Retener fondos sin previo aviso: la inutilizada herramienta europea que puede transformar el cobro transfronterizo

¿Por qué las empresas tienen problemas para cobrar deudores en otros países de la Unión Europea?

Para las empresas que litigan o reclaman deudas en el espacio europeo, uno de los principales desafíos es ejecutar créditos cuando el deudor reside o tiene cuentas en otro Estado miembro. La falta de homogeneidad entre los sistemas judiciales nacionales, los plazos largos y la diversidad en las medidas cautelares generan incertidumbre y riesgo de impago.

En ese contexto, el Reglamento (UE) 655/2014, que entró en vigor en enero de 2017, ofrece una solución con un potencial estratégico notable: la Orden Europea de Retención de Cuentas (OERC).

¿Qué es la Orden Europea de Retención de Cuentas (OERC)?

La OERC permite al acreedor inmovilizar fondos del deudor en cuentas bancarias situadas en otro país de la Unión Europea. Lo más relevante, desde el punto de vista empresarial, es que la medida puede adoptarse sin notificación previa al deudor, garantizando un verdadero “efecto sorpresa”. A diferencia de muchas medidas cautelares nacionales, la OERC permite bloquear fondos sin que el deudor sea oído previamente ni conozca que se ha solicitado la medida.

Este “efecto sorpresa” —clave en su eficacia— está expresamente previsto en el artículo 11 del Reglamento y evita que el deudor tenga tiempo de retirar, ocultar o transferir el dinero antes de que la orden se ejecute. En el ámbito transfronterizo, donde las transferencias pueden realizarse en cuestión de segundos, la confidencialidad previa se convierte en una garantía sustancial.

¿Cuándo se puede solicitar la OERC?

La OERC solo puede utilizarse en litigios transfronterizos y cuando quien la pide ya dispone de un crédito pecuniario a su favor. Además:

• Puede solicitarse antes, durante o después de un procedimiento judicial e incluso tras haber obtenido una resolución favorable
• Es necesario justificar la urgencia y el riesgo real de impago.
• El acreedor debe demostrar que su pretensión tiene visos razonables de prosperar (apariencia de buen derecho) y que existe un riesgo real de que el cobro se frustre si no se adoptan medidas inmediatas (peligro por la mora).

El órgano judicial valorará elementos como la conducta previa del deudor, su historial financiero, movimientos recientes de sus activos o cualquier otro elemento que fundamente el riesgo. No basta con el impago; debe apreciarse una amenaza objetiva.

Contrapesos y garantías para evitar abusos

Precisamente por la severidad de sus efectos, el Reglamento establece importantes mecanismos de seguridad:

• El juez puede exigir al acreedor una caución —fianza u otra garantía financiera— para c cubrir eventuales daños al deudor si se demuestra posteriormente que la medida fue improcedente. Esta caución es obligatoria cuando no existe aún una resolución ejecutiva, salvo en supuestos excepcionales.
• El deudor puede impugnar la orden una vez ejecutada, solicitar su levantamiento si no concurrían los requisitos exigidos o si las circunstancias han cambiado, y exigir la liberación de las cantidades que excedan lo necesario para cubrir la deuda, los intereses y los costes.

Estas garantías aseguran un equilibrio entre a protección del acreedor y los derechos del deudor.

Una herramienta estratégica para empresas internacionales

Desde una perspectiva empresarial, el valor de esta herramienta reside en su capacidad para cambiar la dinámica del conflicto. Una vez ha sido adoptada, la mera existencia de la medida puede inducir al deudor a negociar o pagar voluntariamente al ver bloqueadas sus cuentas. Para el acreedor, especialmente en sectores como la distribución internacional, la manufactura o los servicios técnicos con clientes dispersos, la OERC puede marcar la diferencia entre un título inejecutable y una recuperación efectiva.

El procedimiento ha sido diseñado para facilitar su acceso: se puede tramitar sin necesidad de abogado (salvo en fase de recurso), mediante formularios normalizados disponibles en todos los idiomas de la UE y sin tasas judiciales superiores a las de una medida nacional equivalente.

¿Por qué se usa tan poco en España?

A pesar de la utilidad de esta herramienta y de que ya lleva nueve años en vigor, en la práctica se utiliza muy poco, al menos en España, hasta el punto de que es difícil encontrar jurisprudencia sobre ella en los tribunales españoles. El motivo de esta falta de uso es, a mi juicio, el escaso conocimiento del Reglamento, tanto entre las empresas como entre los propios abogados.

Ahora bien, su eficacia depende de una buena preparación jurídica y probatoria. El acreedor debe presentar una solicitud bien fundamentada, acompañada de pruebas que justifiquen la urgencia, y conocer con precisión la estructura patrimonial del deudor, o utilizar el mecanismo previsto en el Reglamento para recabar esa información bancaria a través de las autoridades competentes.

Conclusión: una oportunidad para maximizar las opciones de cobro

Para las empresas con actividad internacional, la Orden Europea de Retención de Cuentas puede ser tremendamente útil. Su principal virtud —la posibilidad de ser adoptada sin notificar previamente al deudor— la convierte en un instrumento de primer orden para maximizar las posibilidades de cobro en conflictos transfronterizos. Eso sí, requiere rigor técnico, diligencia probatoria y una planificación jurídica alineada con los objetivos del acreedor.

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