Vuelven los concursos de acreedores. ¿Cobraré mi crédito?

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Julio Rocafull Rodríguez

Recuerdo mi primer proceso de insolvencia, cuando me tocó, antes de la presentar la solicitud de suspensión de pagos de una empresa de construcción, ir a negociar con los acreedores quitas y esperas que la evitaran.

Aquello fue especialmente aleccionador de lo que son este tipo de procesos y las consecuencias para unos y otros. Los acreedores perdían sus créditos, imposibles de cobrar, y el empresario, en muchísimos casos, su empresa, quedando en la más absoluta ruina.

Y allí, en medio de aquella caótica negociación, terminé saliendo escoltado por dos policías que llegaron junto con otros veinte compañeros en tres furgones de antidisturbios, ya que el colectivo de las ferrallas, que intuían lo que pasaría con sus créditos, se presentaron, barra de hierro en mano, a negociar sus créditos, digamos invocando el “derecho natural”.

Han pasado los años y desde entonces se han ido sucediendo las crisis, primero la del ladrillo del 2008 al 2013, y ahora la de la Pandemia del Covid, la guerra de Ucrania, la crisis energética y lo que venga, que parece ser que, a ésta, cada día que pasa se le puede añadir un nuevo nombre, pero invariablemente, en el noventa y mucho por ciento de los casos, el acreedor de un concurso de acreedores se queda sin cobrar.

Ello es algo ya asumido por los acreedores, sin los dramas de antaño, eso sí, sin ni siquiera ya empuñar una barra de hierro para hacer valer sus derechos de cobro, pues a la postre va a dar igual, y si te “enganchan” en un concurso, sabes que “pintan bastos” y a otra cosa… hasta ahora…

Importantes novedades en la nueva Ley Concursal para responsabilizar al órgano de administración de la concursada, a fin de recuperar mi crédito concursal a través de la calificación culpable del concurso de acreedores:

Efectivamente, parece que por fin, de acuerdo con el Proyecto de Reforma Concursal que acaba de entrar en vigor, los acreedores dispondrán de armas para hacer valer sus derechos de cobro, respecto de los créditos que ostenten frente a la concursada deudora, a través de la calificación culpable del concurso.

Hasta ahora, con los Juzgados de lo Mercantil saturados y los Administradores Concursales también, la calificación fortuita de los concursos se sucedía una tras otra como algo dentro de la normalidad, incluso me atrevería a decir, algo fácil de conseguir para un concursalista avezado y con equipo de economistas trabajando a la par con él. Calificación qué emitida así por el Administrador Concursal, era ratificada en el 99,9% de los casos por el Ministerio Fiscal y, por lo tanto, irrecurrible.

Pero el Proyecto de Reforma de la actual Ley Concursal prevé la entrada y participación de los acreedores en la calificación del concurso.

Por ello, de ahora en adelante se complicará la obtención de una calificación de fortuito que posibilite eludir la responsabilidad del órgano de administración del deudor, respecto del pasivo de la compañía concursada. Además, los acreedores podrán intervenir activamente, así como analizar la solicitud de concurso y documentación anexa.

Además, al contrario que antes, los acreedores podrán emitir informe razonado de calificación culpable, de modo y forma que siempre que haya alguien que solicite la calificación de culpable (acreedor/AC), se celebrará vista ante el Juez de lo mercantil. Mediante dicho informe razonado, se podrán extender responsabilidades al órgano de administración de la concursada, respecto del importe del crédito impagado.

Por último, si en cualquiera de los informes se pusiera de manifiesto la posible existencia de un hecho constitutivo de delito, el Juez lo pondrá en conocimiento del fiscal.

En definitiva, podemos destacar como principales novedades del proyecto de reforma, por lo que se refiere a la calificación del concurso:

En primer lugar, se introducen nuevas causas que determinan la calificación de culpabilidad del incumplimiento del convenio. Entre ellas, cabe destacar la salida fraudulenta de bienes o derechos del patrimonio del deudor, los actos que simulen una situación patrimonial ficticia, la falta de reclamación de sus obligaciones exigibles durante la fase de cumplimiento de convenio, el incumplimiento del deber de solicitar la liquidación de la masa activa y la falta de presentación de las cuentas anuales en los 3 ejercicios anteriores al incumplimiento.

