El Covid-19 y los contratos públicos suscritos por residencias de mayores

Miguel Noriega Díaz, Socio área Civil. AGM Abogados

 

Fuera del ámbito estrictamente privado, las residencias de mayores pueden desarrollar su actividad al amparo de un contrato de gestión de servicios públicos, bien como concesionarias, bien como adjudicatarias de plazas de residentes mediante concierto público con financiación total o parcial de las mismas. Ello nos lleva a plantearnos la incidencia económica del Covid-19 sobre unos contratos públicos relativos a una actividad, recordemos, “intervenida” por el Gobierno.

 

En el marco del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma y con el objetivo de proteger a la población más vulnerable de la infección por Covid-19, se dictaron las Órdenes del Ministerio de Sanidad 265/2020 de 19 de marzo y 275/2020 de 23 de marzo, relativas a medidas organizativas para la atención sanitaria de los residentes afectados por el Covid-19 y de quienes conviven con ellos. Además, la actividad de las residencias ha debido adecuarse a los protocolos de prevención y control de la infección, publicados por el Ministerio de Sanidad, así como con la numerosísima normativa que cada Comunidad Autónoma hubiera podido publicar en cada territorio.

 

A nadie se le escapa que todo ello ha tenido una notable incidencia económica en las residencias, quienes han tenido que hacer frente a unos costes imprevisibles para poder desarrollar su actividad, impuestos por la Administración y necesarios para la supervivencia de los residentes y de su personal. Ello ha supuesto para los Centros un notorio desequilibrio económico en los contratos públicos suscritos en su momento, donde evidentemente no se preveía la prestación del servicio público de atención a mayores en una situación de pandemia mundial como la que desgraciadamente estamos sufriendo.

 

En el marco legal de la ejecución de los contratos públicos rige el principio en virtud del cual la ejecución de los mismos se realiza a riesgo y ventura del contratista (art. 197 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público).

 

Ahora bien, dicho principio es matizado por la propia norma, art. 290 de la citada Ley, en el supuesto de contratos de concesión de servicios como el que nos ocupa ahora, así como también ha sido interpretado por la Jurisprudencia, en el sentido de que dicho principio debe modularse cuando se alteran las condiciones que sirvieron para fijar el contrato, estableciendo mecanismos encaminados a mantener el “equilibrio económico del contrato”, pudiendo reconocerse al contratista el derecho a ser compensado por una elevación de costes, por ejemplo, en la gestión del servicio público, como sería el supuesto que ahora nos ocupa.

 

Por tanto, el principio de riesgo y ventura se ha atemperado en supuestos donde circunstancias imprevistas en el contrato suscrito, han dado lugar a una alteración de las condiciones previstas por aquel. Además, la Jurisprudencia viene reconociendo la derogación del principio de riesgo y ventura del contratista en virtud de la aplicación de los principios “rebus sic stantibus”, el enriquecimiento injusto y del riesgo imprevisible. Por tanto, uno de los supuestos recogidos expresamente a tales efectos, es el supuesto de “Fuerza Mayor.

 

Parece lógico pensar que todos aquellos centros de mayores que desarrollan su actividad al amparo de un contrato de gestión de servicio público y que a raíz del Covid-19 han sufrido un perjuicio económico efectivo por el sobrecoste que la pandemia les ha supuesto en la prestación del servicio, estarían facultados para iniciar un expediente de reequilibrio económico frente a la Administración, pues ese perjuicio excedería de su deber de asunción de riesgo y ventura.

 

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