La fórmula de la equidad como solución a las discordancias entre el riesgo declarado por el asegurado y la prima del seguro abonada

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Marina López Trigas

El riesgo en el contrato de seguro 

El riesgo es el elemento principal del contrato de seguro, es la razón que justifica su concertación. El contrato de seguro nace de la voluntad del asegurado de neutralizar o diluir un riesgo y de la voluntad de la compañía aseguradora de asumir la obligación de resarcir las consecuencias negativas que se originan cuando el riesgo se convierte en siniestro. 

De este modo, la existencia de un riesgo constituye la condición para que la compañía aseguradora pueda exigir al asegurado el pago de una prima, así como la conversión del riesgo en siniestro constituye la condición para que el asegurado pueda exigir a la compañía la contraprestación con los límites acordados. 

Por lo anterior, precisamente porque el riesgo es un elemento esencial del contrato de seguro, deviene imprescindible que el asegurado realice una declaración leal del mismo para que la compañía pueda aceptar o rechazar la cobertura, así como calcular la prima correspondiente, toda vez que la celeridad del tráfico jurídico, en muchas ocasiones, no permite que las compañías de seguro puedan analizar detalladamente, antes de asumir la obligación de garantizarlo, que el riesgo comunicado por el asegurado sea realmente el correcto.  

En definitiva, el contrato de seguro es un contrato que exige la buena fe entre las partes contratantes, tanto en la fase precontractual de su concertación, como durante su ejecución y, por consiguiente, en la declaración del riesgo y ulterior comunicación de la agravación de este por parte del asegurado. 

La obligación de declarar la agravación del riesgo y las consecuencias de su incumplimiento  

Para garantizar la declaración leal del riesgo, el legislador establece la obligación del asegurado, mediante el art. 11 de la Ley del Contrato de Seguro (LCS), durante la vigencia del contrato, de comunicar a la compañía de seguros, tan pronto como le sea posible, la alteración de los factores y las circunstancias declaradas inicialmente que agraven el riesgo y que sean de tal naturaleza que, si hubieran sido conocidas en el momento de la perfección del contrato, o no se hubiera celebrado, o se habría concluido en condiciones más gravosas.  

Si el asegurado cumple con su obligación, la ley permite a las compañías aseguradoras que, una vez toman constancia real del riesgo existente, puedan modificar las condiciones del contrato de seguro para así restablecer el equilibrio contractual, o incluso rescindir el contrato. 

No obstante, si el asegurado no cumple con su obligación y no comunica la agravación del riesgo, el legislador prevé mediante el art. 12 LCS, que, si el asegurado ha actuado de mala fe, la compañía aseguradora pueda quedar liberada de la obligación contractual; y, si no existe mala fe, que la compañía aseguradora pueda aplicar la reducción proporcional entre la diferencia existente entre la prima convenida y la que se hubiera aplicado de haberse conocido la entidad real del riesgo. Esta reducción proporcional es la llamada “la regla de la equidad”. 

Fórmula de la regla de la equidad 

En virtud de lo anterior, la regla de la equidad es una simple operación aritmética aplicada por las compañías aseguradoras cuando la información que facilita el asegurador sobre el bien asegurado no se corresponde con el riesgo real de dicho elemento, siempre y cuando no medie la mala fe, de manera que la indemnización puede verse reducida proporcionalmente de acuerdo con la relación entre la prima pagada y la que se tuviera que haber abonado. 

Concretamente, la fórmula de la regla de la equidad es la siguiente:  

Prima abonada por el asegurado x Importe de los daños derivados de la conversión del riesgo en siniestro


Prima que debería haber sido abonada teniendo en cuenta las características reales del riesgo

De este modo, la regla de la equidad se configura como un mecanismo legal del que disponen las compañías aseguradoras para poder modular la cobertura del siniestro en aquellos supuestos en los que el riesgo real no corresponde con el riesgo que se había comunicado con carácter previo a la suscripción del contrato, produciéndose una agravación del riesgo discordante con la prima abonada. 

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