Medidas en materia de contratos públicos para paliar las consecuencias del Covid-19

Medidas en materia de contratación pública para paliar las consecuencias del Covid-19

Ana Gratacós Grau, abogada área Civil, AGM Abogados.

 

Teniendo en cuenta las dificultades de la situación excepcional generada por el Covid-19 en la que nos encontramos inmersos, el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, adopta una serie de medidas para paliar sus efectos, entre ellas, unas medidas en materia de contratación pública.

 

A tal efecto, se establecen medidas para evitar los efectos negativos sobre el empleo y la viabilidad empresarial derivados de la suspensión de contratos públicos, impidiendo la resolución de contratos públicos por parte de todas las entidades que integran el sector público y evitar que el Covid-19 y las medidas adoptadas por el Estado, las comunidades autónomas o las entidades que integran la Administración local y todos sus organismos públicos y entidades de derecho público tengan un impacto estructural negativo sobre esta parte del tejido productivo.

 

Para evitar que el Covid-19 y las medidas adoptadas por el Estado, las CCAA o la Administración local para combatirlo puedan dar lugar a la resolución de contratos del sector público se prevé un régimen específico de suspensión o ampliación, según el caso, en el artículo 34 del RD-Ley 8/2020 de 17 de marzo de 2020, que pasamos a analizar:

 

I. En los contratos públicos de servicios y de suministros de prestación sucesiva celebrados por las entidades pertenecientes al Sector Público cuya ejecución devenga imposible como consecuencia del Covid-19 o por las medidas establecidas adoptadas para combatirlo, quedarán automáticamente suspendidos desde que se produzca la situación de hecho que impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse.

 

Para que esta medida tenga efecto el contratista deberá solicitarlo al órgano de contratación y éste acordarlo en el plazo de 5 días. Transcurrido este plazo sin notificación expresa al contratista, esta se entenderá desestimada. En la solicitud se deberá reflejar: las razones por las que la ejecución del contrato ha devenido imposible; el personal, las dependencias, los vehículos, la maquinaria, las instalaciones y los equipos adscritos a la ejecución del contrato en ese momento; y los motivos que imposibilitan el empleo por el contratista de los medios citados en otro contrato.

En estos casos de suspensión del contrato público, siempre y cuando el contratista solicite y acredite fehacientemente su realidad, efectividad y cuantía; el organismo público deberá abonar los siguientes daños y perjuicios al contratista:

      • Los gastos salariales abonados en el periodo de suspensión.
      • Los gastos por mantenimiento de la garantía definitiva, relativos al periodo de suspensión.
      • Los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos relativos al periodo de suspensión del contrato, adscritos directamente a la ejecución del contrato, siempre que el contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos durante la suspensión del contrato.
      • Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro previstas en el pliego y vinculadas al objeto del contrato que hayan sido suscritas por el contratista y estén vigentes en el momento de la suspensión del contrato.

 

Se entenderá que la prestación puede reanudarse cuando el órgano de contratación notifique al contratista el fin de la suspensión por haber cesado las circunstancias o medidas que vinieran impidiendo.

 

II. En los contratos públicos de servicios y suministros distintos de los referidos anteriormente, cuando el contratista incurra en demora en el cumplimiento de los plazos previstos en el contrato como consecuencia del Covid-19, y éste ofrezca el cumplimiento de sus compromisos si se le amplía el plazo inicial o la prórroga en curso, el órgano de contratación se lo concederá.

 

El contratista debe solicitar la ampliación del plazo y el órgano de contratación lo concederá siempre que se determine que el retraso se ha producido como consecuencia del Covid-19. La ampliación del plazo será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. En estos caos no procederá la imposición de penalidades al contratista ni la resolución del contrato y el contratista tendrá derecho al abono de los gastos salariales adicionales en que hubiera incurrido como consecuencia del tiempo perdido con motivo del Covid-19, hasta el límite máximo del 10% del precio inicial del contrato. Señalar que, al igual que en el caso anterior, se procederá a dicho abono previa solicitud y acreditación fehaciente de la realidad, efectividad y cuantía por el contratista de dichos gastos.

