La voracidad y la torpeza del impuesto de las supuestas grandes fortunas

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Este artículo de opinión del socio Leonardo Cárdenas Armesto, fue publicado en Expansión. 

Esta semana pasada hemos conocido la pretensión del vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, de castigar nuevamente a las familias medias españolas a nivel fiscal.

Con la excusa del Covid-19, pretende implantar en España un renovado impuesto sobre el patrimonio, que vendrá a fustigar el ahorro de los contribuyentes.

De la lectura que se ha hecho de sus declaraciones, pretende modificar un impuesto, ya de por si injusto, discriminatorio e ineficaz, según más adelante se dirá.

Recordemos que en 2014 se propuso por la Comisión de expertos del profesor Lagares, en su ya conocido informe sobre la reforma del sistema tributario, la desaparición definitiva del Impuesto sobre el Patrimonio, basándose fundamentalmente en que el impuesto no resultaba adecuado para conseguir una mayor distribución de la riqueza (que es su objetivo): estar distorsionado por el ejercicio de las competencias normativas de las CCAA, que ha generado en la práctica, diferencias de gravamen, que hace que ni haya una mínima equidad para los contribuyentes en España, y ello a su vez, se traduce en una recaudación muy poco relevante.

Cualquier economista documentado entiende que, en periodos de crisis económica, hay que fomentar la inversión y la iniciativa empresarial, y racionalizar el gasto superfluo en méritos del gasto social y evitar subir impuestos.

El vicepresidente, haciendo caso omiso a la historia económica, solamente no propugna todo esto, sino que pretende incrementar además del IRPF, una subida sin parangón del Impuesto sobre el Patrimonio.

Las líneas maestras de su proyecto indican que se declarará exenta de tributación la vivienda habitual hasta 400.000€ (ahora 300.000€), sin que se haya dicho si se mantiene el mínimo exento adicional de 700.000€, o los beneficios de la empresa familiar. Se niega que las CCAA pueda regular bonificaciones en el impuesto, y se establece una tarifa de un mínimo del 2% a partir del 1 millón de patrimonio, y que puede llegar al 3,5%.

Se olvida por nuestro político, que en el actual Impuesto sobre el Patrimonio, existe una limitación a la imposición de este impuesto, cuando se prohíbe que como consecuencia del pago de la cuota por el IRPF y el IP, el ciudadano tenga que destinar mas del 60% de lo que gana cada año, al pago de estos impuestos.

Sin esa limitación, puede ocurrir que, a modo de ejemplo, un contribuyente que es pensionista y que cobra únicamente una pensión de 20.000€ al año, pero que disponga de un patrimonio superior a 1 millón, fruto del ahorro de toda su vida, bien en productos financieros -cuyas rentabilidades son mínimas, comparadas cuando se creó el impuesto ahí por el año 1977-,   y/o inmuebles, -cuyos valores catastrales han sido elevados sensiblemente en muy pocos años-, tenga que descapitalizarse, no para comer, para gastos médicos o viajar, sino para pagar impuestos, por haber ahorrado con tanto esfuerzo.

Nuestro vicepresidente no ha tenido presente que existe una doble imposición económica para el ahorro, ya que éste ya ha tributado en el IRPF, y el patrimonio es la acumulación a través de los años, de la renta no consumida.

Se quiere castigar al ciudadano previsor y prudente, que de su renta destina una parte al ahorro. Lo mismo lo que se pretende es que se opte por gastar todo lo que se gane, y esperar a que el Estado, luego, mantenga a los contribuyentes con ayudas o con subvenciones, que no se sabe quién pagará.

Cuando se habla de la equidad de este impuesto, -es decir, que quién más tenga más pague, (equidad vertical)-, no hay que perder de vista que los grandes patrimonios o verdaderos ricos, no pagan este impuesto, tienen mecanismos para deslocalizar sus patrimonios fuera de España, y no será preciso irse a un paraíso fiscal, porque esta figura impositiva (IP), no existe en nuestro entorno europeo. ¡Portugal está tan cerca!

Por otro lado, esa equidad también debe ser perseguida para que ciudadanos que ganan lo mismo, paguen los mismos impuestos Este objetivo no se consigue si al contribuyente que consigue ahorrar y no gastar todo lo que gana, tiene que pagar el IP a final del año por tenerlo, librándose de ello, el que todo se lo gasta, dentro de su libertad personal.

No es con más impuestos como se reactiva la economía y se crean puestos de trabajos, lo que sí es seguro, es que reformas como las propuestas pueden provocar una fuga de capitales y de inversión, y justo lo contrario resulta de un sistema tributario más justo y que haga más atractivo nuestro país, además de aplicar medidas tendentes a controlar y ser eficientes con el gasto público, y teniendo presente a la gente que menos tiene para ayudarlos. Lo contrario es generar más pobreza en el país y una recesión muy dura y profunda y un endeudamiento brutal, que tendrán que pagar las futuras generaciones.

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