Medidas de lucha contra el fraude fiscal

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AGM Abogados

Si hace un par de semanas publicábamos un artículo en el que avanzábamos las propuestas fiscales contenidas en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, vamos a hablar aquí de las medidas propuestas en otro proyecto de Ley que se encuentra actualmente en su trámite parlamentario. Nos referimos al proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal.

Con esta Ley se pretende combatir los nuevos modos y fórmulas de fraude tributario, asociados a las nuevas tecnologías, persiguiendo los comportamientos inadecuados de las grandes multinacionales y tratando de evitar la planificación fiscal abusiva.

Las medidas propuestas en la nueva Ley Antifraude son las siguientes:

Sobre los pagos en efectivo

Se endurece la limitación a este tipo de pagos, que pasan de los 2.500€ actuales, a los 1.000€, si bien se mantiene el mencionado límite actual de 2.500€ para los pagos realizados por particulares.

Se pretende por lo tanto minorar los comportamientos defraudatorios en sede de los empresarios, ya se trate de personas físicas o jurídicas.

No obstante, sí se disminuye el límite para los pagos realizados por particulares con domicilio fiscal fuera de España, que pasa a ser de 10.000€ en vez de los 15.000€ actuales.

Sobre las Amnistías Fiscales

Se prohíbe por Ley este tipo de mecanismos extraordinarios de regularización fiscal tendentes a minorar la cuantía de la deuda tributaria, en los que los principales beneficiarios son los grandes patrimonios.

Con ello no sólo se pretende evitar el fraude fiscal, sino también agravios comparativos con respecto al resto de ciudadanos que sí han cumplido correctamente con sus obligaciones tributarias.

Sobre el límite para la inclusión en el listado de deudores

Se disminuye de 1.000.000€ a 600.000€ el importe cuya superación implica la inclusión en el listado de deudores de la Hacienda Pública.

Además, se incluyen en el listado, no sólo a los deudores principales, sino también a los responsables solidarios.

Sobre los paraísos fiscales

Los paraísos fiscales adoptan el término utilizado internacionalmente para referirse a ellos, que es el de “jurisdicciones no cooperativas”.

Por otro lado, se actualiza y amplía dicho concepto, incluyéndose en el mismo los territorios que faciliten la existencia de sociedades extraterritoriales para atraer beneficios sin desarrollar una actividad económica real, o aquellos en los que haya opacidad o falta de transparencia, así como los territorios con los que no exista un efectivo intercambio de información sobre el titular real de los bienes o derechos, o donde exista una baja o nula tributación. En este sentido, la novedad es la inclusión de la palabra “baja”, pues hasta ahora sólo se hacía referencia a territorios de nula tributación.

Otra de las medidas en este sentido es la inclusión de territorios con regímenes fiscales que resulten perjudiciales, por ejemplo, aquéllos que dan un trato a favor a los no residentes respecto a los residentes.

Por último, se legitima al Gobierno para actualizar la lista de paraísos fiscales, que deberá ser revisada periódicamente.

Sobre los “software de doble uso”

Se establece la prohibición de este tipo de programas, tanto su producción como su uso, caracterizados porque permiten manipular los datos contables y de gestión.

Este proyecto de Ley exige que los sistemas informáticos o electrónicos que soporten procesos contables o de gestión empresarial, se ajusten a ciertos requisitos que garanticen la integridad, conservación, trazabilidad e inalterabilidad de los registros de operaciones.

En este sentido, se contempla la posibilidad de regular las especificaciones técnicas vía reglamentaria, incluyendo la posibilidad de someter dichos programas a certificación, de forma que se establezca un régimen sancionador específico por la producción o tenencia de estos programas sin encontrarse en posesión de dicha certificación.

Sobre las criptomonedas

Se establece la obligación de informar sobre la tenencia y operativa con monedas virtuales, tanto situadas en España como en el extranjero, siempre y cuando esto último afecte a contribuyentes españoles.

Lo anterior implica la introducción de dicha obligación en el modelo 720 de declaración de bienes y derechos en el exterior.

Por otro lado, se exigirá información sobre saldos y titulares de las monedas en custodia, así como sobre las operaciones de adquisición, transmisión, permuta, transferencia, cobros y pagos, con criptomonedas.

Sobre el valor de referencia de los bienes inmuebles a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD), Impuesto sobre el Patrimonio (IP) y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD)

Se establece como base imponible de estos impuestos, en lo que a bienes inmuebles se refiere, el valor de referencia del catastro.

Cabe aclarar que dicho valor no es el valor catastral, sino que el valor de referencia del catastro se basa en todas las compraventas de inmuebles efectivamente realizadas y formalizadas ante fedatario, y se calcula con unas reglas técnicas, justas y transparentes. El catastro fijará dicho valor de referencia mediante un procedimiento administrativo para su general conocimiento.

Con esto se pretende dotar de seguridad jurídica a los contribuyentes y administraciones tributarias, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo, evitando así la elevada litigiosidad existente actualmente en este sentido.

Pero como hemos dicho, este valor de referencia del catastro no es el valor catastral, por lo que no afectará a aquellos impuestos en los que toman éste como base imponible (Impuesto sobre la Renta, Impuesto sobre Bienes Inmuebles, o Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana).

Sobre las BEPS y el Exit Tax

En transposición de la Directiva europea antielusión fiscal (ATAD), este proyecto de Ley contempla también medidas contra las prácticas de elusión fiscal.

La mencionada Directiva incorpora varias de las materias tratadas en los informes de la OCDE del Plan de acción para evitar la erosión de bases imponibles y el traslado de beneficios.

En base a ello, el proyecto de Ley traslada a la legislación española los aspectos de la Directiva relativos a la Transparencia Fiscal Internacional y a la imposición de salida, conocida como “Exit Tax”.

Con ello se pretende, por un lado, reforzar la tributación en España de rentas que se venían localizando en territorios de baja fiscalidad, evitando así su deslocalización, y por otro, asegurar que las empresas que se trasladen al extranjero, no dejen de tributar en España por bases imponibles correspondientes a este país.

Por último, con el “Exit Tax” se persigue gravar las plusvalías generadas en España por una empresa cuando ésta traslade sus activos o su residencia fiscal fuera de dicho territorio, aunque estas plusvalías no se hayan realizado efectivamente en el momento de dicho traslado.

Sobre el cumplimiento voluntario de las obligaciones

Por último, el proyecto de Ley contiene actuaciones tendentes a minorar el volumen de litigiosidad con los contribuyentes y a fomentar el pago voluntario, mediante diversas modificaciones en el régimen de reducciones aplicables a las sanciones, y el régimen de recargos. Con dichas modificaciones se pretende conseguir una mayor simplificación y favorecer el pago voluntario.

Asimismo, el Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal contiene medidas tendentes a reforzar el control de los operadores del juego, que deberán colaborar en la lucha contra el fraude en dicha actividad. Se habilitan mecanismos para luchar contra la manipulación de las competiciones deportivas y combatir el fraude que puede producirse en las apuestas deportivas.

La finalidad de todas estas medidas se traduce en la esperanza de unos ingresos de 828 millones de euros para las arcas públicas en el año 2021.

Si tienes dudas al respecto o quieres ampliar información, ponte en contacto con nosotros.

Este artículo fue publicado en Ecomist & Jurist, haz clic aquí para leer el artículo.

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