Obligación de tener un letrado asesor

Obligación de tener un letrado asesor

Àlex Plana Paluzie, abogado área M&A. AGM Abogados

 

La Ley 39/1975, de 31 de octubre, trata sobre la obligación de ciertas empresas de nombrar a un letrado asesor. Debido a la inexistencia de sanciones dinerarias directas como consecuencia del incumplimiento de esta Ley, su cumplimiento no ha sido nunca una prioridad.

 

El objetivo de esta Ley era que las empresas de cierto tamaño profesionalicen su gestión con un abogado, denominado en esta Ley como letrado asesor, a fin de mejorar el cumplimiento de las empresas respecto de la normativa. Este letrado tiene como función asesorar en materia legal al órgano de administración de la compañía, ya sea este compuesto por un único administrador o por varios mancomunados, solidarios o un consejo de administración.

 

Para poder ser letrado asesor a los efectos de esta Ley es necesario que esta persona sea abogado colegiado. Cada Colegio mantiene un registro en el que estos asesores pueden inscribirse.

 

Las sociedades mercantiles domiciliadas en España que cumplan uno de los siguientes criterios, tienen obligación de designar un letrado asesor:

 

  • Su capital social sea igual o superior a 300.506€.
  • Su volumen de negocios según estados financieros del último ejercicio sea igual o superior a los 601.012€.
  • Su plantilla supere los 50 trabajadores.

 

Las sociedades domiciliadas en el extranjero con sucursales o establecimientos en España, que cumplan uno de los siguientes criterios, también tienen la obligación de designar a un letrado asesor:

 

  • Su volumen de negocios en España sea igual o superior a 300.506€; o
  • Su plantilla en España supere los 50 trabajadores.

 

Según la Ley 39/1975, las funciones del letrado asesor son: además de las funciones propias de su profesión que puedan asignarle los Estatutos de la Sociedad, asesorar en Derecho sobre la legalidad de los acuerdos y decisiones que se adopten por el órgano que ejerza la administración y, en su caso, de las deliberaciones a las que asista, debiendo quedar, en la documentación social, constancia de su intervención profesional.

 

Si bien, inicialmente se incluyó en dicha ley que la intervención del letrado asesor debe constar en la certificación de los acuerdos inscribibles, esta mención se derogó sin que sea necesario acreditar ni mencionar la intervención de este asesor. Ello, junto a la inexistencia de sanciones pecuniarias por no designar a este cargo, ha hecho que esta obligación no haya sido implementada en la práctica, con pocas excepciones.

 

A pesar del poco éxito de esta norma, las implicaciones de no contar con el letrado asesor son el incremento en el riesgo de imputación de la responsabilidad de los administradores y en la calificación de concurso culpable. Sin embargo, a la vista de que en la jurisprudencia la no designación de letrado asesor no es un motivo que esté teniendo peso para su condena, su utilidad reside más bien como prueba en favor de la absolución de los administradores.

 

Finalmente, cabe destacar que el letrado asesor puede asumir, a sus veces, de consejero o secretario del consejo de administración. O no ser miembro del consejo, pero si letrado asesor, bajo el régimen contractual que las partes estimen, ya fuere laboral o mercantil.

 

 

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