ello en aras a tratar conservar la pervivencia del contrato, a pesar de las circunstancias, adaptándolo en términos prácticos y de buena fe para evitar que ninguna de las partes se vea perjudicada y que la fructífera y pacífica relación pueda superar el envite del destino a la espera de tiempos mejores.

 

Naturalmente, esta doctrina puede servir también para resolver los contratos cuya finalidad queda frustrada por estas imprevisibles circunstancias que alteran gravemente el estado de cosas, pero aquí nos hemos centrado y queremos centrarnos en la idea de que las partes, si quieren, pueden mantener su relación contractual actuando de buena fe y negociando con esa buena fe, de manera franca y directa con la otra parte, estableciendo, por escrito, eso siempre, los mecanismos transitorios que han de servir para atravesar este desierto de liquidez, hasta que el reloj vuelva a ponerse en funcionamiento…

 

…Y por mi mente a cada momento pasan todos nuestros compatriotas que sufren, directa o indirectamente, sobre su salud o la de sus seres queridos o de sus pacientes, esta maldita enfermedad, con el deseo que acabe tanto dolor, tanto temor y tanta tristeza; por lo que termino este escrito dirigiendo una vez más, mis pensamientos, hacia todos ellos.

 

Mucho ánimo y mucha fuerza en estos días duros y extraños.

 

Si tienes dudas o quieres ampliar información, ponte en contacto con nosotros.

 

Entérate de todos los cambios legislativos derivados de la declaración del estado de alarma por el COVID-19, que afectan a empresas y personas, haciendo clic aquí.

 

[1] Oxford Reference define al “economic man” the rational agent depicted in economic models. Such an agent has consistent and stable preferences; he is entirely forward-looking, and pursues only his own self-interest. When given options he chooses the alternative with the highest expected utility for himself. It is controversial whether this figure is realistic, and if not, how much that matters to economic theory.
[2] Un contrato de tracto sucesivo es aquel que vincula a las partes por una relación estable en el tiempo en virtud de la cual se mantiene la obligación de una prestación o la realización de sucesivas prestaciones de la misma naturaleza, a diferencia de los contratos de tracto único, cuyo cumplimiento se agota en una sola ocasión (una compraventa o una permuta).
[3] Especie dentro de la cual comúnmente se entiende incluida a los abogados que conciben dichos contratos y a la que pertenezco.
[4] Y que no es otra que la de obtener una razonable contrapartida económica o expectativa de obtención de un beneficio -en dinero o en la especie que fuere- sin la cual ese contrato se convierte para ella en una carga inútil y excesiva.
[5]  Civitas, entendida como un grupo social cuya cohesión se basa en el consenso de la ley. Este consenso que trata de impedir el imperio del caos o de la “ley de la selva”, que no puede regir en nuestro derecho por mor de los principios de buena fe, de confianza legítima, de “alterum no laedere” y de la obligación de que cada uno de nosotros, en los contratos y fuera de ellos, debiéramos, por principio, ser coherente con nuestros precedentes propios actos en evitación de cualquier perjuicio para un tercero, principios todos ellos que se desprenden de lo dispuesto en el art. 7 del Código Civil y que se encuentran desperdigados en nuestro ordenamiento jurídico en un espeso ramillete acrisolado de normas que cimientan nuestro sistema jurídico; sistema de origen absolutamente romano.
[6] Marco Tulio Cicerón, De officiis I,10: Pero se producen a veces circunstancias en que lo aparentemente más digno de un hombre justo y del que llamamos varón bueno se altera por completo y se torna lo contrario, como devolver un depósito, hacer una promesa; y a veces pasa a ser justo cambiar las tornas y no respetar cuestiones relacionadas con la verdad y la lealtad. Es adecuado remontarse a los que al principio he establecido como fundamentos de la justicia: primero, que no se dañe a nadie; después, que sirva para provecho general. Cuando estos se ven afectados por una circunstancia, se ve afectado el deber y no permanece siempre idéntico. Pues puede suceder que sea inútil cumplir alguna promesa y pacto, bien a quien se prometió, bien al que hizo la promesa.
[7] www.agmabogados.com/cumplimiento-contratos-empresas-proveedores-covid-19/
www.agmabogados.com/estado-alarma-suspension-actividades-contratos-arrendamiento/
[8] Art. 1258 Código Civil: Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley.


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