Plazo para reclamar las cantidades entregadas a cuenta en la compraventa de viviendas a la aseguradora

Ana Gratacós Grau, abogada área Derecho Civil. AGM Abogados

 

La Sentencia del Tribunal Supremo 30/2019, de 5 de julio de 2019, pone fin a la controversia sobre el plazo para reclamar contra las aseguradoras las cantidades entregadas a cuenta en la compraventa de viviendas y que hasta ahora no había pronunciamientos jurisprudenciales claros sobre dicha cuestión.

 

Lo que se plantea en el litigio que da lugar a la sentencia del Tribunal Supremo y por tanto debe decidir la sala, es si bajo el régimen de la Ley 57/1968 la acción de los compradores contra la aseguradora está sujeta al plazo de prescripción de 2 años establecido en el artículo 23 de la LCS para el seguro de daños, como resuelve la sentencia de apelación objeto del recurso de casación, o, por el contrario, el plazo aplicable es el general del artículo 1964 del Código Civil, 15 años, en la redacción aplicable al caso por razones temporales.

 

La Sala concluye que, bajo el régimen de la Ley 57/1968, el plazo de prescripción es el general del artículo 1964 del Código Civil.

 

La razón fundamental es que el artículo 1.1 de la Ley 57/1968 prevé como garantías alternativas de la devolución de las cantidades anticipadas tanto el contrato de seguro como el aval solidario, y no tendría ningún sentido que el plazo de prescripción de la acción de los compradores fuese distinto -y considerablemente más corto- en el caso del seguro que en el aval ya que ambas formas de garantía deben ser contratadas imperativamente por el vendedor beneficiario exclusivo de los compradores y el artículo 7 de la propia Ley 57/1968 establece que los derechos de estos tendrán carácter de irrenunciables.

 

Esta sentencia sienta un criterio uniforme sobre el plazo de prescripción contra la entidad aseguradora bajo el régimen de la Ley 57/1968, considera que es el general del artículo 1964 del Código Civil (15 años en el caso enjuiciado y a partir de la reforma del Código Civil, Ley 42/2015, el plazo general de prescripción es de 5 años).

 

La Sala, al estimar el recurso de casación, debe pronunciarse sobre el segundo fundamento del recuso relativo a la existencia de la licencia de primera ocupación. Resuelve el Tribunal Supremo que la obligación del vendedor garantizada por el seguro era la entrega de la vivienda dentro del plazo estipulado (artículo 3 de la Ley 57/1968), no la mera obtención de la licencia de primera ocupación.

 

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