 

III. En los contratos públicos de Obras, se podrá solicitar la suspensión del contrato desde que se produjera la situación de hecho que impide su prestación y hasta que dicha prestación se pueda reanudar.

 

Para que esta medida tenga efecto el contratista deberá solicitarlo al órgano de contratación y éste lo acordará en su caso en el plazo de 5 días. Transcurrido este plazo sin notificación expresa al contratista, esta se entenderá desestimada.

La solicitud de suspensión deberá reflejar: las razones por las que la ejecución del contrato ha devenido imposible; el personal, las dependencias, los vehículos, la maquinaria, las instalaciones y los equipos adscritos a la ejecución del contrato en ese momento; y los motivos que imposibilitan el empleo por el contratista de los medios citados en otro contrato.

Los contratos que tuviesen prevista la finalización de su plazo de ejecución entre el 14 de marzo, fecha de inicio del estado de alarma, y durante el periodo que dure el mismo, y que no se pueda entregar la obra por la situación creada por el Covid-19, el contratista podrá solicitar una prórroga en el plazo de entrega final siempre y cuando ofrezca el cumplimiento de sus compromisos pendientes si se le amplía el plazo inicial.

Acordada la suspensión o ampliación del plazo, sólo serán indemnizables los siguientes conceptos:

      • Los gastos salariales abonados en el periodo de suspensión siempre que se cumplan los requisitos que establece la normativa.
      • Los gastos por mantenimiento de la garantía definitiva, relativos al periodo de suspensión.
      • Los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos relativos al periodo de suspensión del contrato, adscritos directamente a la ejecución del contrato, siempre que el contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos durante la suspensión del contrato y su importe sea inferior al coste de la resolución de tales contratos de alquiler o mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos.
      • Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro previstas en el pliego y vinculadas al objeto del contrato que hayan sido suscritas por el contratista y estén vigentes en el momento de la suspensión del contrato.

 

Este reconocimiento del derecho a las indemnizaciones y resarcimientos de daños y perjuicios tendrá lugar siempre y cuando el contratista adjudicatario fehaciente acredite que se cumplen las siguientes condiciones:

      • Que el contratista principal, los subcontratistas, proveedores y suministradores que hubiera contratado para la ejecución del contrato estuvieran al corriente del cumplimiento de sus obligaciones laborales y sociales, a fecha 14 de marzo de 2020.
      • Que el contratista principal estuviera al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de pago a sus subcontratistas y suministradores en los términos previstos en los artículos 216 y 217 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, a fecha 14 de marzo de 2020.

 

IV. En los contratos públicos de concesión de obras y concesiones de servicios, la situación de hecho creada por el Covid-19 y las medidas adoptados para combatirlo darán derecho al concesionario a restablecimiento del equilibrio económico del contrato mediante, según proceda en cada caso, la ampliación de su duración inicial hasta un máximo de un 15% o mediante la modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato.

 

Solo se procederá a dicha compensación previa solicitud y acreditación fehaciente de la realidad, efectividad e importe por el contratista de dichos gastos y cuando se aprecie la imposibilidad de ejecución del contrato.

 

 

Por ultimo señalar que estas medidas no serán de aplicación en ningún caso a los siguientes contratos:

 

a) Contratos de servicios o suministro sanitario, farmacéutico o de otra índole, cuyo objeto esté vinculado con la crisis sanitaria provocada por el Covid-19.

b) Contratos de servicios de seguridad, limpieza o de mantenimiento de sistemas informáticos.

c) Contratos de servicios o suministro necesarios para garantizar la movilidad y la seguridad de las infraestructuras y servicios de transporte.

d) Contratos adjudicados por aquellas entidades públicas que coticen en mercados oficiales y no obtengan ingresos de los Presupuestos Generales del Estado.

 

 

 

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