Estado de alarma y régimen sancionador en caso de incumplimiento

Alberto Gonzalez, abogado área procesal. AGM abogados.

 

El Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo por el que se declara en España el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, ha impuesto numerosas restricciones a la libre circulación de las personas, procurando su confinamiento y evitando la concentración de personas a los efectos de disminuir/evita la propagación del virus.

Durante los primeros días de entrada en vigor del citado Real Decreto, hemos podido ver imágenes a través de la televisión o de las redes sociales de ciudadanos que, de manera irresponsable, han tratado de saltarse dichas limitaciones.

 

El citado Real Decreto en su artículo 20, establece la existencia de un Régimen Sancionador en caso de “incumplimiento o resistencia a las órdenes de las autoridades competentes en el estado de alarma”. Dicho artículo efectúa remisión al artículo 10 de la Ley 4/1981 reguladora de la Ley de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio, que indica que “el incumplimiento o la resistencia a las órdenes de la Autoridad competente en el estado de alarma será sancionado con arreglo a lo dispuesto en las Leyes”.

 

¿ A qué Leyes se remite entonces el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo y la Ley 4/1981 reguladora de la Ley de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio?

 

La remisión hay que entenderla referida a cuatro Leyes:

1.- Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
2.- Ley 33/2011 de 4 de octubre General de Salud Pública
3.- Ley 17/2015 de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil
4.- Código Penal.

 

En las tres primeras operan las sanciones en el ámbito administrativo sin perjuicio de las responsabilidades penales en que se pudiera incurrir.
Entre las conductas sancionables, y sin tener las mismas consideración de “numerus clausus”, destacan las siguientes:

 

1.- Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.

 

Infracciones muy graves (Sanciones entre 30.001 y 600.000.-euros)

La celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas quebrantando la prohibición o suspensión ordenada por la autoridad correspondiente por razones de seguridad pública
La negativa de acceso o la obstrucción deliberada de las inspecciones o controles reglamentarios, establecidos conforme a lo dispuesto en esta Ley, en fábricas, locales, establecimientos, embarcaciones y aeronaves.

 

Infracciones graves (Sanciones entre 601 y 30.000.-euros)

La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación.

 

Infracciones leves (Sanciones entre 100 y 600.-euros)

La remoción de vallas, encintados u otros elementos fijos o móviles colocados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para delimitar perímetros de seguridad, aun con carácter preventivo, cuando no constituya infracción grave.

 

2.-Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.

 

Infracciones muy graves
La realización de conductas u omisiones que produzcan un riesgo o un daño muy grave para la salud de la población.
El incumplimiento, de forma reiterada, de las instrucciones recibidas de la autoridad competente, o el incumplimiento de un requerimiento de esta, si este comporta daños graves para la salud.

 

Infracciones graves (Sanciones entre 3001 y 60.000.-euros)
La realización de conductas u omisiones que puedan producir un riesgo o un daño grave para la salud de la población, cuando ésta no sea constitutiva de infracción muy grave.
La denegación de apoyo, auxilio o colaboración a los agentes de la autoridad sanitaria.
El incumplimiento de las instrucciones recibidas de la autoridad competente, si comporta daños para la salud, cuando no sea constitutivo de infracción muy grave.
La resistencia o la obstrucción de aquellas actuaciones que fueren exigibles, de acuerdo con lo previsto en esta ley.

 

3.- Ley 17/2015 de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil

 

Infracciones muy graves (Sanciones entre 60.001 y 600.000.-euros)

El incumplimiento de las obligaciones derivadas de los planes de protección civil, cuando suponga una especial peligrosidad o trascendencia para la seguridad de las personas o los bienes.
En las emergencias declaradas, el incumplimiento de las órdenes, prohibiciones, instrucciones o requerimientos efectuados por los titulares de los órganos competentes o los miembros de los servicios de intervención y asistencia, así como de los deberes de colaboración a los servicios de vigilancia y protección de las empresas públicas o privadas¸ cuando suponga una especial peligrosidad o trascendencia para la seguridad de las personas o los bienes.

 

Infracciones graves (Sanciones entre 3001 a 60.000.-euros).
El incumplimiento de las obligaciones derivadas de los planes de protección civil, cuando no suponga una especial peligrosidad o trascendencia para la seguridad de las personas o los bienes.
En las emergencias declaradas, el incumplimiento de las órdenes, prohibiciones, instrucciones o requerimientos efectuados por los titulares de los órganos competentes o los miembros de los servicios de intervención y asistencia, así como de los deberes de colaboración a los servicios de vigilancia y protección de las empresas públicas o privadas, cuando no suponga una especial peligrosidad o trascendencia para la seguridad de las personas o los bienes.

 

4.- Código Penal

 

Los artículos 550 y siguientes del Código Penal recoge los delitos de atentado contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos, y de la resistencia y desobediencia a los mismos.
Se consideran actos de atentados los cometidos contra los sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, o con ocasión de ellas.

 

Los atentados serán castigados con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra autoridad y de prisión de seis meses a tres años en los demás casos. También se imponen las citadas penas cuando dichos delitos se cometen contra un miembro de las Fuerzas Armadas que, vistiendo uniforme, estuviera prestando un servicio que le hubiera sido legalmente encomendado.

Serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses, los que, sin estar comprendidos en el artículo 550, resistieren o desobedecieren gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, o al personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Los que faltaren al respeto y consideración debida a la autoridad, en el ejercicio de sus funciones, serán castigados con la pena de multa de uno a tres meses.

 

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