En segundo lugar, habrá grandes innovaciones sobre la presentación del informe de calificación. Como ya se ha indicado, la fase de calificación sufre grandes modificaciones, de modo que existe una continuidad de plazos para acelerar su tramitación, con supresión del dictamen del fiscal. En su lugar, los acreedores podrán realizar alegaciones durante el plazo para comunicación de créditos los acreedores podrán remitir correo electrónico al AC para comunicar hechos relevantes para la calificación. De igual forma, los acreedores que representen el 10% del pasivo o titulares de crédito superior a 1 millón de euros según lista provisional, y los acreedores públicos, pueden presentar Informe sobre calificación (con igual estructura que el del AC). Por ello, el Ministerio Fiscal ya no emitirá el informe de calificación: sólo habrá informe si se aprecia la existencia de delitos.

En tercer lugar, habrá una nueva tramitación de la fase de calificación. De este modo, si el informe de calificación de la AC solicita la calificación como culpable, cualquier acreedor o persona que acredite interés legítimo podrá personarse para defender esa calificación. Por el contrario, si el Informe del AC califica de fortuito y ningún acreedor ha presentado informe se archivará, pero si algún acreedor ha presentado informe proponiendo calificación de culpable, se continuará con la tramitación de la calificación. Además, cabe destacar que se permite alcanzar un acuerdo transaccional entre el AC, los acreedores que presenten informe y los afectados sobre el contenido económico de la calificación.

Por último, son de resaltar las novedades introducidas en el procedimiento especial para microempresas. En este procedimiento, sólo se procederá a la apertura de la Pieza de calificación si lo solicitan: acreedores que representen el 10 % del pasivo total, socios personalmente responsables de las deudas sociales o cualquier acreedor, con independencia de su tamaño y naturaleza, cuando se haya producido una ocultación o una falsificación de la información provista durante el procedimiento especial.

Además, si aún no había nombrada Administración Concursal (optativa en este procedimiento especial), en la calificación deberá ser nombrada obligatoriamente. Por último, excepcionalmente, este trámite procesal sí debe realizarse con intervención de asistencia letrada.

En cuanto a las consecuencias de la declaración de culpabilidad del concurso, y por lo que se refiere a la responsabilidad del órgano social, la Sentencia que así la declare deberá determinar las personas afectadas (administradores, liquidadores, directores generales y quienes hubieren ocupado estos cargos en los dos anteriores a la declaración del concurso), así como la cuantía del pasivo de la concursada de la que responderán personalmente, pudiendo condenarlas a indemnizar los daños y perjuicios causados. Además, las personas afectadas por la calificación quedarán inhabilitadas para la administración de bienes ajenos de 2 a 15 años.

En atención a todo ello, ojo, si vamos a presentar un concurso, pues ya no tendremos enfrente a un solo Administrador Concursal desbordado de trabajo y con ganas de sacarse el expediente de encima cuanto antes, sino a una pluralidad de acreedores con muchas ganas de resarcir sus créditos y armas suficientes que les dará la Ley, para cobrarlos. Busquemos un equipo de abogados y economistas que nos asesoren en el mejor enfoque.

Y lo más importante, respecto a los acreedores, utilicemos los mejores equipos a la hora de intentar cobrar nuestros créditos en un concurso, que puedan buscar las cosquillas a la concursada deudora y su órgano de administración. La defensa del concurso con argumentos financieros y económicos es tan importante como la legal, y por experiencia de muchos años sabemos que la mayoría de los clientes vienen a presentar el concurso, cuando la bola de nieve es inmensa, con importantes fisuras en los argumentos y causas económicas que han motivado su solicitud. Ahora se podrán atacar de manera efectiva esas debilidades.

Con el nuevo cambio normativo, las posibilidades de cobrar nuestro crédito en un concurso, o al menos parte de él, vía calificación y responsabilidad de los administradores, serán sin duda mucho más altas, pero solamente el que cuente con equipos que conjuguen ambas disciplinas, legal y económica, podrá hacer saltar las costuras que protegen las responsabilidades del órgano de administración de la concursada, vía calificación culpable.

Si tienes dudas o necesitas ampliar información, puedes ponerte en contacto con nosotros.