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Constatado el fin de la moratoria contable tras la negativa a convalidarse el Real Decreto-Ley 16/2025, de 23 de diciembre (popularmente conocido como decreto “Ómnibus”), la moratoria contable que ha venido siendo prorrogada —actualmente por el artículo 6 del Real Decreto-Ley 4/2025 — y conforme a la cual, a los efectos de apreciarse la causa de disolución por pérdidas prevista en el artículo 363.1.e) de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), no se han venido tomando en consideración las pérdidas sufridas en los ejercicios 2020 y 2021, finalizará con el cierre del ejercicio iniciado en el año 2025 (para aquellas empresas cuyo ejercicio se inicia el 1 de enero, el 31 de diciembre de 2025).
De manera que el final de la moratoria conllevará que los administradores deban tomar en consideración las pérdidas sufridas en los ejercicios 2020 y 2021 al cierre del ejercicio iniciado en el año 2025 y, si apreciaran pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, al objeto de cumplir con sus obligaciones legales y evitar incurrir en responsabilidades personales, emplazar a los socios a adoptar distintas medidas legales para salir de causa de disolución o, en su caso, solicitar la declaración de concurso.
Este escenario obliga a los órganos de administración a realizar un análisis riguroso de la situación patrimonial de la sociedad una vez cerrado el ejercicio, ya que la inacción puede derivar en importantes consecuencias legales. En particular, el incumplimiento del deber de convocar junta o de promover las medidas legalmente exigidas puede dar lugar a la responsabilidad solidaria de los administradores por las deudas sociales posteriores al acaecimiento de la causa de disolución, conforme al artículo 367 LSC.
Por ello, resulta esencial anticiparse a esta situación y valorar, caso por caso, las distintas alternativas que ofrece la normativa societaria, tales como operaciones de recapitalización, reducciones o aumentos de capital, modificaciones estructurales o, cuando proceda, la solicitud de concurso, siempre atendiendo a las circunstancias concretas de cada sociedad.
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En AGM Abogados contamos con amplia experiencia asesorando a órganos de administración, tanto para el cumplimiento de sus deberes legales y la evitación de responsabilidades personales, como para la adopción de aquellas medidas legales tendentes a la remoción de la causa de disolución por pérdidas o las que procedan conforme a la situación de la sociedad.
Si tu sociedad se encuentra en esta situación, puedes ponerte en contacto con nuestro equipo para analizar las opciones legales disponibles.
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