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El embargo preventivo es una medida que permite a un acreedor bloquear los bienes de un deudor (incluyendo sumas de dinero) hasta la obtención de una decisión judicial.
El objetivo principal de este procedimiento es garantizar la ejecución de la sentencia.
En principio, cualquier persona, cuya solicitud esté fundada, puede requerir al juez la aplicación de dicha medida sobre los bienes muebles pertenecientes a su deudor.
El solicitante de la medida tiene que justificar la existencia de circunstancias que amenacen el pago de la deuda. El requerimiento debe estar motivado y precisar al mismo tiempo, la suma debida de la deuda y la naturaleza de los bienes a los que se aplicará el embargo (cuentas bancarias, vehículos…).
De aceptarse, el juez emite una orden de ejecución que tiene que ser ejecutada por un agente judicial (huissier).
La autorización del embargo preventivo determina la indisponibilidad de los bienes, así, si el embargo se aplica a una deuda monetaria, la declaración de embargo bloquea el acceso a la suma determinada por el juez.
Al mismo tiempo, el acreedor está obligado a presentar la demanda de fondo que dictamine si la suma es o no debida.
En caso de que la sentencia condene al deudor al pago de la deuda, el acreedor podrá proceder a la venta forzosa de los bienes embargados, o solicitar el acceso a la suma bloqueada, si el embargo fuera sobre una cantidad de dinero.
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