El Tribunal Supremo aclara cuál es el plazo de prescripción de la acción de responsabilidad por deudas (y no es ninguno de los que se manejaban hasta ahora)

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La acción de responsabilidad por deudas del artículo 367 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) frente al administrador societario ha resultado ser un mecanismo altamente útil para dar solución a aquellos acreedores que ven sus créditos impagados por una sociedad que no dispone de recursos económicos y, por tanto, no va a poder liquidar su deuda, ni tan siquiera tras obtener una sentencia condenatoria e interponer la correspondiente demanda de ejecución forzosa de la sentencia.

El sentido del referido precepto es relativamente sencillo, pretende que un órgano de administración “poco diligente” responda personalmente por las deudas sociales si se dan ciertos requisitos, lo que en muchos casos aumenta las probabilidades de cobro de un crédito de forma significativa.

Concretamente, la Ley prevé que el administrador responda de las deudas sociales cuando, tras registrar pérdidas en su cuenta de resultados que dejen reducido el patrimonio neto por debajo de la mitad del capital social, no procedan en el plazo de 2 meses desde que el administrador conoce o debería conocer esa situación de desbalance patrimonial a convocar la correspondiente Junta General de Socios para corregir o revertir dicha situación, aprobar un acuerdo de disolución de la sociedad o solicitud de concurso de acreedores o, en caso de que no se apruebe ninguno de estos acuerdos por los socios, promueva el propio administrador la disolución judicial.

Bien es cierto que la Jurisprudencia se ha pronunciado sobre determinadas situaciones que podrían eximir al administrador de la responsabilidad por deudas, como es el conocimiento de la situación de insolvencia por parte del acreedor cuando éste es a su vez socio de la mercantil deudora, o el hecho de que el administrador haya tomado medidas efectivas para corregir la situación de desbalance patrimonial, aunque éste finalmente no vuelva a la normalidad. En todo caso el administrador deberá probar estas situaciones eximentes, y el tribunal valorar si son suficientes para eximirle de responsabilidad. Es por eso por lo que ya no hablamos de una responsabilidad objetiva, sino “cuasi-objetiva”.

No obstante, la novedad que ahora interesa destacar no se refiere a los requisitos y circunstancias que son apreciados por el juez para condenar al administrador a abonar solidariamente la deuda reclamada frente a la sociedad o, en su caso, absolverle, sino al plazo de prescripción de la acción.

Hasta la fecha, han existido dos corrientes doctrinales opuestas que fijaban un plazo común, pero un dies a quo distinto. Por un lado, un sector consideraba que a la acción de responsabilidad por deudas del art. 367 LSC le era aplicable el plazo previsto en el art. 241 bis de la LSC para la acción individual y acción social de responsabilidad contra el administrador, siendo que dicho plazo es de 4 años y se computa desde que la acción pudo ejercitarse. De otra parte se encuentra el sector que consideraba que, al recogerse la acción de responsabilidad por deudas en un capítulo distinto al de la acción individual y acción social de responsabilidad, y considerando que estas acciones tienen una naturaleza distinta a la acción de responsabilidad por deudas, no se le puede aplicar el plazo previsto en el art. 241 bis LSC y, al no disponer de un plazo específico de prescripción de la acción, se le debía aplicar el plazo general para las acciones contra administradores contenido en el art. 949 del CCom. Dicho plazo es de 4 años también, pero se computa desde que el administrador cesa en el cargo, por lo que se extendía de forma notable el plazo para reclamar al administrador en comparación con la primera corriente doctrinal aludida.

Por el momento no existía un criterio uniforme, sino como decíamos, dos corrientes distintas sostenidas por diferentes Audiencias Provinciales y que constituían jurisprudencia menor contradictoria. Por ello, siendo defendibles ambas interpretaciones, y sin un criterio uniforme, lo más prudente a la hora de demandar a un administrador societario por la vía de la acción de responsabilidad por deudas era comprobar a qué doctrina se acogía la plaza en la que se iba a litigar, y así verificar si el Juzgado o, posteriormente, la Audiencia Provincial, podía considerar que la acción estaba prescrita o no.

Así las cosas, recientemente se ha dictado por el Tribunal Supremo (TS) una sentencia de especial relevancia que podrá zanjar este debate (STS nº 1512/2023 de 31 de octubre de 2013). Lo curioso del caso es que la referida sentencia no acoge ninguna de las dos tesis que se planteaban hasta la fecha, sino una distinta.

Esta novedosa resolución de nuestro Alto Tribunal indica que “el plazo de prescripción de la acción de responsabilidad por deudas está ligada necesariamente a la naturaleza de dicha acción” y que dicha acción pretende garantizar los derechos de los acreedores y de los socios, convirtiendo así al administrador en una suerte de fiador de la deuda. A partir de esta premisa, y tras descartar la aplicación de los plazos previstos en el art. 241 LSC y 949 CCom, la Sentencia del TS resuelve finalmente que “el plazo de prescripción del art. 367 LSC es el de los garantes solidarios, es decir, el mismo plazo de prescripción que tiene la obligación garantizada (la deuda social) según su naturaleza dado que la relación entre la sociedad y su administrador responsable es de solidaridad propia, lo que implica también que al administrador responsable le son aplicables los mismos efectos interruptivos de la prescripción que le serian aplicables a la sociedad, y el mismo dies a quo que el de la acción ejercitada.

A juicio de quien redacta este artículo, esta decisión resulta ser la más lógica y acertada, y evita que se genere un desequilibrio entre la sociedad y su administrador, dado que una deuda prescrita para la sociedad podía en determinados casos ser reclamada frente al administrador al no haber transcurrido el plazo de prescripción de la acción de responsabilidad por deudas.

En aplicación de esta nueva doctrina jurisprudencial, en el caso más común de reclamación de facturas entre compañías y/o autónomos por prestación de servicios o suministro de productos, por ejemplo, pasamos de un plazo de prescripción de 4 años, a unos plazos de 3 ó 5 años, según si se aplica el Derecho Civil Catalán o el Derecho Civil Estatal, respectivamente, y el dies a quo se sitúa en el día siguiente a aquel en el que pudo ejercitarse la acción, es decir, el plazo de prescripción inicia al día siguiente del vencimiento de la factura impagada. En otros casos, se deberá atender como hemos dicho al plazo de prescripción de la acción de la cual responde solidariamente el administrador.

A modo de resumen, podemos concluir que esta reciente resolución de nuestro Alto Tribunal proporcionará mayor seguridad jurídica, tanto para el acreedor como para el administrador demandado, siendo este último quien seguramente salga más beneficiado de esta nueva corriente doctrinal, pues en aquellos casos en los que se aplicaba el plazo de prescripción del art. 949 del CCom, el plazo de prescripción se extendía sine die mientras el administrador permaneciese en su cargo.

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