¿Qué cambiará exactamente “en y con” la Golden Visa?

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Mª Eugenia Blasco Rodellar

Desde el anuncio sorpresa del Presidente español Pedro Sánchez el pasado 8 de abril de eliminar la Golden Visa, ha habido muchas especulaciones de cómo y cuándo iba a suceder este cambio.

Con la presentación por parte de uno de los partidos en la coalición de Gobierno el 14 de mayo de la proposición de Ley para la modificación de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, en el Congreso de los Diputados, finalmente disponemos de información más clara sobre cómo podría implementarse este cambio.

Los motivos esgrimidos son la falta de mecanismos para controlar adecuadamente la procedencia de los capitales invertidos y los efectos inflacionistas y de tensión del mercado inmobiliario que ponen en riesgo el acceso a la vivienda de rentas medias y bajas. Aunque no debe quedar al margen el argumento de la desigualdad que supone la facilidad y celeridad del proceso en estos casos de residencia como inversor si se compara con las autorizaciones de residencia y trabajo del régimen general que aplican a los ciudadanos extranjeros que no disponen de esa capacidad económica. Probablemente este último argumento pueda ser, pese a su ámbito subjetivo o de índole más ideológico, el más defendible, ya que en la práctica el control de los bancos españoles, respecto al blanqueo de capitales, para recibir el dinero de los inversores extranjeros es bastante férreo sobre todo comparado con otros países europeos que incluso mantienen programas de inversión o los han tenido.

Por otro lado, en cuanto a la inflación del mercado inmobiliario, según datos facilitados por el Ministerio de Vivienda, desde 2013 (la Ley entró en vigor en el último trimestre del año) se han concedido 14.576 residencias a titulares ligadas a inversión en inmueble. Esto supone una media de en torno a 1.400 inmuebles por año en toda España, aunque si bien es cierto que algunos inversores pueden haber comprado más de un inmueble, también hay que tener presente que no todos los inmuebles son viviendas (también se incluyen solares, locales comerciales, parkings, …). Esta cifra debe ponerse en relación con el número de transacciones inmobiliarias totales en el país que, según datos de Statista, tras alcanzar en 2013 el pico inferior desde 2004, siendo 300.568 transacciones, y sin tener en cuenta el pico descendiente de la pandemia, no ha dejado de aumentar hasta el pasado año 2023, llegando en 2022 a 717.734 transacciones. Esto equivale a una media en los últimos 10 años de poco más de 557.000 transacciones anuales.

Por tanto, unos 15.000 inmuebles vendidos a ciudadanos extranjeros que han obtenido un “Golden Visa”, frente a más de 5 millones y medio de transacciones inmobiliarias. Quizá sea demasiado aventurado culpar a ese 0,27 % de operaciones inmobiliarias, que han supuesto la concesión de una residencia de inversor, de la especulación inmobiliaria si lo planteamos en perspectiva al total del mercado. Deberán ser otras las medidas que implante el Gobierno para luchar contra este problema, sin duda.

De todos modos, parece claro que no hay marcha atrás si atendemos a lo que también ha sucedido en otros países miembros, por ello analizaremos los cambios principales que se aplicarían al visado y a la autorización de residencia como inversor, la Golden Visa; que serían los siguientes:

  • Dentro de los supuestos de inversión significativa que habilitan a solicitar estos permisos, se eliminan:
    • Las inversiones en fondos de inversión, fondos de inversión de carácter cerrado o fondos de capital riesgo constituidos en España, incluidos dentro del ámbito de aplicación de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, o de la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre.
    • La adquisición de bienes inmuebles por un valor igual o superior a los 500.000 €.
    • En el supuesto de proyecto empresarial, ya no se incluirá la opción de obtener el visado el representante designado por el inversor para la gestión del proyecto.
  • En cuanto a las características de las inversiones, la nueva redacción incluye el requisito de que no suponga un perjuicio para el medio ambiente, que sea acorde a los recursos naturales disponibles y no suponga un efecto inflacionista en materia de vivienda en la zona geográfica en que se pretenda realizar. Se prevé que los órganos competentes de las Comunidades Autónomas podrán emitir un informe vinculante para el expediente de concesión del visado.
  • Se elimina la especificación de inversiones realizadas por matrimonio en régimen de gananciales o análogo que no asciende al doble de los umbrales previstos, según el cual se consideraba realizada por uno de los cónyuges.
  • Se mantienen las inversiones realizadas en títulos de deuda pública, en acciones o participaciones sociales de empresas españolas o depósitos bancarios en entidades financieras españolas, pero la inversión deberá haberse realizado en un periodo no superior a 60 días anteriores a la presentación, a diferencia del año anterior que se está pidiendo ahora.

Si bien la autorización de residencia como inversor se mantiene, uno de sus supuestos más conocidos desaparecerá en España siguiendo la tendencia de la gran mayoría de Estados Miembros de la Unión Europea.

Una vez aprobada esta medida, seguiremos atentos para analizar si realmente tiene el impacto deseado en el mercado inmobiliario nacional.

En cualquier caso, aquellos ciudadanos extracomunitarios que deseen obtener una residencia en España, invirtiendo o no, tienen otras alternativas en la normativa de extranjería, tan solo hay que realizar un análisis individualizado de cada situación y necesidades y determinar la mejor opción. Si tienes dudas o necesitas asesoramiento al respecto, ponte en contacto con nosotros.

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