La incapacitación Judicial: ¿qué necesitas saber?

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Xavier de Bernat Jiménez

En Derecho, al igual que en otras profesiones, debemos hacernos una serie de preguntas para poder llegar a comprender una idea en su conjunto. Es por ello que siguiendo la tesis de las cinco W’s, más una H, del periodismo (What/Qué, Who/Quién, When/Cuándo, Where/Dónde, Why/Por qué y How/Cómo), analizaremos la figura de la incapacitación judicial.

Desde finales del siglo pasado hasta la actualidad, la esperanza de vida en los países más desarrollados ha experimentado un crecimiento exponencial, todo ello favoreciendo a una mayor longevidad de su población.

La mayor longevidad de la población ha comportado, y comporta, un incremento de las patologías degenerativas que se traduce en un mayor riesgo de sufrir enfermedades neurodegenerativas, y con ello, la necesidad de proteger a los que las padecen. Entre las diferentes figuras que existen en nuestro Ordenamiento Jurídico (conjunto de normas jurídicas que rigen nuestro país) tendentes a la protección de las personas que padecen estas situaciones, está la figura de la incapacitación judicial.

¿Qué debemos entender por incapacitación judicial?

 

La incapacitación judicial es aquél mecanismo legalmente previsto para proteger y complementar la falta de capacidad de aquellas personas que, por causas psíquicas o físicas persistentes, no pueden gobernarse a sí mismas, siendo necesario complementar esa falta de gobierno con un tutor (figura prevista cuando la persona está totalmente imposibilitada para regir su vida y sus actos) o curador (figura prevista cuando la persona es capaz pero requiere de un complemento de capacidad).

¿Quién puede instar una incapacitación judicial?

 

Tanto en el Código Civil común, cómo en el Código Civil catalán, están legitimados para instar judicialmente la incapacitación de una persona: el cónyuge o su pareja de hecho, los descendientes mayores de edad (hijos de la persona que se quiere incapacitar), los ascendientes (padres de la persona que se quiere incapacitar) y los hermanos.

A falta de cualquiera de los familiares indicados anteriormente, la incapacitación deberá ser promovida por el Ministerio Fiscal.

¿Cuándo se recomienda instar la incapacitación judicial?

 

La práctica nos lleva a establecer las siguientes categorías como causas habituales para instar la incapacitación judicial de una persona ante cualquiera de estos síntomas:

  1. Personas que padecen enfermedades mentales graves.
  2. Personas con discapacidad intelectual.
  3. Personas con deterioro cognitivo grave.

¿Dónde debe solicitarse la incapacitación judicial de una persona?

La incapacitación judicial se iniciará mediante la presentación de una demanda (con abogado y procurador) en los Juzgados de Primera Instancia del domicilio del presunto incapaz.

¿Por qué debe solicitarse la incapacitación judicial de una persona?

 

La importancia de esta institución, cuando se dan los requisitos idóneos para incapacitar a una persona, tiene su base, entre otras, en la posibilidad de proteger su patrimonio frente a terceros, en la obtención de ayudas para los familiares o personas que se encarguen de su cuidado, en el acceso a prestaciones de dependencia o en la obtención de desgravaciones fiscales.

Cómo toda materia sujeta a control judicial, existe la presunción de capacidad de toda persona, salvo que se demuestre lo contrario. Es por ello que, para privar, total o parcialmente de capacidad a una persona, deberemos encontrarnos ante una situación de evidente limitación de capacidades, manifestadas en las patologías mencionadas en este artículo.

¿Cómo debe solicitarse la incapacitación judicial de una persona?

La solicitud de declaración judicial de incapacidad deberá realizarse mediante demanda, la cual deberá ser elaborada, y presentada, por profesionales habilitados para ello (abogado y procurador).

Junto con la demanda, y de forma enunciativa, deberán acompañarse, entre otros, los siguientes documentos:

  1. Certificado de nacimiento del presunto incapaz.
  2. Certificado de empadronamiento del presunto incapaz.
  3. Informes médicos e informe pericial.

Si bien existen otras alternativas jurídicas que persiguen la protección del, presunto, incapaz (nombramiento de tutor mediante autotutela, poderes provisorios o, incluso, el testamento vital), la incapacitación judicial es la más empleada como solución a una situación que afecta, y afectará en el futuro, a una gran parte de la población.

Si tienes dudas o quieres más información contacta con nosotros. 

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