La prohibición de los despidos por la crisis del coronavirus

Antonio Martínez del Hoyo Clemente, abogado of counsel área Laboral. AGM Abogados.

 

Los medios de comunicación, los agentes sociales, los profesionales del ámbito laboral, la ciudadanía en general se han hecho eco de la singular y excepcional regulación que se contiene en el Real Decreto-Ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del Covid-19 y en concreto la prohibición de los despidos por la crisis del coronavirus.

 

Lo que ha quedado en el ambiente ha sido la percepción de que en esta singular y excepcional situación (la pandemia sanitaria en la que nos encontramos por culpa del coronavirus) han quedado prohibidos los despidos en las empresas; lo cual más que incierto podemos decir que es -como otras muchas veces- incompleto.

 

Veamos en primer lugar que es lo que dice la norma señalada en su artículo 2 con referencia a las medidas extraordinarias para la protección del empleo:

 

“La fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo,  Artículo 23. Medidas excepcionales en relación con los procedimientos de suspensión y reducción de jornada por causa económica, técnica, organizativa y de produccino se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido”

 

Recordemos que lo que se regula en los mencionados arts. 22 y 23 son las medidas excepcionales en relación con los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor y por causa económica, técnica, organizativa y de producción derivados de la crisis sanitaria.

 

Es decir, la pandemia que estamos sufriendo puede servir para tramitar expedientes de regulación de suspensión o de reducción de jornada pero no serán causa suficiente para la extinción de los contratos, es decir, la crisis sanitaria que estamos viviendo, no será justificativa de expediente de regulación de empleo de extinción o de contratos de trabajo mediante despidos objetivos.

 

El Gobierno justifica esta regulación en la consideración de que estamos ante un momento de enfriamiento de la actividad productiva, acotado por la situación excepcional por la que atravesamos; se dice que se ha tenido en cuenta que esta situación va a tener una duración limitada y que está sujeta a un periodo de tiempo concreto y es por ello que se establecieron medidas extraordinarias y excepcionales en el convencimiento del restablecimiento de la actividad empresarial en un horizonte temporal y por ello las medidas acordadas tenían la finalidad de posibilitar la salvaguarda del empleo. Esa es la razón de que se hayan reforzado los procedimientos de suspensión y reducción de jornada, agilizándolos y flexibilizándolos, pero al tiempo prohibiendo que sean utilizados para introducir medidas traumáticas (la extinción de los contratos de trabajo) sino exclusivamente medidas temporales, que son las que mejor responden -según el Gobierno- a una situación coyuntural como la actual.

 

El objetivo es que se opte por los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (ERTE) y que se mantengan los empleos, aunque los trabajadores dejen sus puestos temporalmente mientras se mantenga el estado de alarma.

 

En definitiva, el Gobierno según recoge el BOE de 29 de marzo prohíbe mediante el correspondiente Decreto Ley los despidos en los que la empresa alegue que la causa de estos problemas es la crisis derivada del coronavirus.

 

Pero la norma a la que estamos haciendo referencia no prohíbe toda clase de despidos. El Gobierno y el propio Real Decreto (en la Exposición de Motivos) reconocen la vigencia de las diversas causas de despido y extinción de los contratos previstas en la normativa laboral. Todas las causas que hasta ahora contemplaban las leyes y los convenios como justificadores de despidos se mantienen vigentes debiendo valorarse por los Tribunales que reúnen los requisitos legales y que la causa sea suficiente y en función de ello se declararan procedentes, improcedentes o nulos con las consiguientes consecuencias inherentes a tales declaraciones.

 

Algunas otras consideraciones a hacer al respecto de este Real Decreto son que la prohibición de los despidos justificados por el coronavirus no afecta a los trabajadores que vieron extinguido su contrato antes del 28 de marzo (en función de la vigencia de la norma) y, tal como se ha dicho anteriormente, tampoco a aquellos a los que su despido esté basado en las causas contempladas en el Estatuto de los Trabajadores o en los convenios que les sean de aplicación.

 

Por la vía de un ejemplo: si un empresario considerara despedir a trabajadores (por graves crisis económica como consecuencia de la situación generada por la pandemia) no serían -consecuencia de este Real Decreto- considerados como despidos objetivos con una indemnización de veinte días (tope 12 mensualidades) sino que serían considerados como improcedentes con las superiores consecuencias indemnizatorias y laborales correspondientes (dado que se excluye que pudieran considerarse nulos).

 

Una vez clarificado el alcance de la prohibición de los despidos establecida en el Real Decreto 9/2020 de 28 de marzo correspondería hacer una valoración de dicha medida en la que aparte de la técnica legislativa utilizada ( Real Decreto) y la calidad técnica de la norma (la prohibición no especifica si la consecuencia será la improcedencia o la nulidad del despido)  la validez y oportunidad de la norma sólo será posible comprobarla a posteriori y así comprobar si es cierto lo que han señalado las patronales CEOE y Cepyme que creen que las nuevas medidas adoptadas por el Consejo de Ministros llevarán a España «a un mayor nivel de desempleo» o como han manifestado en un comunicado de UGT conjunto con Comisiones Obreras, quienes tras celebrar la medida, reiteraron que «nadie puede aprovecharse de esta situación para despedir».

 

El tiempo y el nivel de empleo post crisis darán cuenta de la efectividad de la medida.

 

 

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